¿Cuántos años más vamos a esperar para que la paz se estacione en nuestro México? No lo sabemos ni pretendemos saberlo. Lo que sí sabemos es que durará muchos años de espera, si los mexicanos no hacemos lo que nos corresponde. Y cuando hablo de mexicanos, hablo de todos, porque necesitamos ser corresponsables. Es tiempo de que abandonemos la actitud de culpar a los otros, a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las iglesias, a las escuelas y universidad, a la iniciativa privada, entre otros.
Todos, absolutamente todos somos corresponsables de las violencias en el territorio nacional. Unos, más responsables que otros, sobre todos quienes son los encargados de las instituciones políticas y sociales. Y es que ya estamos a 20 años de que la violencia y la inseguridad se estacionaron en las ciudades, en el campo, en los territorios y en las calles. Y la violencia ha ido en aumento, de manera implacable. Y, aún no hemos sabido encontrar un camino para construir la paz.
Hay que comprender que la violencia y la inseguridad en nuestro país, es multifactorial. Hay factores económicos, políticos, culturales y sociales desde hace décadas. Las violencias que tenemos hoy se han arraigado desde hace mucho tiempo y no fueron atendidas desde sus raíces. No hemos podido construir una democracia verdadera y nos hemos acostumbrado a una democracia formal, alejada de una democracia participativa, y por otra parte, el modelo de desarrollo económico que desde hace años se ha promovido en el país, el neoliberalismo, que sigue haciendo tanto daño.
Es que la estrategia gubernamental para disminuir la violencia no ha funcionado desde hace muchos años. El primer responsable de que las violencias continúen es el Estado mexicano, como un conjunto de instituciones, prácticas y funcionarios que administran y gobiernan un territorio delimitado y su población, con base en la ley y el monopolio legítimo de la violencia. El Estado no ha atinado a una estrategia integral de construcción de paz en la que todos los mexicanos tengamos una participación real. Pongo algunos ejemplos.
El Estado no ha diseñado y aplicado políticas públicas para favorecer a las familias, con una vida digna. Hay tantas violencias, que siguen siendo invisibles, en muchas familias donde se forjan delincuentes. Otro asunto más es que no existe un programa nacional para atender las adicciones al alcohol y a las drogas que tenemos en muchas familias. Tampoco existe una política pública orientada a ayudar a los padres de familia para que aprendan a educar, quienes muchas veces no tienen vínculos firmes con las escuelas. La educación se forja en la familia con el apoyo de la escuela.
Otra cosa más, relacionada con la educación, que corresponde al Estado. La escuela y la universidad públicas aún no tienen programas orientados a la construcción de la paz y a la prevención y transformación de conflictos. Tampoco la escuela tiene un programa para la prevención de adicciones. Entre la escuela pública y la familia podrían forjar juntos una cultura de paz, tan necesaria para la transformación de los pensamientos y de los sentimientos de niños, adolescentes y jóvenes. Esto aún no lo vemos.
La colaboración entre gobiernos también es decisiva. Hay protagonismos y antagonismos y no se llega a una buena coordinación, desde el ámbito federal hasta el municipal, pasando por el estatal. Muchos gobiernos municipales son tan frágiles y vulnerables que tienen que pedir permiso a las organizaciones criminales para cumplir con sus responsabilidades. Los municipios necesitan todo el apoyo del Estado para ser fortalecidos, de manera que no cedan a las presiones de los grupos civiles armados. Tampoco eso lo vemos y en grandes territorios hay ingobernabilidad.
Donde está ausente el Estado, las organizaciones criminales se adueñan de los territorios y controlan a la población, a la que movilizan a su favor. Así sucede cuando movilizan a transportistas, comerciantes informales y comunidades campesinas e indígenas. Es más, las organizaciones criminales han llegado a gestionar servicios públicos ante el Estado y, a fuerza de movilizaciones, lo han logrado.
Si ya contamos con la reforma judicial, ante la cual hay expectativas muy ambiguas, también hay que pensar en la reforma de las fiscalías, desde la federal hasta las estatales, incluyendo las estructuras de los ministerios públicos y de las policías ministeriales, en las que abunda la corrupción y dejan mucho que desear en la procuración de justicia. De hecho, hay que entender que la justicia depende de las fiscalías y del Poder Judicial, que con el altísimo índice de impunidad no contribuyen de manera institucional a construir la paz.
Por otra parte, necesitamos forjar una cultura de paz en las familias, en las empresas, en el trabajo, en las escuelas, en las iglesias, en todos los ciudadanos, que nos disponga con actitudes, conocimientos y habilidades para construir la paz en cada metro cuadrado. Con la cultura de paz, podemos avanzar hacia la reconstrucción del tejido social, a hacer vínculos entre gobiernos y ciudadanos, a colaborar con otras organizaciones sociales, a impulsar proyectos locales, a desatar procesos locales que contribuyan de manera solidaria a hacer un camino hacia la paz, a ocuparse de las víctimas de las violencias, a solidarizarse con los colectivos de desaparecidos, y al fortalecimiento de las instituciones democráticas y de las comunidades indígenas.
Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido derrotado por las organizaciones criminales. Es una derrota del modo de hacer política, que admite la connivencia con el mundo criminal. La política como tal, en lugar de ser fortalecida se ha debilitado. La buena política recorre los caminos del diálogo, la conversación pública, la transparencia y el servicio. Eso tendremos que aprender. En muchas comunidades indígenas practican esta buena política a través de asambleas en las que juntos buscan y toman buenas decisiones favorables para todos. Con democracia participativa, desarrollo integral y sostenible y una cultura de paz sólida podemos mirar al fondo del túnel, la esperanza de que la paz se establezca en nuestro país.