El Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo es el organismo creado por el gobierno federal a principios de los setenta para la
administración y venta de la reserva territorial que se creó con motivo de la expropiación de parte importante del ejido de
Zihuatanejo durante el gobierno de Luis Echeverría.
Ése organismo que funcionó como refugio de los políticos en desgracia y también como premio de consolación a funcionarios
venidos del centro, durante muchos años se convirtió en un poder paralelo al gobierno municipal pero con mayores recursos
económicos que le permitieron tomar las decisiones fundamentales para administrar la vida municipal.
Los gobiernos locales siempre se supeditaron a ése poder central porque sus titulares velaban más por sus intereses particulares
que por los de los ciudadanos.
Si hiciéramos un repaso de los nombres de directores del organismo podríamos ver que su situación actual de bonanza tiene su
origen en el manejo patrimonialista de los recursos que administraron y por los que quizá nadie les pueda pedir cuentas.
Eso mismo ocurre con los titulares del Ejecutivo local que gobernaron durante la existencia del fideicomiso y que también
acumularon riqueza a mediante la adquisición de terrenos desde su posición privilegiada.
Aunque no deja de haber personas de Zihuatanejo que en su balance final evalúan positivamente lo que ha pasado en el puerto
con la expropiación del ejido y el desarrollo turístico alcanzado, muchos, quizá la mayoría, ven en el Fibazi al organismo
responsable de los más grandes problemas que se sufren en la actualidad, empezando por la invasión de la zona de reserva
ecológica por miles de familias pobres quienes aparte de la depredación que provocan, se han convertido en la principal fuente
de contaminación de la bahía, sea por la basura que generan y nadie recoge, sea por la deforestación y la erosión del suelo que
con la lluvia va a parar al fondo de la bahía.
El desorden urbano en el crecimiento de la ciudad es tan grave como la especulación que los funcionarios del Fibazi hicieron con
el suelo. Los mejores lotes, los de más alta plusvalía fueron a parar al patrimonio de los ricos de siempre y a los nuevos ligados al
poder político.
Para refrescar la memoria habrá que recordar el primer desalojo de precaristas que vivió Zihuatanejo. Los invasores de entonces
habían tomado los terrenos aledaños a la preparatoria de la UAG. Era gente pobre siempre dispuesta a pagar un lote para su
vivienda, pero ignorada y hasta desdeñada por el organismo creado para atenderla. Eran los años en que el Fibazi, ocupado en
las grandes obras de infraestructura urbana para el primer cuadro de la ciudad, dejó acumular la demanda de suelo urbano para
vivienda de las numerosas familias de trabajadores que construyeron Zihuatanejo. Su pretexto para no cumplir con esa obligación
fundamental y exigencia popular, era que no podía vender ningún terreno sin urbanizar, aunque a la postre ésa haya sido la
tónica a seguir.
Nuestro puerto vivió las mismas medidas represivas que el atrabiliario gobernador Figueroa el viejo, tomó en Acapulco contra las
familias pobres asentadas en el anfiteatro. El desalojo violento fue la medida ideada por el gobierno para rectificar en la falta de
una política hacia los demandantes de suelo urbano.
Esa actitud del gobierno fue la que provocó en Zihuatanejo la primera movilización popular que enfrentó la represión oficial del
desalojo.
Lo inusitado en nuestra ciudad se vivió el 12 de marzo de 1981. Ese día los colonos enardecidos tomaron las oficinas del Fibazi.
Por la presión ése organismo inauguró una conducta ilegal de la que jamás ha salido: inició la venta de terrenos sin urbanizar y
alentó así la codicia de los líderes de partidos que se volvieron lotificadores del suelo que tiene vocación de reserva ecológica.
Desde entonces y al vaivén del calendario electoral las oficinas del Fibazi pasaron de ser la caja del tesoro para los nuevos ricos, a
convertirse en el bunker para la negociación de los votos, hasta que su patrimonio terminó de ser saqueado.
Huelga decir que al paso de los años y luego de hasta dos refrendos del plazo para concluir con el objeto social que le dio vida, la
abundancia original devino pobreza extrema, y de ser lugar apetecible de los políticos empresarios, se convirtió en el organismo
a rescatar.
El último director del PRI que tuvo el Fibazi dejó en rojo sus cuentas para apuntalar con lo que había la campaña de su primer
candidato perdedor en elecciones estatales. Y así como ha pasado con otros organismos paraestatales con el cambio de
gobierno, el Fibazi se recibió sin ninguna exigencia para que quien lo dejó entregara cuentas claras.
Esa conducta que no satisface nada las expectativas que el cambio generó entre los ciudadanos, explica también que los
funcionarios repitan la misma actitud y las prácticas de sus predecesores, y frente a ellos, los habitantes de a pie tampoco han
desarrollado nuevas formas de actuar debido a que los partidos, esos organismos mediadores entre el ciudadano y el gobierno,
acostumbran ver en los conflictos sólo el caudal de votos que les puede favorecer y no la posibilidad de educar para una
convivencia más civilizada.
En estos días lluviosos de septiembre en Zihuatanejo hemos sido testigos de la toma de las oficinas del Fibazi por parte de
colonos que demandan al organismo el pago de la hipoteca del terreno sobre el que construyeron sus casas.
El problema no es un caso menor porque los terrenos se vendieron a sabiendas de que no se podrían escriturar mientras la
hipoteca no fuera liberada. Los colonos del Nuevo Amanecer llevan años de exponer su caso frente a la indolencia de toda clase
de autoridades. Su decisión de movilizarse para bloquear el acceso a las oficinas del personal del Fibazi se ha visto como el
último recurso frente a nada menos que la palabra incumplida del gobernador Torreblanca quien desde su más reciente visita a
Zihuatanejo asumió el compromiso de que en breve plazo entraría al rescate de la hipoteca para tranquilidad de los afectados.
Desde el jueves 6 de septiembre y hasta el propio sábado a mediodía los colonos se mantenían apostados en los accesos al
edificio del Fibazi sin una respuesta satisfactoria.
Este problema social tan antiguo que se ha expresado con el bloqueo a oficinas públicas sólo puede verse como una absoluta
falta de atención y de respeto que las autoridades tienen hacia los ciudadanos que han sido doblemente víctimas, una por parte
del organismo creado para atender sus necesidades de suelo para vivienda, y la otra por el gobierno que debería actuar en su
auxilio para resarcirlos en sus derechos, pues si su decisión de no actuar contra quienes saquearon al Fibazi es justificable para
ellos, no debieran descargar su solapamiento en perjuicio de los colonos que sólo reclaman su derecho elemental.
Lo otro que algunos critican como actitud nefasta de los partidos que públicamente han manifestado su apoyo a los colonos, no
tiene razón de ser si tomamos en cuenta que en el quehacer de los partidos su propia naturaleza les obliga a reaccionar ante los
diferentes hechos sociales obligándolos a fijar una postura. Lo criticable sería que se mantuvieran impávidos frente a la
movilización popular, pues incluso el PRD cuyos dirigentes demandan que sus militantes encaucen la lucha popular, ha guardado
un silencio cómplice ante el problema, lo cual sin duda le generará un costo político que seguramente han calculado que les
conviene pagar.