El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en una sesión plenaria de ese organismo efectuada el 13 de noviembre, pocos días después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que el golpe de Estado en esa nación en realidad se había llevado a cabo el 20 de octubre, cuando se cometió un fraude electoral a manos del propio gobernante. Esa afirmación ha sido desmentida y ridiculizada por muchos, pero sigue sosteniéndose por diversos medios de comunicación, sus comentaristas y, sobre todo, por algunos gobiernos del mundo. No vale mucho la pena discutir su validez jurídica o histórica pues se trata en realidad de una tesis política que, vista con más cuidado, es extremadamente peligrosa para América Latina y el mundo.
La tesis Almagro plantea en realidad dos cosas: que el ejército debe intervenir cuando un gobierno atenta contra la ley, y segundo, que el orden constitucional puede ser suspendido para reparar esas violaciones. Lo primero supone que el ejército debe usarse en lugar de los mecanismos jurídicos previstos por las instituciones correspondientes. En el caso de Bolivia, el propio presidente había aceptado encauzar el conflicto de acuerdo a las normas constitucionales, aceptando llevar a cabo una segunda vuelta. Si esto hubiera sucedido, es probable que la crisis se hubiera resuelto pacíficamente y que la transmisión del poder se hubiera realizado sin mayores sobresaltos. Por otro lado, la justificación de que el orden legal puede dejarse sin efecto por alguna razón, incluyendo un pretendido fraude electoral que en este caso no llegó a materializarse, otorga a quienes lo interrumpieron carta blanca para hacer lo que estimen conveniente sin limitación alguna.
La tesis Almagro parece aplicarse principalmente a los gobiernos de izquierda. En Honduras en 2009, para citar algún ejemplo, se aplicó una política similar. Todos recordamos, desde luego, el golpe a Salvador Allende en 1973 en Chile. Ello se debe a que, en la gran mayoría de los casos, estos levantamientos han contado con el apoyo no sólo del ejército, sino también de la participación activa de las oligarquías locales y el visto bueno o la intervención soterrada de los gobiernos de Estado Unidos.
La participación de las izquierdas latinoamericanas en los procesos electorales y sus triunfos en algunos países, parecían haber creado un clima político más estable en la región y un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Al aceptar las reglas del juego, ganar o perder en las urnas, la alternancia en el poder tendría que darse sin recurrir a la violencia. Incluso en aquellas ocasiones en las que se denunció un fraude electoral, como en México en 1988 y 2006, las protestas se dieron por medios pacíficos y utilizando los medios legales a su alcance.
La tesis Almagro y sus derivaciones parecen un regreso a los tiempos de la guerra fría, cuando el pretexto de los golpes fue la amenaza del comunismo. Ahora se alega el respeto a los principios democráticos. Se trata sin embargo de una idea muy particular, pues se presume que se trata de una democracia no sustentable, una democracia que no puede remediar sus males y sus vicios por sí sola y que tiene que recurrir al ejército para restaurarla y, por lo tanto, a la suspensión del orden establecido en sus constituciones para crear otro estado de cosas que se supone más democrático.
El problema que queremos resaltar no olvida los errores y aún las posibles violaciones a los preceptos legales de algunos, no todos, los gobiernos de izquierda. O las movilizaciones populares que se han desatado contra esos gobiernos. El problema que nos parece importante reflexionar es que ante esos yerros y la inconformidad social, la tesis Almagro proponga una salida que necesariamente implica el uso de las fuerzas armadas, la ruptura de la legalidad y la violencia.
Así las cosas, la tesis Almagro se puede convertir en una línea política muy peligrosa para la región. Es un llamado implícito a los ejércitos para actuar, un cheque en blanco para la ruptura del orden constitucional cuando se considere la existencia de una falla de los gobiernos (puede ser un supuesto fraude electoral pero también, como en el caso de la presidenta Rousseff de Brasil, un sobre ejercicio presupuestal), y una invitación resolver las crisis políticas de la región mediante acciones represivas.
Esta línea ha sido dictada por el conductor de un organismo internacional que debería servir para conciliar y promover el entendimiento entre países y dentro de los países. De esta manera, la OEA, como en los viejos tiempos, se ha convertido en un ente faccioso que no tiene nada que ver con los principios y fines que, declarativamente, le dieron origen.
Pero la tesis Almagro es también peligrosa porque implica una amenaza a los gobiernos de izquierda o progresistas de la región. La opción electoral supuso abandonar la idea de la revolución, la insurrección armada para acceder al poder. Ello significó también sellar un pacto con los actores dominantes en el mercado, con las instituciones políticas y sus personeros, y las condiciones, muchas de ellas desventajosas, de la globalización actual. Un gobierno de izquierda se obliga, por el sólo hecho de triunfar en las urnas, a respetar algunas reglas básicas pero esenciales: el respeto a la propiedad privada, el pluripartidismo y llevar a cabo elecciones periódicas, la separación de poderes, la libertad de expresión y manifestación, etc. Los principios básicos de lo que se ha llamado una democracia liberal.
El problema es que los gobiernos de izquierda llegan al gobierno bajo estos principios y, al mismo tiempo, intentan cambiar las cosas levantando otros postulados que van más allá (aunque no necesariamente se oponen) a la democracia liberal. Por ejemplo, un fortalecimiento de la conducción del Estado en la economía; políticas redistributivas que pueden afectar los intereses de las oligarquías, como una reforma fiscal progresiva, o limitar el negocio privado de la educación, la salud y las pensiones; o tratar de controlar el funcionamiento de los sistemas financieros, casi siempre de carácter especulativo y fraudulento. También, llegan a cuestionar la libertad de los medios de comunicación, los cuales, frecuentemente, caen en conductas negativas como la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia (como dijera el Papa Francisco, https://www.sinembargo.mx/01-04-2019/3559260).
Así las cosas, la tesis Almagro cuestiona la posibilidad de que los gobiernos de izquierda salgan de los márgenes más estrechos de lo que usualmente se consideran los principios básicos de la democracia liberal. Y, si lo hacen, dado que actúan en un marco democrático no-sustentable, entonces la intervención militar y la ruptura del orden constitucional estarán plenamente justificadas.
Esta posición, sin embargo, se riñe con la insatisfacción creciente de los pueblos con la desigualdad y la injusticia, pero también con los cauces rígidos de esa democracia liberal que han llevado a la indiferencia y el abandono social de partidos políticos y gobernantes, como se expresa actualmente en Chile y ha reconocido el propio presidente de ese país.
Esa insatisfacción se está convirtiendo en una plaga universal. Ha permeado en países pobres y ricos, desarrollados y en desarrollo, europeos, americanos y asiáticos. Ya veremos si en Bolivia la resistencia popular logra restablecer la legalidad, o los verdaderos golpistas se afianzan en el poder bajo sus extrañas ideas de lo que entienden por democracia: un extremismo religioso sectario, racista y violento. Lo que parece indudable es que la movilización social tiene que ser canalizada mediante fórmulas políticas que nada tienen que ver con la tesis Almagro. Una democracia con capacidad de transformación y de autorregulación, una democracia sustentable es posible y necesaria. Esa debe ser, por lo menos, nuestra esperanza.

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