El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Mañanera del viernes 3 de febrero de convertir los bienes costeros que administra el Fonatur en Áreas Naturales Protegidas, seguramente causó alegría a los ambientalistas y habitantes de las zonas turísticas quienes conocen el mal trato y la expulsión a que son sometidos en favor de los concesionarios privados quienes tratan con prepotencia a los pobres con el argumento de que no tienen cabida en el ambiente pulcro creado para el placer de los turistas.
El litoral de Zihuatanejo, La Unión y Petatlán es ejemplo de esa situación que urge corregir porque la política oficial está volcada al interés de los inversionistas privados.
La venta de terrenos en la playa se ha convertido en negocio de empresas inmobiliarias nacionales y extranjeras que trabajan sin la presencia y supervisión de las autoridades correspondientes para que se cumpla con lo establecido en la ley, principalmente en las playas de Troncones y la Majahua en La Unión.
En Ixtapa la exclusividad de playas como cotos privados son playas Cuatas del Grupo Televisa, y playa Hermosa, frente al hotel Las Brisas. Solo por mencionar las más conocidas.
En playa Quieta que tiene el anuncio de “inclusiva” el acoso de los vigilantes del hotel Club Med es constante contra la gente local que busca la quietud de las olas y la sombra de los mangles.
Los accesos públicos son estrechos y escasos. Poco se respeta el medio kilómetro que debe haber entre uno y otro. Eso es bastante notorio en playa Larga y playa Blanca, por no hablar de todo el territorio costero de los municipios de Zihuatanejo y Petatlán.
Pero el caso más patético que reclama protección es la propia bahía de Zihuatanejo que ha vivido el asedio permanente de inversionistas privados que violan el derecho de los lugareños y afectan la flora y fauna del lugar.
Los mexicanos van perdiendo el derecho de disfrutar como propios sus recursos naturales mientras los que hacen negocio con ellos disponen abusivamente de esos bienes sin pensar en lo que sucederá mañana.
Cuando a principios del siglo actual se produjo la movilización más amplia que se recuerde en la historia local para defender la bahía, el movimiento ambientalistas de entonces planteo la necesidad de declararla como Área Natural Protegida, pensando que el aprovechamiento ordenado con las actividades productivas y recreativas sujetas a un programa establecido. Eso sería la solución a largo plazo, pero como el momento reclamaba dedicar toda la energía en limpiar de contaminación el agua de la bahía combatiendo a los concesionarios que la envenenaban con su pretensión de monopolizar el turismo de cruceros, el tema de la ANP se pospuso.
La reserva para ese propósito era que muchos de los que viven de la pesca y de los servicios turísticos pensaron que dicha declaratoria podría afectarlos limitando sus actividades, pero esa iniciativa quedó como una inquietud para tiempos mejores que creo han llegado ya con el planteamiento que le hemos escuchado al presidente como manera de proteger lo que queda de recursos naturales, porque la ley general de protección al ambiente no se refiere solamente a las áreas que se mantienen con la flora y fauna intocados, sino también a las que habiendo sido afectadas requieren de cuidado y protección para que la naturaleza haga lo propio sin que se prohíban actividades que aprovechan los servicios ambientales que generan.
La desatención o corrupción de las autoridades ambientales que funcionan donde se maneja capital ha dado pie a una serie de situaciones cuyos resultados han sido mayúsculos en la afectación de los recursos que son de propiedad común.
Hace 23 años la Semarnat justificó la construcción de un enrocamiento de más de 70 metros de largo y cinco de alto en el poniente de la bahía que provocó un desastre ambiental por desviar las corrientes marinas para facilitar la construcción de un muelle de cruceros.
La oposición contra dicha obra a lo largo de ocho años fue lo único que impidió el ecocidio porque la propia contaminación del agua fue resultado de la desidia y complicidad de las autoridades ambientales que dejaron hacer a los inversionistas que se comportaron como modernos encomenderos dueños del territorio y de todo lo que había en él.
La PGR que recibió la denuncia de ciudadanos en septiembre del 2007 y le correspondía actuar contra los delincuentes ambientales nunca lo hizo y se la pasó pretextando situaciones burocráticas como que carecía de medios y de personal para atender las denuncias.
Las autoridades ambientales solo actuaron para cubrirse unas a otras, para eso sí no tuvieron pretexto y lo hicieron coordinadamente. Nunca castigaron a ningún funcionario culpable de omisión o complicidad y menos a los inversionistas que actuaron violando la ley.
El caso tuvo que trascender hasta el Tribunal Latinoamercano del Agua para que hubiera resultados, pero todos a nivel de recomendación.
Las autoridades ambientales no son mejores ahora y la situación de la bahía tampoco parece haber cambiado para bien, pues su entorno se sigue modificando como sucedió recientemente con la playa Contramar que se ubica entre los cerros del Almacén y el Montecristo. Esa pequeña playa formada entre acantilados de una rareza excepcional, de riscos que contrastan con lisas piedras multicolores del tamaño de un pie, tenía acceso público caminando por la ladera y era uno de los paseos más recordados como días de campo por las familias, pero ahora solo es posible visitarla por mar porque la zona está privatizada. Construyeron una residencia que comprende un andador y barda perimetral empedrados más allá de la distancia que debe respetarse en relación con la última ola utilizando material saqueado a la playa.
En el año 2008 estuvo de visita en Zihuatanejo Andrés Manuel en esa nueva gira que realizó por el país cuando Felipe Calderón con apoyo del PRI se robó la presidencia.
En aquella ocasión quien ahora es presidente se refirió al tema de la bahía y al muelle de cruceros que alentaba el gobierno panista para favorecer a los inversionistas voraces y violadores de la ley a través del ex priísta Luis Tellez Kuenzler titular de la SCT.
AMLO recomendó al entonces presidente municipal perredista consultar al pueblo y que fuera el voto el que resolviera la situación, pero no hubo necesidad de votar porque la mayoría de la población se pronunció a favor de la bahía marchando y firmando contra el proyectado muelle en la bahía.
Por eso ahora que AMLO anunció la estrategia de blindar los recursos naturales contra la voracidad y corrupción, conviene promover que la bahía de Zihuatanejo se declare Área Natural Protegida. Así los lugareños podremos seguir disfrutando sus bellezas naturales sin menoscabo de nuestros derechos como mexicanos frente al afán privatizador. ¿No les parece?