El próximo domingo, los guatemaltecos irán a las urnas por segunda vez en el año, para votar en la segunda vuelta presidencial, así como en las elecciones legislativas, municipales y las elecciones al Parlamento Centroamericano, que se celebrarán de manera concurrente. Al día de hoy, las pocas encuestas de opinión publicadas dan cuenta de una ventaja para Alejandro Giammattei, del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos, derecha), frente a Sandra Torres, candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, centro izquierda). Giammattei, un médico de 63 años, busca por cuarta vez la presidencia de Guatemala, y ha ocupado diversos cargos en el sector público, incluyendo el de director del Sistema Penitenciario, durante el cual fue acusado de la ejecución de siete reos en una prisión, hecho por el cual estuvo más de diez meses encarcelado antes de ser liberado por falta de pruebas de su participación en el caso. De tal suerte que el actual líder de las encuestas ha tenido problemas con la justicia, como ha sido el caso de candidatos vencedores en Guatemala en los últimos años.
Paradójicamente, Guatemala fue uno de los países que sirvieron de modelo para los medios de comunicación, como ejemplo de las políticas contra la corrupción y la impunidad en América Latina en los últimos cinco años. En efecto, durante la elección presidencial pasada, en 2015, los escándalos de corrupción implicando al entonces presidente Otto Pérez Molina, así como a su vicepresidenta Roxana Baldetti, se tradujeron en una movilización masiva de la ciudadanía guatemalteca, que salió a la calle para defender el trabajo del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en contra del jefe del ejecutivo. Esta comisión, creada a finales de 2006 a raíz de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) jugó un papel fundamental durante las investigaciones contra Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, así como el predecesor de Pérez Molina en la presidencia de la República, Álvaro Colom. Gracias a su autonomía política, técnica y financiera, la CICIG pudo llevar a cabo estas pesquisas, en conjunto con el Ministerio Público guatemalteco, sin que el Estado pudiese intervenir políticamente en su contra. De tal manera que cuando los escándalos llegaron a la luz pública, el entonces presidente Pérez Molina fue incapaz de contener el descontento popular.
Fue en este contexto que llegó al poder el actual presidente, Jimmy Morales. Este último, que se ufanaba de no ser político (era un payaso), aprovechó ese descontento hacia los políticos y la política para llegar al poder. Sin embargo, poco tiempo después de su investidura, la CICIG y el Ministerio Público comenzaron a realizar pesquisas sobre el financiamiento de la campaña presidencial del presidente Jimmy Morales. Este último, contrariamente a sus predecesores, tomó la iniciativa e intentó desacreditar el trabajo de la CICIG. Inclusive, pidió la cabeza de su titular al secretario general de la ONU, Antônio Guterres, que no accedió a esta demanda. Sin embargo, el hostigamiento contra la CICIG no cesó, hasta que el gobierno guatemalteco procedió a la expulsión del director de este organismo y puso fin al convenio con la ONU de manera unilateral, a principios de 2019, suscitando la reprobación internacional. De tal suerte que el escenario electoral de 2019 se parece en buena medida a lo que sucedió en 2015: un presidente desacreditado, involucrado en un escándalo de financiamiento ilegal de su campaña presidencial, frente a una sociedad harta de los políticos y de la política.
En este contexto, los candidatos finalistas que se disputarán la presidencia de la República este domingo forman parte de la clase política que gobierna este país desde hace décadas. Al término de una campaña en la cual las propuestas han escaseado, el panorama de Guatemala y de Centroamérica luce poco alentador. Esperemos que el o la vencedora en las urnas se ocupe de las problemáticas del país, como el combate a la pobreza y la desigualdad, la mejora de la calidad de los servicios públicos, y la lucha contra la corrupción.

Twitter: @Gaspard_Estrada

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.