La violencia y la inseguridad siguen siendo los problemas a resolver para alcanzar el desarrollo en nuestro país, y su solución de raíz tiene que ver con la eficacia y maduración de los programas sociales que forman parte de la estrategia de la 4T.
Quien no entienda que su solución de raíz es a largo plazo, ignora el origen de dichos problemas y su complejidad, así como lo profundas que son las medidas estratégicas ideadas por el nuevo régimen.
La presencia de tantos grupos criminales en el territorio nacional, con alta capacidad de fuego para enfrentar incluso a una fuerza militar como el Ejército, son una bomba de tiempo que puede terminar con la frágil paz social en la que vivimos. De ahí la importancia que tiene mantener la cabeza fría frente a cualquier chispa que pueda encender la pradera (parafraseando el lema de Iskra, el periódico revolucionario de Lenin en 1900).
En su cuarto informe el gobernador del estado de Guerrero ha señalado al descenso de los hechos criminales, ocurridos en el último año, como uno de sus logros principales porque el estado pasó de ocupar el primer lugar nacional en el 2017, al séptimo en lo que va del presente año.
Pero eso no hubiera sido posible sin aplicar la estrategia de la 4T, como el mecanismo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que están obligadas a participar las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La violencia en Tepochica

Los ejemplos de la fragilidad de la paz son casi cotidianos, y los hechos que la confirman siguen siendo tan frecuentes que el martes anterior al informe, otra vez en Iguala, en el pueblo de Tepochica un hecho violento cobró la vida de 15 personas.
En un caso que involucra al Ejército, el informe oficial habla de un enfrentamiento que se produjo durante un encuentro fortuito entre militares que hacían un recorrido de reconocimiento de la zona, y los miembros de una nueva célula delictiva escindida de Guerreros Unidos vinculados al ataque y desaparición de los normalistas en el 2014, que se llamaría Los Números, con los cuales se enfrentó.
Supuestamente el actor principal de la matanza fue el cabo que estaba a cargo de la ametralladora que iba a la cabeza del convoy del Ejército, sorprendido de frente en una angosta calle del pueblo referido quien habría recibido un disparo de los criminales que le produjo una herida de muerte.
Ya herido el militar pudo repeler la agresión de los criminales accionando la ametralladora contra sus atacantes que se transportaban en varias camionetas, fuertemente armados, con fusiles y metralletas de uso exclusivo del Ejército, granadas y radios de comunicación de los cuales 14 perdieron la vida.
Pero el hecho de Iguala, apenas trascendido a los medios de comunicación y a las instituciones de derechos humanos que se han puesto a investigar lo sucedido, resultó contrastante con lo que el mismo día del informe de Astudillo sucedió en la capital de Sinaloa.
Las redes sociales dieron cuenta de los hechos en tiempo real como una reedición de la época de la guerra de Calderón contra los narcos. Y luego de la natural confusión que provocó entre la población el bloqueo de avenidas con vehículos incendiados, el gobierno federal informó que la situación fue provocada por un operativo mal planeado para ejecutar una orden de aprehensión contra uno de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán, el cual desde su domicilio habría disparado al Ejército para oponerse a la aprehensión y luego, ya detenido, movilizado a sus sicarios para que lo liberaran, lo cual a punto estuvo de desencadenar una catástrofe si no se hubiera optado por la liberación del detenido.

Los puntos del debate

Lo ocurrido en Culiacán de Rosales provocó una reacción inmediata de la sociedad en la que se confrontaron dos puntos de vista.
Los enemigos de la 4T criticaron duramente al gobierno federal acusándolo por su proclividad a negociar con los criminales, subordinando el poder del Estado a las exigencias del Cártel, lo cual, a su modo de ver, es una muestra de debilidad cuando se requiere de una mano dura a la que no le tiemble el pulso para imponer la autoridad y aplicar la ley.
Otros, en cambio, exaltaban la actitud de los criminales quienes estando en ventaja militar y numérica respetaron la vida de los soldados que tenían a su merced, lo que no sucedió en Iguala de acuerdo con las versiones que han trascendido.
La discusión sobre la postura correcta en el último caso y en otros que se han vivido, viene de lejos, porque, sobre todo dentro de la izquierda radical (infantilismo le llama José Mojica) hay quienes sostienen que en el combate a la delincuencia el Estado debe conducirse como el dueño del monopolio de la violencia, como lo sostienen muchos de los intelectuales neoliberales, dejando de lado que el enorme ejército que mantienen los narcos se alimenta de la situación de pobreza y enorme desigualdad generada por el régimen neoliberal y corrupto.
Pero ahora que la sociedad se ha serenado parece que en su reflexión comienza a dominar la idea de que el presidente de la República obró correctamente y comparten ya su razonamiento de que ninguna aprehensión de un delincuente vale lo que una vida humana, que fue lo más prudente velar por la seguridad de las familias culichis antes que detener a Ovidio, porque para detenerlo no faltará una nueva oportunidad, mientras que las vidas humanas puestas en riesgo resultarían imposible de recuperar.
Siguiendo la estrategia de la 4T en el combate a la inseguridad y la violencia, no hay margen de error, porque privilegiando el respeto a los derechos humanos se entiende mejor la actitud de los militares que se dejan agredir en las movilizaciones, antes de ser ellos los que agredan, aún cuando las buenas conciencias se rasguen las vestiduras asegurando que dejarse agredir afecta la dignidad de los soldados.
La estrategia de la 4T deja a los militares y a la Guardia Nacional el papel de fuerza disuasoria y de ayuda eficaz en caso de desastres.
De la confianza que se ganen en su contacto con la población dependerá que se complementen con los demás elementos de la estrategia que conforman los programas sociales encaminados a darle viabilidad a los proyectos de vida de los jóvenes que en el régimen anterior no eran más que parte del mercado para los estupefacientes y carne de cañón para la delincuencia.