Al término de una visita que quizás no debió haber tenido lugar, podemos sacar algunas conclusiones preliminares. Por muchas razones podemos deducir que el gobierno de Peña Nieto quiere finiquitar la negociación del conjunto de temas que están en la mesa con Estados Unidos antes de fin de año, o incluso para octubre o noviembre. Difícil saber si es porque Videgaray se va como candidato del PRI o si es porque prefiere quitar este tema de la agenda de la campaña presidencial en 2018. Pero en todo caso la visita del secretario de Estado norteamericano y del secretario de Seguridad Interior tuvo lugar y el gobierno de Peña la enfrentó como pudo.
La primera reflexión que me surge tiene que ver con el tema de las deportaciones masivas. Dicen que el presidente puso como condición para recibir a los dos visitantes que hubiera algún acuerdo que surgiera de esa reunión, y que el acuerdo fue que no hubiera deportaciones masivas. Tanto Kelly como Tillerson, en distintos momentos, así lo afirmaron. Pero lo importante no es lo que hayan dicho, ni siquiera sus intenciones, sino las consecuencias lógicas y prácticas de los lineamientos de política migratoria que fueron expedidos en la víspera de la llegada de los dos altos funcionarios norteamericanos a México. Si contratan a 15 mil efectivos adicionales; si extienden el perímetro de “expedite removal” o expulsión expedita de 160 kilómetros a partir de la frontera a todo el territorio de Estados Unidos, y el periodo de deportación inmediata de catorce días a dos años; y si amplían la definición de actos criminales y de delitos imputables al hecho mismo de estar en ese país; todo indica que habrá muchísimas más deportaciones que antes. ¿Serán masivas o no? Ya veremos, pero resulta aberrante pensar que hagan todo esto por un lado, y por el otro que no se produzcan las consecuencias evidentes y naturales de decisiones de este tipo.
En segundo lugar, es de celebrarse que el gobierno mexicano finalmente haya aceptado la tesis –de muchas personas– de que México sólo debe recibir a deportados cuya nacionalidad mexicana pueda ser comprobada por EU. No se trata sólo de reaccionar a los lineamientos de hace un par de días en que el gobierno de Trump pretendía enviarnos durante el largo proceso de litigio de demandas de asilo de centroamericanos en EU, sino de un principio general. México no tiene por qué aceptar a ningún deportado cuya nacionalidad mexicana no pueda ser demostrada y con documentos. Qué bueno que finalmente Videgaray, y hasta Osorio, que supongo que entiende poco de estos asuntos, hayan aceptado esta tesis; lástima que no se adelantaron a los acontecimientos y la esgrimieron antes de que EU tratara de imponer la tesis contraria.
En tercer lugar, como dice el New York Times, todo parece indicar que la postura mexicana ante Trump, a diferencia de la japonesa –de defenderse a toda costa– o de la china –de enfrentarse a riesgo de todo–, que combina la queja y la complacencia, no está funcionando. No hay manera de salir adelante con este tipo de postura, aunque por razones internas o de largo plazo personales de Peña Nieto en particular, sea la más atractiva. Mientras México, insisto, no pinte su raya y diga qué es aceptable y qué no; mientras no responda a cada agresión norteamericana con algún tipo de represalia, que no tiene por qué ser majadera como la de EU, sino simplemente simbólica y a la vez eficaz, y mientras no le quede claro a la sociedad mexicana hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno de México, no vamos a salir de este atolladero. Ojalá en los próximos días y semanas el gobierno de Peña pueda empezar a reaccionar antes y no después; a pintar su raya a tiempo y no a destiempo; y a no seguir confiando en la buena voluntad del gobierno de Trump.