En unos días, quince personas –y sólo quince– decidirán quien será rector de la UNAM para el cuatrienio 2007-2011. La Junta de
Gobierno es el órgano encargado por ley de elegir al sucesor de Juan Ramón de la Fuente y en ese órgano están algunos hombres
y mujeres distinguidos por su trabajo académico.
Liquidado el viejo régimen priísta, se acabó la era en que desde la Presidencia de la República se decidía quién iba a portar la
venera rectoral. En efecto, ya el Presidente no decide, pero le será difícil sustraerse a la tentación de influir, pues varios miembros
de la Junta de Gobierno tienen nexos con el gobierno federal, al que prestan o han prestado sus servicios, como es el caso de
José Antonio de la Peña, hasta hace unos días relevante funcionario de Conacyt, a quien se considera el candidato de Felipe
Calderón porque fue uno de los firmantes del manifiesto de intelectuales de derecha (y otros que pasaron por la izquierda), los
que apoyaron el “triunfo” del abanderado panista en las controvertidas elecciones de 2006.
Otros integrantes de la Junta tienen relaciones de parentesco con encumbrados personajes del gobierno federal, prestan
asesorías o pertenecen a cuerpos colegiados estrechamente ligados con Los Pinos. En suma, la opinión presidencial ya no es
determinante, pero sigue siendo influyente. Creer que los quince están en una especie de limbo, al margen de presiones,
ideologías, fobias, simpatías, identidades o intereses es pecar de ingenuos.
Como se sabe, en política la ingenuidad es pecado mortal y la lucha por la Rectoría universitaria es fundamentalmente política.
Por supuesto, la dirección de la máxima casa de estudios tiene fines académicos, pero el cumplimiento de éstos descansa en la
aplicación de una política adecuada. De ahí que una eminencia académica sin habilidad política represente altísimos riesgos para
la UNAM y, al revés, que un político sin respeto por la academia sea todo un peligro para la institución.
En esas condiciones, la sucesión no es una competencia entre ángeles. En una entrevista aparecida ayer (La Jornada, 10/X/07), a
la pregunta de si la contienda es entre grupos o entre proyectos, José Antonio de la Peña contestó con una franqueza que se
agradece, pues dice que el resultado “dependerá de tres factores: los apoyos de los universitarios, donde los grupos juegan un
papel; la historia personal de los candidatos, donde influye el conocimiento que tienen de la institución y la habilidad mostrada
en otras posiciones, y el proyecto de trabajo. El proyecto no va solo, representa a grupos y visiones de la universidad”, grupos y
visiones –también hay que decirlo– no necesariamente universitarios.
Hay la percepción generalizada de que el candidato del actual rector es José Narro Robles. Parece confirmarlo el activismo de
algunas oficinas universitarias, empeñadas en opacar otras candidaturas y exaltar por diversos medios la figura del doctor Narro,
quien curiosamente anunció que no haría declaraciones a la prensa hasta que apareciera la convocatoria de la Junta de Gobierno.
Sin embargo, tal declaración la hizo después de una intensa campaña en la que se le concedieron grandes espacios en algunos
medios donde se suprimió cualquier mención a algunos candidatos o se minimizó a otros.
Paralelamente, notas aparecidas en algunos medios decían que la Junta de Gobierno condenaba a los que no habían esperado la
convocatoria para manifestar su posición. En tales notas no aparecía el nombre de algún integrante de la Junta, lo que permite
suponer que se trataba de declaraciones interesadas en condenar a unos e impulsar a otros.
Contra ciertos candidatos se han empleado recursos de baja ley, como hacerlos seguir por coches de guaruras o colocar a éstos
frente al domicilio particular de los aspirantes con el evidente fin de amedrentarlos. Todavía más sucio es el recurso del libelo,
que en este proceso se ha empleado contra la única mujer que participa en la contienda, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de
Desarrollo Institucional. La miseria del panfleto quizá se explica porque la candidata es esposa de Salvador Martínez della Rocca,
un conocido militante del Partido de la Revolución Democrática.
La baraja de candidatos es muy amplia y resulta saludable que la mayoría haya declarado sus aspiraciones de cara a la comunidad
universitaria y ante la sociedad mexicana. Lamentablemente, tal apertura no empata con el procedimiento a seguir en la elección,
que termina con la decisión que se toma en un conciliábulo, de espaldas a la Universidad, asunto que de llegar a la Rectoría un
personaje democrático tendrá que discutirse.
Lo que está en juego es el futuro de la Universidad Nacional. Su presupuesto de 20 mil millones de pesos puede servir para
impulsar los cambios necesarios, pero también, como ya ha ocurrido, para posponerlos mediante la corrupción, el favoritismo,
las componendas y el olvido de la misión académica de la UNAM y de su irrenunciable compromiso con México.