Guerrero es uno de los estados de México más vulnerables ante lo que ocurra en Estados Unidos.
Es el más pobre del país, y su pobreza se ha acentuado en las últimas tres décadas en las que se ha impuesto en el mundo el llamado Consenso de Washington, la política económica que privilegia la libre acción del mercado y hace desaparecer la intervención del Estado en la economía, reduce al mínimo sus facultades regulatorias, elimina apoyos históricos al campo, mantiene salarios bajos y presupuestos restringidos.
Producto de este empobrecimiento, en el mismo periodo se elevó exponencialmente el número de guerrerenses que ha emigrado hacia Estados Unidos, país donde ahora vive alrededor de un millón de paisanos, casi un tercio del total de nuestra población.
Somos el segundo estado del país que más depende de las remesas que envían quienes trabajan en Estados Unidos, cuyo monto representó en 2015 el 6.8 por ciento del PIB estatal. Y según las más recientes cifras, las remesas enviadas a Guerrero entre enero y septiembre de este año, alcanzaron los 20 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto que maneja el gobierno del estado.
Adicionalmente, Guerrero ha sido históricamente un proveedor de mariguana y amapola hacia los consumidores estadunidenses. La insaciabilidad de este mercado explica en buena parte la actuación, cada vez más violenta y cada vez más extendida en el estado, de los diversos grupos del crimen organizado que se disputan, con armas de alto poder adquiridas en el país vecino, el control de los territorios de cultivo y de paso de esas drogas.
Por eso la sorpresiva victoria del magnate Donald Trump en las elecciones de este martes obliga a lanzar una alerta temprana sobre sus probables y negativas consecuencias en nuestro estado.
Aquí no había ningún Plan B, pues el gobierno y las elites locales daban por descontado el triunfo de la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. El nuevo escenario obliga a movimientos rápidos para prepararse ante los acontecimientos que de-satará la presidencia de un candidato que hizo abierta campaña en favor de la supremacía de Estados Unidos y en contra del mundo multipolar actual; a favor de mayores privilegios para los más ricos y del desmantelamiento de los programas sociales del gobierno de Barack Obama, en particular el nuevo sistema de salud. Es decir, que mantendrá una política contraria al desarrollo social y favorable solamente a los grupos dominantes de siempre.
Por si fuera poco, Trump fue un candidato abiertamente antimexicano que anunció que construirá un muro en la frontera para impedir el paso de los migrantes a quienes –generalizando– calificó de narcotraficantes, criminales y violadores; que prometió que el gobierno de México pagaría la construcción de ese muro; que amenazó con deportar a los indocumentados y con poner aranceles a las remesas.
Dicen que una cosa son las ofertas de los candidatos en campaña y otra lo que hacen ya en el cargo. Pero en el discurso de anuncio de su victoria en los primeros minutos de ayer, Trump dijo que más que encabezar una campaña electoral para alcanzar la presidencia del país más poderoso del mundo, encabezó un movimiento para hacer de nuevo a América grande; es decir, para imponerse al resto del mundo reforzando así el carácter imperialista del Estado y la sociedad estadunidenses. Y sí, puso en marcha un movimiento de ciudadanos que representan lo peor de Estados Unidos como la intolerancia hacia el que piensa distinto, y el racismo, el odio hacia los no blancos y hacia los trabajadores migrantes.
Y a esta base electoral le tiene que responder Trump, aunque sea de manera gradual y no del modo radical que ésta esperaría. Y cualquier cumplimiento de sus promesas de campaña, en el nivel que sea, traerá consecuencias desastrosas para el país, y para Guerrero en particular.
La situación, como se ve, obliga a una actuación eficaz y digna del gobierno mexicano, y en nuestro caso concreto, del gobierno y del Congreso guerrerense, de los legisladores federales, de los partidos.
En primer lugar, para defender los derechos de los cientos de miles de guerrerenses que viven en Estados Unidos, y que se han separado de sus familias aquí y dejado su tierra no por gusto, sino obligados por la falta de oportunidades que ha traído la política económica vigente. Y en los últimos diez años, además, expulsados por la violencia del crimen organizado, de modo que otra medida de defensa de los guerrerenses en este caso es concretar ya una política de combate eficaz a este flagelo.
Contradictoriamente a los resultados generales de la elección en Estados Unidos, en varios estados se aprobó el uso recreativo o medicinal de la mariguana. Esta decisión de los electores debe aprovecharse para seguir empujando por la legalización del cultivo de la amapola, y además debiera empujarse desde Guerrero al gobierno federal y al Congreso de la Unión para que se adopten posturas enérgicas en contra del tráfico de armas estadunidenses hacia territorio mexicano.
Los guerrerenses hemos pagado un precio muy alto como víctimas de la violencia del crimen organizado. Tenemos por ello autoridad moral para presionar al Estado mexicano y que éste a su vez hable fuerte ante el presidente y el Congreso de Estados Unidos, recordándoles su responsabilidad en el crecimiento del consumo de drogas en su país y en el gran tráfico de armas suyas hacia el nuestro.
En todo caso, se trata de prender ya todas las alarmas y de actuar en consecuencia.