La falta de respuestas a demandas básicas por las que diariamente la población sale a las calles y bloquea carreteras, es síntoma de desinterés o incapacidad de las autoridades del estado para dar soluciones precisas a sus planteamientos, que en su mayoría son añejos. No sólo predomina el desdén hacia los sectores empobrecidos sino que hay un trato despótico en las mesas de trabajo donde los representantes del gobierno asumen posturas duras y amenazantes para replegar a la población que protesta.

El caso de los 800 padres y madres de familia del sector educativo numero 11de los municipios de Acatepec, Atlixtac, Zapotitlán Tablas y Tlapa es una muestra del desprecio, discriminación y engaño que han tenido las autoridades educativas y de la Secretaría de gobierno con las padres, madres y comisarios de 58 escuelas de nivel preescolar indígena. Desde el mes de marzo del 2022 plantearon el problema de las escuelas cerradas y también la falta de maestros y maestras en varios centros educativos del nivel preescolar. La respuesta de las autoridades ha sido postergar las reuniones sin que logren el objetivo de cubrir las plazas vacantes que existen en varias escuelas. El argumento de las autoridades educativas fue que no había recursos para cubrir el ciclo escolar que estaba por terminar, la promesa fue que en el presente ciclo escolar iban cubrir las plazas con los egresados de las normales. Con ese acuerdo tuvieron cinco reuniones sin que las autoridades educativas cumplieran con este compromiso. Desde agosto de 2022 hasta el 8 de marzo del 2023 las madres, padres y comisarios seguían a la espera de una respuesta favorable. Ante la desfachatez de los funcionarios que planteaban argumentos poco serios sobre la causa de la falta de maestros y maestras, las madres y padres de familia decidieron plantarse en la carretera Tlapa-Chilapa a la altura del puente de Ahuatepec Ejido.
Del 14 al 16 de marzo instalaron un plantón como último recurso para presionar a las autoridades educativas de que dieran cumplimiento a su compromiso de contratar 34 maestros o maestras que hacen falta en las comunidades indígenas, sin tomar en cuenta la contratación de docentes en educación física, educación artística y educación especial de nivel preescolar. Además otros 17 centros escolares que requieren mejoramiento en su infraestructura, ya sea construcción de aulas, rehabilitación y cercado del perímetro. A pesar de este movimiento legítimo las autoridades educativas continúan negándose para atender a las escuelas indígenas de los sectores escolares de Agua Tornillo, Teocuitlapa, Acatepec, Ayotoxtla y Atlixtac. A las niñas y niños de 56 escuelas me’phaa y dos nahuas, se les viola flagrantemente el derecho a la educación y en términos prácticos ejercen las autoridades una violencia institucional que lleva un sello racista y discriminatorio. Se trata de comunidades donde las autoridades del estado se encuentran ausentes: no hay maestros ni maestras, tampoco enfermeras ni doctoras, los mismos programas federales no les llegan a todas las familias porque salen a trabajar como jornaleros agrícolas y varias familias no alcanzan el beneficio del programa fertilizante.
Este abandono de las instituciones se expresa en las estadísticas oficiales como la del Coneval donde la radiografía de la pobreza está más arraigada en los municipios de la Montaña alta de Guerrero. Es muy grave la forma de actuar de las autoridades estatales con un gobierno que se dice estar comprometido con los pobres. El documento que entregaron a las madres y padres de familia nos muestra la indolencia en que han caído estas autoridades. En lugar de comprometerse a cumplir con el compromiso de contratar el número de maestros que faltan, sólo enuncia la siguiente frase: precisiones en la reunión: argumentan que el caso de maestro de educación especial tienen que hacer un estudio de factibilidad de alumnos que lo requieran. Enfatizan que cuando no se justifique se impartirán asesorías o capacitación a la planta docente existente para que atiendan esta necesidad. Sobre la solicitudes de maestros de educación física, les explicaron que se da prioridad a normalistas egresados sin que exista la posibilidad de que cuenten con maestras o maestros con este perfil. Al final de este documento que sólo contiene una rúbrica sin especificar el funcionario que lo firmó, asientan como acuerdos: dos espacios por licencia y dos licencias por artículo 43 y gravidez con fecha programada para el 21 de marzo. Para el 22 de marzo solamente les programaron una reunión con el IGIFE. El funcionario Ernesto Payan les aclaró que se trata de una tarjeta informativa para deslindarse de cualquier compromiso asumido con las madres y padres de familia.
No solamente es una falta de respeto sino una burla y tomadura de pelo a ciudadanos y ciudadanas indígenas que en su mayoría confían en que el gobierno de la Cuarta Transformación atenderá sus demandas más sentidas. Nunca imaginaron que de estas arduas jornadas de lucha, para las que dejaron sus viviendas y su trabajos en el campo, regresaran con un papel que es la expresión clara de la indolencia de las autoridades educativas y de la forma burda como están tratando a las comunidades indígenas.  Esta violencia institucional está incubando un malestar mayor entre más padres y madres de familia que no están siendo atendidos por la misma demanda que existe en los sectores educativos que se ubican en los municipios más recónditos de la Montaña. El desentendimiento del derecho a la educación es una falla grave del gobierno de Evelyn Salgado que ha permitido que se le dé un trato de vasallos a las madres y padres de estas comunidades indígenas.
Por otra parte nuestro estado sigue ardiendo con la violencia armada que se multiplica cotidianamente en diferentes regiones de nuestra entidad ante una fallida estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la misma Guardia Nacional que a pesar de que cuentan con un centro de inteligencia militar, que supuestamente está diseñado para enfrentar los graves riesgos que representa la delincuencia organizada, han sido incapaces de hacer valer la ley y proteger la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos.
Este viernes 17 de marzo la zona serrana nuevamente fue escenario de violencia en un enfrentamiento que se dio entre grupos del crimen organizado y militares cerca del poblado El Pescado y El Capire municipio de Coyuca de Catalán, donde supuestamente murió uno de los líderes de La Familia Michoacana a quien las autoridades identifican como Orbelín Hernández Peñaloza, El Gordo. En ese mismo enfrentamiento supuestamente murieron dos de sus hijos y otros dos miembros de la Familia Michoacana. De la parte oficial se habla de dos elementos del Ejército que murieron en la refriega. Al filo de las 4 de la tarde cuando un grupo del Ejército recorría la parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, en las inmediaciones de la comunidad de El Pescado perteneciente al ejido Guajes de Ayala, fueron emboscados por un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana.
En un comunicado emitido por la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaban un recorrido para inhibir los delitos en comunidades serranas de las regiones de la Costa Grande y Tierra Caliente, cuando se dio un enfrentamiento. Versiones de habitantes de las comunidades de la Sierra indican que desde la noche del jueves se registraron movimientos de vehículos en la comunidad de El Pescado. Fuentes extraoficiales informaron que Hernández Peñaloza fue uno de los que participaron en la matanza de los siete habitantes de la comunidad de El Durazno de Coyuca de Catalán, que se suscitó el 10 de diciembre del 2022. Antes, un grupo de más de 50 civiles armados de La Familia Michoacana ingresó a San Miguel Totolapan y asesinó a 20 personas, según la versión oficial, entre ellas el alcalde perredista de ese municipio, Conrado Mendoza Almeda.
De acuerdo con los lugareños, la mañana de este viernes un convoy del Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial se trasladaron al lugar para realizar un recorrido y fue cuando ocurrió el enfrentamiento. Los habitantes de la Sierra mencionan que en El Pescado estaba Orbelín Hernández Peñaloza, alias El Gordo, quien es uno de los lugartenientes de los líderes de la FM, los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, alias La Fresa y El Pez.
La violencia serrana no cesa. Este domingo, 12 comisarios de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán y el presidente del Comité de Caminos de la Sierra, Víctor Espino Cortés, denunciaron que el pasado 1º de marzo un padre de familia con tres de sus hijos fueron privados de la libertad por hombres armados en la comunidad de La Finca del municipio de Petatlán, exigieron la presentación de las cuatro personas porque hasta la fecha no se sabe de su paradero.
Para Espino Cortés estos hechos de violencia se recrudecieron a raíz de los cateos que realizaron elementos de seguridad en varias viviendas de la comunidad de la Morena el pasado 3 de marzo. Ese día en un operativo conjunto entre el Ejército, Guardia Nacional y Policía Ministerial aseguraron una casa de lujo que supuestamente pertenece a Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez que ejerce el liderazgo de La Familia Michoacana en esta zona serrana.
El incremento de la violencia protagonizada por grupos de la delincuencia organizada es un indicador funesto de la incapacidad de los cuerpos de seguridad del Estado para contener y replegar a los grupos que se desplazan en amplias franjas del territorio serrano para imponer su ley.
No es un problema reciente sino añejo y creciente, que muestra la debilidad de las instituciones del Estado y permeabilidad por parte del crimen organizado. Para la población civil es una preocupación que se agudiza porque las autoridades han trivializado los asesinatos que acontecen diariamente en nuestro estado.
En lugar de concentrarse en cómo revertir esta espiral de la violencia, vemos más bien que se muestran más interesados en la fiebre preelectoral que están atizando desde el centro del país para cerrar filas los militantes de Morena en torno a su candidato o candidata.
Esta situación es grave porque existe por parte de la gobernadora Evelyn Salgado que ha dejado de lado temas muy sensibles que requieren una atención especial. Le ha dado toda la confianza a su equipo de trabajo sin evaluar los resultados de sus actuaciones.
Ante la falta de respuestas favorables y de una interlocución política apropiada, la población empieza a buscar otros canales para hacer pública su protesta. El termómetro político en Guerrero no se mide por el clima electoral, ni por el nivel de aceptación de candidatos y candidatas que existen en la entidad, sino por las acciones concretas de un gobierno que sabe atender y escuchar a la población que alza la voz y toma las carreteras para ejercer su derecho a la protesta.