Estamos ya en los umbrales de los procesos electorales que se darán en todo el país rumbo a las elecciones del año próximo. Los candidatos de los partidos y los independientes tendrán que manifestar sus posiciones ante la situación del país, incluyendo sus visiones y sus propuestas relacionadas con los temas más importantes en nuestro actual contexto. Entre diversos temas que deberán ser abordados, está el asunto obligado de la violencia que ha tenido en este año un repunte doloroso en el país y, desde luego, en Guerrero. ¿Qué podemos esperar de los candidatos y de sus partidos? Podemos iniciar un ejercicio que nos ayude a prever las posiciones en torno al problema de la violencia. De entrada quiero decir que no soy tan optimista al respecto. Recordando los procesos electorales de los últimos años, no podemos esperar mucho. Pero, de todos modos, vale la pena aventurarse en este esfuerzo. Podría darse el caso en que los ciudadanos pudieran inducir la agenda del próximo proceso electoral.
Una primera posición sería la de la continuidad de las visiones y estrategias de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Más de lo mismo: protagonismo de las fuerzas armadas y de las policías con una estrategia de fuerza y represiva contra las cabezas de los cárteles. La intención de la casi segura aprobación de la Ley de Seguridad Interior va en ese sentido. La oferta de esta posición es la de grandes y ruidosas propuestas pero vacías de contenido social y carentes de sustento. Vamos, pues, pura demagogia. Una estrategia desgastada y caracterizada por un gran desprecio a la sociedad civil y sin visos de transformaciones políticas ni económicas. En fin, más de lo mismo, más muertos, más desaparecidos y más desplazados. Los candidatos hablarían del tema, refiriéndose a sus efectos y no a sus causas y harían ofertas francamente de carácter paliativo.
Preveo que una segunda posición podría evadir el problema, ocultándolo lo más posible. Es un tema espinoso e incómodo porque pone en evidencia el fracaso gubernamental y, aún más, la simbiosis entre el sistema político y la delincuencia organizada. Para esta posición, lo mejor es no darle cuerda a esta cuestión por los riesgos que representa para un gran segmento de la clase política, tan acomodada y anodina, que siempre ha buscado sacar ventajas así sea lucrando política y económicamente del sufrimiento del pueblo, incluidas las víctimas de la violencia. Esta posición está retratada muy bien en la práctica de muchos gobiernos que no se complican la vida y manejan un discurso totalmente frívolo y superficial cuando se refieren a la paz y a la necesaria seguridad.
Otra posición más podría ser la de quienes tengan ya una mayor sensibilidad ante el sufrimiento de los pueblos agobiados por la violencia y que reconocen la fallida estrategia gubernamental construida más para simular que para resolver. Reconocen el gran costo social y económico de la violencia, que se ha convertido en un verdadero freno para el desarrollo del país y para la democracia. Es, desde luego, una posición reformista que podría generar búsquedas, sin llegar a cuestionar el sistema político ni el modelo económico. Podríamos escuchar algunas propuestas interesantes de ese segmento minoritario de la clase política que se ha mostrado más crítico y abierto. Una de ellas podría ser la inclusión de la sociedad civil en las propuestas para hacer frente a la violencia, además de tocar algunos de sus factores, tales como la corrupción y la impunidad.
Una última posición podría ser la de quienes denuncien las causas estructurales de la violencia, que ha evadido sistemáticamente hasta ahora la clase política. Las estructuras y las instituciones de toda clase, casi todas han sido quienes han propiciado que la  violencia se manifieste de tan variadas formas. Esta posición reconocería que la violencia es un asunto sistémico y no sólo funcional. Se requiere una transformación social que implique cambios profundos del sistema político y del modelo económico. Sin democracia participativa y sin desarrollo sustentable e incluyente, la violencia persiste en el corazón del sistema. Esta posición, tengo que reconocerlo, corresponde más a un deseo que a una realidad, más a una necesidad que a un hecho. Pero podemos esperar sorpresas.
Lo que urge es que desde la sociedad civil se vaya contribuyendo para definir las agendas electorales. No se trata sólo de esperar a ver qué dicen los candidatos y sus padrinos, que pueden ser los partidos, los poderes fácticos y hasta los cárteles de la droga. Se trata de exigirles que escuchen a la sociedad y de obligarles a que consideren sus puntos de vista y se responsabilicen del sufrimiento que desencadena la violencia. Si para algo puede servir el próximo proceso electoral es para hacer este ejercicio de hacernos escuchar y de obligar a quienes contienden por puestos de elección popular a incorporar a la sociedad en la articulación de soluciones a problemas tan complejos como es la generalizada crisis de violencia.