Empresarios de Chilpancingo y de Acapulco han planteado insistentemente la posibilidad de portar armas para protegerse y defenderse de las amenazas cotidianas que el contexto de violencia y de inseguridad en Guerrero permite. Y no sólo ellos hablan de esta opción; muchos ciudadanos que viven en situaciones de alto riesgo piensan igual. Es una opción desesperada que se visualiza al no haber otras a la vista.
Creer que portar armas o armarse para protegerse a sí mismo es un síntoma que se ha manifestado desde hace varios años en ciudadanos de este país, debido al alto índice de riesgo en que están personas, familias y pueblos. La experiencia de una alta vulnerabilidad es la que incentiva esa necesidad de resguardarse y de defenderse, cosa que es muy legítima. Pero el problema está en que se trata de una solución fácil y problemática a una situación compleja que necesita de una visión social y política.
La tentación de los ciudadanos a recurrir a las armas, muestra a un Estado disfuncional, incapaz de lo mínimo como responder a la necesidad de seguridad de los ciudadanos. Estamos, pues, ante un problema político que requiere una solución política y no una solución individual como la de portar armas para protegerse. En lugar de armas necesitamos las voces, las razones y las decisiones de los ciudadanos en la plaza pública. Se necesita que los ciudadanos seamos eso, ciudadanos en la plaza pública para tomar en nuestras manos no las armas sino las palabras que lleven a transformar a este Estado secuestrado por la corrupción y por una clase política carente de escrúpulos.
Armarse a sí mismo para defenderse es una solución individualista, actitud muy frecuente entre empresarios que anteponen intereses particulares a los de la colectividad. Por ese camino no llegaremos nunca a las soluciones de fondo que requiere el país para salir del laberinto de la violencia y de la inseguridad. Al contrario, se complican más las cosas con armas en manos de diversos actores sociales. Es complicado porque si bien, es legítimo defender la vida aún con las armas, lo que viene después no es fácil manejar. Eso ha pasado con las autodefensas en Guerrero, cuando intervinieron para defender a sus pueblos. Era muy legítima esa acción defensiva con las armas en las manos, pero después se dio un gran descontrol en las organizaciones sociales que tenían las armas en las manos, tales como la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero) (FUSDEG), al grado de que ha habido enfrentamientos entre ellas.
Un caso muy distinto es el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que tiene un sustento legal muy sólido en la Ley 701 y en tratados internacionales en los ámbitos indígenas. Las comunidades locales dan la legitimidad a estas policías comunitarias que están subordinadas a las autoridades legítimas de sus comunidades mediante reglamentos precisos que les permiten la legalidad propia de un Estado de derecho.
Creer en la capacidad de las armas para resolver esta clase de problemas indica una baja autoestima ciudadana. El ciudadano no cree en sí mismo, no cree que si une su voz con otro ciudadano, y con otro, y con otro más, pueden hacerse los cambios necesarios para mejorar las condiciones de vida. Tenemos ciudadanos disminuidos con escasa visión del bien común, del bien público y del bienestar de todos los demás ciudadanos.
Ante este problema que es político y que es institucional, se requieren soluciones políticas e institucionales, que son más complejas. Se requiere la intervención política de los ciudadanos para examinar el deficiente funcionamiento del sistema de seguridad y de las decisiones políticas que sostienen esta simulación del Estado que permite tanta situación de riesgo y la tentación de los ciudadanos de armarse. Las armas propias de los ciudadanos son otras. Son la palabra, la razón, el diálogo, la exigencia, la organización, la movilización y la defensa de sus derechos, todos sus derechos. En lugar de portar armas hay que destituir a quienes teniendo la obligación de brindar seguridad no lo hacen y hay que cambiar las reglas para que funcionen las instituciones que tienen esa responsabilidad.