El pasado lunes, la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) solicitó al Senado de la República que legisle para suprimir mil 800 corporaciones policiacas municipales y “crear formalmente y elevar a rango constitucional la policía estatal única en las 32 entidades federativas del país”.
En nombre de los ejecutivos estatales, la petición la hizo Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, dizque porque esa medida permitiría “tener mayor eficacia para enfrentar al crimen organizado y reducir (je, je) los riesgos de posible corrupción”. El mandatario mexiquense pidió a los senadores que “se analice, discuta, enriquezca y en su caso se pueda aprobar la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2014, y las que han presentado otros grupos parlamentarios para crear la policía estatal única”.
El argumento que ofreció don Eruviel es que resulta mejor “fortalecer, robustecer, apoyar a 32 policías estatales, que tratar de recomponer o reconstruir más de mil 800 corporaciones municipales, varias de ellas, la mayoría, con dificultades económicas, de formación, de certificación y desde luego en la aplicación de los exámenes de confianza”.
Sin embargo, lo cierto es que las policías estatales no son mejores. El mismo día que se clamaba por las policías únicas circuló un video grabado en Escuinapa, Sinaloa, en el que varios agentes de la Policía Estatal salieron huyendo cuando un grupo de delincuentes levantaron y asesinaron a un joven. Otra nota periodística aparecida en la misma fecha informa que en 15 por ciento de las desapariciones que investiga la PGR hay militares o policías involucrados. En 25 casos se sospecha la participación delictiva de agentes federales, en 24 de policías municipales y en 36 de agentes estatales, esos que según los gobernadores son un ejemplo de eficiencia y buen comportamiento.
En otra coincidencia de fechas, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que entre 2010 y 2015 vendió 255 mil 712 armas, tanto a corporaciones policiacas gubernamentales, como a empresas privadas y público en general, lo que comprende su empleo por tiradores deportivos y cazadores (que también se creen deportistas), así como su uso para protección parcelaria y domiciliaria, dice la información.
Para la Sedena, la venta de armas en el citado periodo representó un ingreso de 570 millones de pesos. Sólo cuatro mil 761 armas eran de producción nacional y el resto de manufactura extranjera, aunque no se aclara si se trata de armas confiscadas o si ahora la Secretaría de la Defensa Nacional ha cambiado de giro y se dedica a importar y vender esos instrumentos de muerte a los habitantes de México, donde solamente en el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados más de 100 mil compatriotas, gracias, sobre todo, a la facilidad para adquirir armas.
Todos estos datos muestran que para nuestros gobernantes la única manera de combatir al crimen organizado (y al desorganizado) es mediante la violencia del propio Estado, y ahora también de los particulares, que adquirieron la décima parte del total vendido por la Sedena.
No es fácil obtener las cifras de muertos, desaparecidos y desplazados del presente sexenio. Las autoridades dicen que las cifras tienden a disminuir, aunque recientemente se informó que en la Ciudad de México aumentaba el número de homicidios. El hecho es que continúan los asesinatos, las “desapariciones” y los desplazamientos, pues aunque baje la tendencia, el hecho es que se siguen produciendo esos fenómenos. Por si fuera poco, el diputado Luis Felipe Vázquez Guerrero, del PRI, anunció que su partido promoverá un marco jurídico que respalde a las fuerzas armadas cuando ejerzan funciones de policía, quizá porque ahora no existe ese marco.
Ante tan triste y tétrico panorama, es obvio que se desechan o ignoran las respuestas políticas. Los debates públicos sobre la legalización de la mariguana son una respuesta tardía e insuficiente cuando ya en Estados Unidos la mitad de las entidades han legalizado la yerba bajo diversas modalidades. Aquí, hasta obtener un derivado para uso médico requiere de un permiso especial.
La guerra contra el narco nos cuesta mucho dinero. Con la crisis económica en la que ya estamos inmersos, más nos valiera liberar esos recursos e incluso dictar una amnistía a condición de que las fortunas del narco se inviertan productivamente. ¿Es mucho pedir?