Santiago Nieto ya tiene acceso a todo el sistema bancario y hacendario federal. Para él no hay secreto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya puede ver los desvíos de recursos, depósitos, movimientos y triangulación entre cuentas asentadas en distintos países; ahora va por el beneficiario final, ese que compra la casa, que adquiere un auto, que inicia una empresa fachada.
Su plan es activar un compromiso que se pactó desde junio de 2011 con los gobernadores del país, y que ha sido imposible de estructurar y operar: crear las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs) en cada una de las entidades federativas.
En el sexenio de Felipe Calderón se logró fundar las primeras 10 unidades estatales, pero una vez que llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia el avance se detuvo.
La creación de las UIPEs no es una tarea sencilla. Desde que llegó Santiago Nieto a la UIF ha presionado para acelerar estas estructuras. Para hacerlas funcionar se necesitan dos elementos principales: 1. Que el Congreso del estado tipifique como delito la operación con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Y 2. Que el gobierno del estado y, en su caso, la fiscalía, signen con la UIF un convenio de colaboración.
Por ejemplo: apenas hace tres días el gobierno de Sinaloa firmó el convenio con la UIF. La Fiscalía General del Estado se encargará de alojar a esta unidad. Tanto el gobernador como el fiscal lucían nerviosos mientras emitían sus discursos de combate al lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado. Para ser sinceros: hablar de investigar las cuentas de los narcos en un estado como Sinaloa no es cosa fácil.
“Lo más importante es la voluntad”, dijo el mandatario Quirino Ordaz Coppel. Y tiene razón. En este caso una voluntad que tardó nueve años y que llegó en la recta final de su administración.
Pero esto es sólo un ejemplo, en la mayoría de las entidades ha sucedido lo mismo. Los estados podrán acceder a información financiera de la UIF, una ausencia que ha complicado las investigaciones por corrupción que hacen las fiscalías locales, y la UIF podrá acceder a los datos de Catastro, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil, la compra, venta y alta de vehículos, el impuesto Predial, el Impuesto Sobre Nómina, entre muchos otros pagos vinculados a los gobiernos municipales y estatales.
Esta es la información que le faltaba a la UIF para completar las redes de beneficiario final y enriquecimiento ilícito en México.
La UIF define a una UIPE como “una Unidad Administrativa con sistemas efectivos y eficaces que permiten la obtención de primera mano de toda la información patrimonial, fiscal y económica existente en diversas instancias locales, con el objetivo de transformarla en información de inteligencia, a fin de prevenir y combatir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), así como debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia”.
En el plan 2020 –que la UIF tiene publicado en su sitio web– se puede leer que, salvo Morelos, todos los estados ya tienen un modelo planeado de operación.
En la mayoría, las UIPEs estarán adscritas a las fiscalías locales, como en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Quintana Roo, por ejemplo; en otras entidades prefirieron ubicarlas en las secretarías de Finanzas o Hacienda, y en otras más en Seguridad Pública. Los recursos para estas unidades se hallan en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, pero muy pocos gobiernos han hecho uso de esta bolsa.
La UIF tiene tres modelos distintos de estructura operativa: uno de 13 personas, otro de 21 y otro más de 42: un titular, direcciones, analistas patrimoniales, económicos y fiscales, jurídicos, de tecnologías de la información, notificadores, entre otros cargos. El número de personas cambia, pero el trabajo y los puestos son prácticamente los mismos.
El zar anticorrupción nacional podrá acceder al enriquecimiento ilícito de los exgobernadores, de los secretarios de Estado, de los diputados ligados al crimen organizado, de los tesoreros y sus desvíos de recursos, de los secretarios de obras y sus moches, de las propiedades múltiples y costosas que no corresponden a sus sueldos, de los coches de lujo a sus nombres y de sus familiares, de las nóminas que usan para lavar activos, de los vínculos familiares y los árboles genealógicos, entre muchos otros datos.
Aún falta tiempo para que se consolide esta súper estructura solicitada por los organismos internacionales que combaten el lavado de dinero, al crimen organizado y al terrorismo internacional, y que había sido congelada en el gobierno de Peña Nieto, pero una vez que arranque, el titular de la UIF podrá detectar redes de corrupción en cuestión de segundos. La única duda es si habrá cooperación real por parte de los gobernadores. Ese puede ser el embudo de la corrupción.