El poder económico de los banqueros es tan grande que lograron convocar a los candidatos a la Presidencia de la República en su 81 Convención Nacional Bancaria en Acapulco. Las élites económicas y políticas se dieron cita en una de las ciudades más peligrosas del mundo. En este lugar de contrastes sociales el dinero y la violencia convergen, representando la síntesis de un sistema que excluye a la clase trabajadora y que concentra la riqueza entre los especuladores financieros.
Son ellos los que siguen trazando el rumbo de nuestro país y quienes mandan las señales a los candidatos para que se alineen a las directrices de los grupos financieros transnacionales. La agenda financiera de los banqueros de México fue planteada con todas sus letras por Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México, al referir que “lo que no debe estar en discusión en el próximo gobierno, gane quien gane, es la estabilidad macroeconómica, el respeto a las instituciones y a los derechos de propiedad”, mencionando que sólo así se podrá avanzar. Reiteró que el próximo presidente de la República tendrá que atender su plan estratégico en torno al papel que la banca jugará en los próximos seis años
Por su parte el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya se congració con los banqueros al afirmar que la reforma energética al final de este año significará que se habrán comprometido 200 mil millones de dólares en inversión en México. Esa es una cantidad enorme, difícil de comprender, es el doble de la deuda del sector mexicano, mencionó.
Como un buen apologeta de las reformas estructurales, se atrevió a decir que la reforma educativa “tiene un impacto generacional”, porque para él “es un cambio enorme el que ocho de cada diez alumnos en educación superior, es la primera generación en la historia de sus familias que va a la universidad”. Esta verborrea del secretario lo llevó a afirmar que la reforma laboral “se ha traducido en una creación récord de empleos formales, 3.4 millones de trabajadores. Lo relevante de esto es que los trabajadores están ahorrando para su pensión, tienen acceso a servicios de salud, tienen un seguro en caso de un accidente, pueden mandar a sus hijos a guardarías (sic), etcétera”.
Este es el México imaginario del que hablan los políticos y banqueros en sus grandes convenciones. Para ellos la acumulación de capital en pocas manos es el indicador más exitoso de que México va por la ruta correcta conforme a los parámetros de la doctrina neoliberal.
Para el gobernador Héctor Astudillo, esta visión macroeconómica de los banqueros la interpreta como una gran oportunidad para relanzar sus destinos turísticos; impulsar la industria minera y lanzar las Zonas Económicas Especiales como la nueva estrategia económica que despojará a los campesinos pobres de sus territorios para detonar el desarrollo, pero con violencia.
Los candidatos presidenciales desfilaron por la pasarela para lucir su vestimenta blanca y mostrar sus poses mediáticas. Prevaleció más la diatriba y la descalificación fútil. Hablaron con todos los reflectores en el rostro, pero sin propuestas consistentes sobre cómo enfrentar el flagelo de la pobreza y cómo contener la espiral de la violencia. Todos buscaron congraciarse con los varones del dinero para no descarrilar las alianzas que cada quien ha establecido con los grupos empresariales. Quedó claro que la agenda la pusieron los banqueros y los candidatos aparecieron como simples maniquíes con un perfil gerencial, que son los que requieren las multinacionales. El candidato de la coalición Todos por México donde convergen PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, focalizó su intervención en el tema de la seguridad, enfatizando que hace falta mucho por hacer: “Claramente es un tema que no hemos resuelto bien”.
El candidato de Por México al Frente que integran el PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, no desaprovechó la oportunidad para criticar las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y reiterar la inquietante intervención de la PGR en su contra para allanar el camino a Meade. También dijo que es necesario transitar a una economía del conocimiento, donde la base sea la “mentefactura” y no la manufactura: “Que la gente pueda hacer una economía del conocimiento donde lo fundamental son las ideas de las personas”.
Anaya aprovecho su disertación para criticar la propuesta energética de AMLO, al considerar que su proyecto de construir más refinerías en el país no es pensar a futuro, pues lo que se necesita es apostar por el desarrollo de las energías limpias y renovables.
Minutos después, López Obrador, candidato por Morena-PT-PES que forman la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que en caso de ganar las elecciones modificaría el articulo 108 constitucional para que se pueda juzgar al presidente en funciones por delitos de corrupción. “Vamos sólo a modificar el artículo 108 de la Constitución, vamos a enviar la iniciativa de ley con ese propósito, para que se pueda juzgar al presidente en funciones por delitos de corrupción”. El tres veces aspirante presidencial comentó que en caso de que haya un fraude, él se iría a su finca en Palenque y no amarraría al “tigre”, en referencia a que no contendría las protestas que se presenten.
En medio de esta vorágine electorera y el posicionamiento político de los banqueros en medio de este maremagnum político, en Ginebra, el Estado mexicano será evaluado en las Naciones Unidas, en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Este lunes y martes el Estado mexicano presentará los Informes Periódicos V y VI sobre el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como la información proporcionada por diversas organizaciones de la sociedad civil que hemos preparado Informes Alternativos en esta materia.
El Informe Alternativo presentado por más de 150 organizaciones de derechos humanos y varios colectivos de la sociedad civil, da cuenta de la grave crisis de derechos humanos que vive el país donde impera la impunidad, la corrupción y la falta de voluntad política para garantizar la justiciabilidad de estos derechos. En este marco, se denuncia también la renuencia del Estado mexicano a adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC que permitiría llevar casos de violaciones a los DESCA a nivel internacional ante la falta de acceso a la justicia en México.
El Informe Alternativo documenta y expone las limitaciones, los obstáculos, los retrocesos y los desafíos en México en materia de los derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al agua y al saneamiento, a la seguridad social, al trabajo, a condiciones laborales dignas, a la libertad sindical, a la protección y asistencia a la familia, al medio ambiente sano, a la libre determinación de los pueblos y a la protección del patrimonio biocultural.
El informe enfatiza también las dificultades que enfrentan diversos sectores de la población para el ejercicio de sus DESCA, en especial los pueblos y comunidades indígenas; las mujeres, las niñas, niños y adolescentes; las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; las personas desplazadas internas; las personas adultas mayores; las personas víctimas de trata; las y los trabajadores temporales, los jornaleros agrícolas, y diversos sectores de población afectados por actividades empresariales que impactan negativamente los derechos humanos. También se denuncia la situación particular de riesgo, vulnerabilidad y agresiones que enfrentan las y los defensores de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente quienes protegen la tierra, el agua y el medio ambiente, la mayoría de casos se dan en el marco de actividades empresariales y megaproyectos, con apoyo tácito o explícito de las autoridades.
El Comité DESC preguntará al Estado mexicano sobre estos y otros temas para determinar si las medidas legislativas, presupuestales, judiciales y de política pública adoptadas desde el anterior examen en 2006 han sido las más apropiadas para impulsar el avance de los DESCA en el país. Asimismo, le cuestionará sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones que le dirigió anteriormente. Los Informes Alternativos de la sociedad civil son pieza clave en este proceso ya que revelan al Comité DESC los numerosos temas que conforman la agenda pendiente del Estado mexicano en la materia y llenan los vacíos de información del reporte gubernamental.
La verborrea de los banqueros y candidatos, así como sus planteamientos distan mucho de las demandas y propuestas de la población que ha dejado de confiar en la palabra de quienes ejercen el poder y ha tenido que navegar a contrapelo de las políticas privatizadoras. Lo que quieren imponer desde las cúpulas empresariales y políticas es una amenaza para la sociedad porque conlleva despojo, depredación y violencia. Imperan dos visiones que están en contraposición en nuestro país: la visión empresarial que se empeña en imponer a cualquier costo las reformas estructurales para desmantelar la economía local; y la propuesta de los pueblos y sectores sociales excluidos de fincar un modelo de desarrollo basado en los derechos económicos sociales, culturales y ambientales, para acotar la brecha de la desigualdad y hacer justiciables las demandas más sentidas como el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el empleo entre otros. En México esta agenda se construye desde abajo con mucho esfuerzo, mientras los de arriba se empeñan en socavar estos cimientos y en extraer las riquezas a punta de leyes que le dan carta de naturalización al Ejército para someter por la fuerza a la población que increpa al poder. La lucha local se articula con la lucha internacional para hacer entender a los grupos de poder que el rumbo de nuestro país no puede ser dirigido por quienes sólo ven en el ciudadano un peldaño en las urnas para acceder al poder y vivir de la verborrea.