La minería a cielo abierto vive un nuevo auge en América Latina. La destrucción del hábitat con el uso de nuevas tecnologías que permiten en poco tiempo y a bajo costo, mover millones de toneladas de tierra para extraer minerales del subsuelo, utilizando para ello grandes cantidades de agua y químicos de frotación, lixiviación por cianuro o mercurio, forman parte del modelo extractivista depredador. La nueva minería es la que ha detonado grandes conflictos sociales en varios países de América Latina. La mayoría de ellos tiene que ver con la imposición de megaproyectos dentro de enclaves indígenas y campesinos, que son ricos en bienes naturales y que forman parte de sus territorios sagrados.
En México, las nuevas tecnologías de explotación a cielo abierto; el alza sostenida de los precios de los metales; la crisis en el sector agrario; las ventajas legales para la inversión en detrimento de los derechos sociales y la permisividad ambiental y laboral que se esconden tras el lenguaje de la competitividad, hacen que nuestro país sea considerado “amigo” para las grandes inversiones mineras. Las empresas mineras tienen abiertas las puertas para invertir en México, aunque dañen el ambiente, pisoteen los derechos agrarios de los comuneros e incumplan con los derechos laborales de los trabajadores.
La voracidad de las empresas extractivistas las lleva a manejar un discurso desarrollista falaz: hablan del paraíso terrenal por las estratosféricas ganancias económicas que obtienen, sin embargo, nunca dirán que los millones de dólares que genera la extracción de metales preciosos no se quedan en el país, por el contrario, lo que heredamos es una mayor pobreza con la consecuente pérdida de nuestras riquezas naturales.
En nuestro país los grandes emporios mineros pagan ínfimos impuestos con respecto a las superficies que explotan, nunca lo hacen sobre los beneficios millonarios que obtienen. Además de extraer toda la riqueza mineral del subsuelo, acaban con cualquier vestigio de vida silvestre. El paisaje de la minería a cielo abierto es la expresión del caos que impera en las regiones donde las mineras han transformado las sierras y las selvas en zonas desérticas y donde las bandas del crimen organizado han logrado imponer su ley.
Las empresas mineras encontraron en Carlos Salinas de Gortari al mejor promotor del modelo extractivista en México. Les proporcionó un marco legal apropiado para su expansión y dominio con la aprobación de la Ley minera que diluye la propiedad nacional de los minerales y supedita la rectoría económica del Estado, como lo consagra la Constitución.
Esta embestida privatizadora ha hecho que entre 2001 y 2012 se expidieran 28 mil 807 títulos en el país, con una superficie amparada de 61.8 millones de hectáreas (ver programa de desarrollo minero 2013-2018). A julio de 2014 el servicio geológico minero reportó un registro de 868 títulos de concesión minera, equivalente a 1 millón 443 mil 103 hectáreas que representa el 22.62% de la superficie total del estado de Guerrero. (Ver panorama minero del estado de Guerrero).
En los últimos 10 años el territorio de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica ha despertado el interés del sector minero debido a los 42 yacimientos que aquí se encuentran. El gobierno federal ha otorgado alrededor de 38 concesiones por 50 años para que varias empresas mineras realicen actividades de exploración y explotación minera en la Montaña, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos nahuas, me’phaa y na savi. Los títulos entregados en esta región corresponden a cerca de 200 mil hectáreas y actualmente se encuentran en la fase de exploración.
El impulso de la minería en el estado ha traído aparejado conflictos sociales por la forma tan abusiva y ventajosa como han trabajado las empresas. El caso de Carrizalillo es un ejemplo claro de cómo la entrada de la empresa minera canadiense Gold Corp contó con el respaldo de los tres niveles de gobierno, al grado que fueron cómplices de la compra ilegal de gran parte de las tierras ejidales y del pago indigno por la renta de otras áreas de uso común. El ejido conformado por 252 familias, cuenta con mil 406 hectáreas. En el 2005, el 83 por ciento de sus tierras fueron concesionadas a la Gold Corp. Ante el atraco legalizado con la Ley minera, los pobladores no tuvieron otra alternativa que organizarse y bloquear la entrada a la mina, para exigir un pago justo por la renta de sus tierras. La respuesta del gobernador en turno Zeferino Torreblanca y del presidente municipal de Eduardo Neri fue enviar policías estatales y municipales para desalojar violentamente a las familias que se encontraban durmiendo en la entrada de la mina. Esta acción temeraria del gobernador no arredró a la gente, por el contrario, causó un mayor malestar y enojo. En asamblea decidieron trasladarse todas las familias a la entrada de la mina. Su postura fue firme: emplazar a la empresa minera a sentarse a negociar, a reconocerlos como interlocutores legítimos. Fue determinante la presión social que se ejerció contra la empresa extranjera y el apoyo que obtuvieron los ejidatarios de los diputados federales.
Después de 80 días de plantón los ejidatarios lograron firmar un convenio que reconocía en primer término que los verdaderos dueños de las tierras eran los habitantes de Carrizalillo y que la renta tenía que pagarse a 14 mil pesos la hectárea en lugar de mil. Además hubo el compromiso de revisar este convenio cada año, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos asumidos con los ejidatarios.
Esta experiencia que vivieron las familias de Carrizalillo se ha tornado trágica. No sólo porque le apostaron a obtener mejores ganancias con la sola renta de sus tierras, sino porque permitieron que la mina destruyera todo su entorno y les impidiera mantenerse como una comunidad que vive del campo. El auge de la minería en esta región hizo que los grupos de la delincuencia organizada encontraran también su minita de oro peleando por el control de la plaza. Desde diciembre de 2010, cuando el presidente de bienes ejidales, Onofre Peña Celso, es detenido y golpeado por elementos del Ejército, cuando se dirigía de Carrizalillo a Amatitlán, el ambiente de inseguridad empezó a causar estragos. Al grado que de mes de marzo de 2011 a marzo de 2016 se tiene un registro de 26 personas asesinadas dentro del ejido de Carrizalillo.
La violencia que se ha suscitado en esta comunidad se extiende en todo el cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas 12 empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala, Arcelia y Teloloapan, ubicadas en las regiones de Tierra Caliente, Norte y Centro. Se trata de territorios que están siendo disputados a sangre y fuego por varias organizaciones del crimen organizado que pelean palmo a palmo las rutas, el control de las cabeceras municipales, el sometimiento y control de la población, la apropiación de los bienes materiales y giros comerciales, los pagos de piso, los pagos por la seguridad y las cuotas de las mismas empresas mineras y sus trabajadores. Nada escapa de su control. Todo necesariamente pasa por el filtro delincuencial, llámese cuota, pago, extorsión o impuesto. La ley no está en manos de las autoridades, sino del crimen organizado.
Lamentablemente esta realidad es la que no ve el gobernador Héctor Astudillo. Lo que sí ve con signo de pesos “es Mezcala, donde está el famoso puente, de ahí todo hasta la izquierda, durante varios kilómetros, yo calculo que unos 100 kilómetros pegados al Balsas, son lugares que tienen una gran cantidad de oro. Solamente les doy un dato, la minera que está ahí, Media Luna, que su nombre en Canadá es Torex Gold, tiene una inversión de 14 mil millones de pesos, no hay otra inversión parecida más que la Autopista del Sol…y viene otra, se está construyendo otra, que pronto va a tener una inversión de 5 mil millones de pesos”.
Es en esta región del Balsas donde se han suscitado hechos graves de ejecuciones y desapariciones forzadas que no han sido investigados; donde las comunidades campesinas son demasiado pobres. Donde varias familias fueron desplazadas de sus lugares de origen y obligadas a sobrevivir de la pesca, actividad que ahora está siendo afectada por las sustancias mortíferas de la empresa Media Luna, la de los 14 mil millones de pesos, que está acabando con el modo de vivir de las comunidades desplazadas que viven de la presa del balsas.
La gente del Balsas y de la sierra está al borde del colapso, porque se les ha abandonado por siglos y se les ha dejado en manos de empresas depredadoras y de los grupos de la delincuencia organizada. No podemos apostarle al desarrollo minero, cuando no se están atacando de fondo los grandes problemas de inseguridad y pobreza que enfrentamos. Apostarle a que la inversión extranjera sea la solución a los problemas estructurales relacionados con la pobreza, la inseguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad, es seguir creyendo que colonizando nuestros territorios con empresas extractivista vamos a reencontrarnos con el paraíso que fue en tiempos prístinos nuestro estado de Guerrero.
El gran logro que obtuvo la comunidad me’phaa Júba Wajiín (San Miguel el Progreso) de la Montaña de Guerrero, de que las empresas Hochschild y Zalamera se hayan desistido de sus concesiones mineras y por lo mismo, se declararan canceladas, es un gran avance en esta ardua batalla contra la Ley minera, que es la gran demanda que la comunidad de San Miguel ha planteado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda establecer criterios amplios sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a proyectos mineros depredadores, que son autorizados sin consultar a los verdaderos dueños de estos territorios.