Es perfectamente posible que la última ocurrencia de López Obrador, a saber, poner las aduanas del país en manos del Ejército (y de la Marina, parece ser), termine en lo mismo de siempre. Se trató acaso de una idea improvisada, irreflexiva, inviable y a la vez de un globo de ensayo: chicle y pega. Pero también es posible que a diferencia de otras ideas extrañas, esta corresponda a una pulsión más profunda, más arraigada en la mente presidencial
En sí, colocar las aduanas en manos de las fuerzas armadas no es algo descabellado. Si recuerdo bien, Calderón intervino los puertos o APIs de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y distintos gobiernos, a lo largo de décadas, han buscado las soluciones más estrafalarias para combatir la corrupción secular en las aduanas de México. Algunos recordarán como en 1974 Echeverría comisionó a un contingente de asilados chilenos al aeropuerto de la Ciudad de México, para ver si por lo menos así disminuía la venalidad extrema. Y todo el mundo sabe que una de las chambas mas jugosas que se podían obtener en un nuevo gobierno consistía en ser nombrado vista aduanal en Nuevo Laredo o Pantaco.
Pero lo de López Obrador va más allá. Por dos razones. La inicial, y la más importante, es que no es la primera vez que recurre al ejército para solucionar un problema. Más bien, es la enésima vez: sucursales bancarias, el nuevo aeropuerto, parte del Tren Maya, repartir libros de texto y medicinas, transportar productos petrolíferos con pipas, ocupar refinerías, levantar el sargazo en las playas, perseguir migrantes centroamericanos y seguramente varias tareas adicionales que se me escapan. Es decir, no nos hallamos ante una medida excepcional, ni efímera. Se trata ya de una política constante, duradera y generalizada.
En segundo lugar, las aduanas de México, si nos referimos a las portuarias, terrestres y aéreas, ya no son las del siglo XIX. La economía mexicana es una de las más abiertas del mundo, y el volumen del comercio internacional, del turismo, y de las transacciones ilícitas (drogas, armas, precursores, trata de personas, etc.) es no solo gigantesco. Reviste también una enorme complejidad. Conviene recordar que el cruce fronterizo de Nuevo Laredo-Laredo es el de mayor tráfico comercial del mundo. La magnitud de la tarea que le está encomendando a las fuerzas armadas es casi inimaginable.
Se me ocurren tres objeciones pertinentes. En primer término, la militarización del Estado y de las políticas públicas es una mala idea, y la hemos visto en otras partes. En Cuba, por lo menos a partir de mediados de los años ochenta, el MINFAR, bajo el mando de Raúl Castro, comenzó a ocuparse de todo, una vez que resultó evidente que lo demás no funcionaba. Con empresas como Gaviota, y la militarización del MININT después del fusilamiento o la muerte “accidental” de Ochoa, De la Guardia, y Abrantes, el ejército sustituyó a todo. Distribuye comida, combate el narcotráfico, vigila a disidentes, etc.
En Venezuela, desde los primeros años de Chávez, y sobre todo a partir del fracaso de la huelga de PDVSA en 2002-2003, sucede lo mismo. Bajo el mando de Chávez y del ex Ministro del Interior cubano Ramiro Valdés, las fuerzas armadas pasan a responsabilizarse de todo: desde la extracción de petróleo hasta la construcción de vivienda, pasando por la distribución de alimentos y el control de precios.
Las razones de AMLO son diferentes y análogas. Él no es militar, como Chávez, y el ejército mexicano no ha adquirido la estatura social que tuvieron las FAR en Cuba después de Angola, Cuito Canavale y el Ogadén. Pero sí hay una cierta aprobación social de las fuerzas armadas en México, y López Obrador obviamente les tiene un respeto reverencial.
La segunda objeción, obvia, es que la cobija no alcanza. Según varias fuentes, solo ha habido 8 mil reclutas nuevos en la Guardia Nacional; todos los demás efectivos –88 mil, según el gobierno– provienen de la PF, de la Marina o del ejército. Por lo tanto, las fuerzas armadas se ven obligadas a hacer mucho más, con la misma fuerza viva. Suerte, sobre todo tratándose de una tarea de esta complejidad.
Por último, si nos atenemos a la historia de los últimos cinco o seis sexenios por lo menos, no existe razón alguna para suponer que el grado de corrupción en las fuerzas armadas sea menor que en el resto del Estado mexicano. Puede ser tanta como sostiene López Obrador, o mucho menos. Pero no se entiende porqué sería inferior, y al contrario, debido a la opacidad y la segregación, es posible que sea mayor. Las aduanas en manos de Gutiérrez Rebollo, de Arévalo Gardoqui o de Trawitz no es necesariamente una gran idea.