La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en permanente deuda con la República. Sus ministros perciben más de medio millón de pesos mensuales (cada uno) y con frecuencia su actuación deja mucho que desear, sea por insuficiencia, como ocurrió recientemente con el caso de la mariguana, sea por dependencia del poder que de veras puede, que es el Ejecutivo.
Las almas buenas dirán que en México tenemos tres poderes que se equilibran entre sí y que ninguno pesa más que el otro, pero todos sabemos que eso es mentira, no sólo porque el Ejecutivo maneja los dineros nacionales, que compran todo lo que se vende, sino porque nuestro dispositivo constitucional otorga poderes excesivos al presidente de la República, y aunque ya dejamos atrás los días del presidencialismo absolutista, más le queda al rico cuando empobrece que al pobre cuando bla bla bla…
El hecho es que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elaborar ternas de las cuales el Legislativo escoge a quienes se convertirán en ministros de la Corte, que en esa perspectiva ya no es tan suprema ni tan de justicia, pues el mandatario puede, plenamente autorizado por la Constitución, enviar una terna a modo para meter en la casona de Pino Suárez a uno o más de sus validos, como ocurrió ya con Eduardo Medina Mora, por citar sólo un caso de los varios que existen.
En estos días se discuten las ternas que envió Enrique Peña Nieto para que el Legislativo escoja a quienes han de ocupar las dos vacantes que hay en el llamado Supremo Tribunal, de donde salieron don Juan N. Silva Meza y doña Olga Sánchez Cordero. Para garantizar una ínfima cuota de género, el Ejecutivo envió una terna integrada sólo por varones y otra exclusivamente con mujeres.
No hay, pues, la intención de ampliar la representación femenina entre los once ministros, de los cuales nueve son de sexo masculino. De este modo, con una visión machista, lejos de avanzar hacia la igualdad de género, se pretende mantener una mísera participación de las mujeres, pese a que éstas son más de 51 por ciento de la población total del país.
A la misoginia que implica tan triste proporción, se agrega una ofensa más, y es que una de las damas de la terna respectiva es Verónica Judith Sánchez Valle, a quien como juez de distrito se le abrió un proceso por haber dejado en libertad a Osvaldo Sauceda, quien era reclamado por las autoridades de Estados Unidos. Si la ahora magistrada Sánchez Valle obró de esta manera para no ser cómplice de un acto entreguista, felicidades, pero si en el caso hubo miedo, ineficiencia jurídica o mero cochupo, nunca debió entrar en la terna que ahora se analiza.
Por fortuna, las otras dos integrantes de la terna femenina, las magistradas –federal la primera y local la otra– Norma Lucía Piña Hernández y Sara Patricia Orea Ochoa, cuentan con reconocimiento entre los expertos en derecho, tanto por los años entregados a la carrera judicial como por su indiscutible conocimiento de las materias que les toca juzgar.
En cambio, en la terna masculina se cometió un evidente despropósito, pues se incluyó a Alejandro Gómez Sánchez, quien cobra como procurador de Justicia del estado de México, aunque en realidad no sea muy diligente en esa procuración, como lo demuestra su nefastísima actuación en el caso de los 22 civiles que perecieron a manos de militares en la localidad mexiquense de Tlatlaya, pues a juicio de juristas y criminólogos, Gómez Sánchez trató de cubrir las irregularidades en la investigación, lo que lejos de merecer un premio, por la gravedad de los hechos ameritaría una baja deshonrosa y hasta un juicio.
En la terna de los señores hay otro candidato que en una República menos dada a los favoritismos y compadrazgos estaría descalificado: Javier Láynez Potisek, actualmente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y por lo tanto de Luis Videgaray, que desde luego tiene interés en contar con otro amigo en el máximo tribunal, donde ya colocó a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
No ha faltado quien pretenda descalificar a Álvaro Castro Estrada por su evidente filiación panista, pero esa no es en modo alguno razón para cerrarle el paso, pues salvo excepción, los señores ministros suelen ser muy conservadores, como corresponde a su papel, pues no le toca a la Suprema Corte hacer grandes innovaciones, sino más precisamente evitarlas y mantener sin alteraciones el orden, y de paso sus privilegios.