Revelándose como un hueso duro de roer Irán ha obligado a Donald Trump a retirarse de esa región anunciando que su ejército se aleja de aquel país del Medio Oriente porque la guerra “concluyó”. Sin embargo, los analistas dicen que esa decisión la tomó urgido porque el mismo día del anuncio terminaba el plazo para iniciar la discusión en el Congreso de su país sobre la justificación del despliegue militar contra la nación islámica.
Esa decisión vuelve a traer tensión y nerviosismo en nuestro continente porque nadie sabía con qué nueva tropelía podría salir para intentar ganarse el apoyo electoral que ha perdido de sus compatriotas con miras a las elecciones de noviembre. Y lo sucedido en esta misma semana que termina vuelve a ponernos los nervios de punta porque inmediatamente después de dejar el estrecho de Ormuz continuó con sus amenazas contra el gobierno de Cuba al tiempo que tomaba nuevas medidas para reforzar el bloqueo económico, ahora contra las personas que realizan actividades financieras para ayudar con divisas a la isla.
En su última referencia a Cuba el viernes pasado en West Palm Beach, Florida dijo: “Tomaremos a Cuba casi inmediatamente” después de terminar la guerra con Irán; quizá al regreso, uno de los portaaviones, el Abraham Lincoln se estacione a unos 100 metros de la costa donde en el momento del desembarco sus autoridades se presentarán rendidas. En esos términos, más o menos declaró lo que vendrá. Mientras, en Cuba, la masiva manifestación en La Habana celebrando el Día Internacional del Trabajo fue también la respuesta del gobierno isleño cuya actitud ha encontrado amplia solidaridad en todos los países de la región a tono con la declaración del canciller Bruno Rodríguez de que los cubanos no se dejarán amedrentar.
En ese mismo tenor se inscribe el nuevo episodio de desencuentro entre México y Estados Unidos al quedar evidenciada la participación de agentes de la CIA en territorio chihuahuense fuera del convenio de colaboración sobre seguridad entre los dos países.
Como se sabe, la noticia se produjo el 19 de abril a raíz de un accidente automovilístico en un camino de terracería que cobró la vida de los cuatro pasajeros entre los cuales, además del jefe de la Unidad de Inteligencia e Información del estado de Chihuahua y uno de sus colaboradores, murieron dos agentes de la CIA que habían participado junto con el Ejército mexicano en un operativo en la Sierra Tarahumara para destruir laboratorios que producían una tonelada mensual de metanfetaminas supuestamente propiedad del Cártel de Sinaloa.
La intromisión de esos agentes extranjeros en acciones contra el narcotráfico dejó al descubierto la estrecha relación que ha establecido la derecha mexicana representada por el PAN con el gobierno trumpista pasando por encima de la Constitución, en una clara acción de traición a la patria que la gobernadora ha tratado de evadir creando una comisión ex profeso para investigar la presencia de esos agentes en el territorio que gobierna.
En respuesta a ese diferendo es como debe entenderse lo que pasó en seguida cuando el aparato de justicia estadunidense, dejando a un lado la secrecía que se usa en estos casos, dijo públicamente que había una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de parte de la DEA demandando su detención inmediata con fines de extradición por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización calificada por el gobierno de Trump como terrorista y por eso sujeta a cualquier acción en su contra porque se considera potencialmente enemiga de aquella nación.
La respuesta a dicha solicitud vino de parte de la Fiscalía General de la República después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó pruebas sólidas y contundentes de la acusación enfatizando que su gobierno no encubriría a nadie, pero que defendería la soberanía nacional.
Después se supo que el documento de acusación es muy endeble, que apenas llega al nivel de indiciado, sin pruebas sólidas que muestren el vínculo del gobernador con el grupo de Los Chapitos para conspirar con el envío de droga y tráfico de armas.
Sin embargo y casi inmediatamente después de que Rubén Rocha Moya hiciera una defensa vehemente de su honestidad rechazando categóricamente las imputaciones porque según él carecían de veracidad y fundamento, dijo que no tenía miedo, que era una persona limpia y que no renunciaría al cargo, al día siguiente pidió licencia al congreso por 30 días para facilitar la investigación que la FGR realizará.
Así ha sido el resultado de la confrontación y el daño ya está hecho porque para una parte importante de la sociedad mexicana lo que dicen nuestros vecinos es más creíble que lo expuesto por las autoridades mexicanas, cuestión que tiene que ver con esa idea que se ha creado para ver a Estados Unidos como el país más comprometido con la justicia, olvidando que como poder imperial su justicia es aquella que les beneficia, no la que puede poner en tela de duda sus afirmaciones.
En la secuela de los hechos se debe anotar tanto la muerte del funcionario chihuahuense que dirigía la Agencia de información e Investigación Pedro Román Oceguera Cervantes junto con los dos instructores de la CIA, así como la renuncia del fiscal de aquel estado César Jáuregui Moreno.
Respecto a Sinaloa el daño provocado va más allá del gobernador e incluye como acusados al senador Enrique Inzunza Cázares y al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil más otros siete funcionarios y ex funcionarios que se desempeñaron como jefes policiacos, fiscales y responsables de finanzas, la mayoría miembros del partido gobernante.
De acuerdo con la gravedad de la acusación, en el caso del gobernador la pena de cárcel es de 40 años y aunque para los mexicanos no cabría duda sobre la veracidad de los señalamientos contra el gobernador, lo que se ha visto es un ánimo de rechazo a lo que se considera una intromisión del gobierno vecino en los temas de justicia que internamente se deben resolver mientras que para el gobierno federal, si se deja pasar esa demanda de la DEA presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, será un mal precedente, pues, como todos suponemos, cada vez resulta más difícil pensar en los nombres de los pocos mexicanos en el gobierno que se han mantenido al margen del poder corruptor del narcotráfico a sabiendas de que la codicia de la riqueza lleva con frecuencia a romper la más escrupulosa de las investiduras.

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