Ningún gobernante paga con cárcel las acciones represivas que emprende contra la población que lucha por un cambio. Las autoridades que han sido responsables de masacres, desde la etapa de la guerra sucia o de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas se mantienen vigentes como políticos y siguen lucrando del erario público. No hay castigo sino premio a la impunidad.

En Guerrero será imposible restablecer el orden y contener la espiral de violencia que nos sojuzga si no se arranca de raíz el cáncer de la impunidad que socava la vida pública. Está probado por años que los operativos policiaco-militares impulsados por los presidentes de la República han sido ineficaces e insuficientes por su mal diseño y por ignorar la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Estos aparatosos despliegues no van al fondo del problema, y a lo más que llegan es a alborotar el avispero o reproducir el llamado efecto cucaracha entre los grupos de la delincuencia organizada, que saben muy bien cómo burlarlos. Los anuncios espectaculares que hacen los altos miembros del gabinete están pensados para paliar el ánimo de la gente y mostrar músculo ante los medios de comunicación para impresionar a quienes delinquen. No hay una estrategia más integral que considere también un ataque frontal a la impunidad, que vaya contra los que delinquen y han cometido atrocidades dentro del mismo aparato gubernamental. Que investigue y castigue a los perpetradores que ostentan cargos públicos. Que depure las corporaciones policiacas y las instancias de procuración de justicia donde se incuban y cometen graves violaciones a los derechos humanos. Somos víctimas de una política de seguridad que trata a la población como si fuera delincuente potencial. Los mismos operativos están planeados para arremeter con gran virulencia contra la gente que ejerce su derecho a la protesta. El aparato de justicia está colapsado porque es el botín de los políticos que delinquen y porque sigue secuestrado por grupúsculos enquistados en las cúpulas del poder para hacer de la justicia una mercancía muy cara.
El clima de inseguridad y de terror que han impuesto las organizaciones criminales confirma que ahora son parte inherente de un Estado delincuencial, pues se han erigido en los amos y señores que imponen su ley y que se colocan por encima de las autoridades formalmente constituidas. El poder real en Guerrero lo ostentan los grupos de la delincuencia que se mueven a sus anchas dentro del territorio y que tienen la capacidad de fuego para supeditar a las autoridades estatales y municipales. La debilidad de las instituciones gubernamentales y la carencia de legitimidad del gabinete en turno los ha hecho aparecer débiles y titubeantes, mostrado poca consistencia política para trazar el rumbo que requiere Guerrero. Con tantos asesinatos ya no saben donde asirse en este mar de impunidad y de violencia, porque todo el territorio está minado por los grupos del crimen organizado.
A pesar de tanta criminalidad, la preocupación para los nuevos gobernantes está en otro lado. Lo que predomina entre las cúpulas del poder es el reacomodo de los amigos que son como los alfiles dentro del ajedrez político. El juego perverso del poder omnímodo obliga al gobernador en turno a imponer a sus incondicionales, independientemente de su trayectoria profesional y de su compromiso ético y social. La lealtad hacia el jefe supremo y la supremacía de los intereses de grupo por encima de la sociedad es lo que más importa, porque hay que velar por el futuro político de quien gobierna y no por el bien de los gobernados. No se tiene sensibilidad ni interés por atender los grandes problemas que aquejan a la mayoría de los guerrerenses, tampoco hay visión histórica para comprender lo que hoy padecemos, mucho menos se toma conciencia de las causas que han llevado a que todos los gobiernos fracasen con sus planes sexenales. Ningún gobernante paga con cárcel las acciones represivas que emprende contra la población que lucha por un cambio. Las autoridades que han sido responsables de masacres, desde la etapa de la guerra sucia o de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas se mantienen vigentes como políticos y siguen lucrando del erario público. No hay castigo sino premio a la impunidad.
La impunidad es una forma de gobierno que prevalece en Guerrero. No hay gobernador en los últimos 50 años que no tenga cuentas pendientes con el pueblo de Guerrero por haber atentado contra la vida y la integridad física de estudiantes, maestros, indígenas, campesinos, luchadores sociales, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos. La ley que por sistema han impuesto es la del fusil y la de las bombas lacrimógenas. La ley fuga o la de la fuerza letal. Los gobernantes junto con sus policías y el ejército tienen permiso para matar, para reprimir brutalmente a la población y para usar las armas contra los estudiantes que se atreven a tomar las vías públicas, como sucedió con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron abatidos por policías federales y estatales, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Es un hecho probado que los estudiantes Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, fueron privados de la vida por agentes del Estado en el marco de las protestas del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol. En las investigaciones se ha demostrado que participaron 168 elementos policiales de la policía federal, de la policía ministerial del estado, de la policía estatal preventiva, de los cuales 91 portaban armas de fuego confirmándose que al menos 24 de estas armas fueron disparadas en estos hechos, involucrando a todas las corporaciones policiales presentes. Por esta actuación letal de las corporaciones policiales es clara la responsabilidad del Estado en las ejecuciones de los estudiantes Jorge Alexis y Gabriel Echeverría.
Los hechos de este caso demuestran que el Estado mexicano no cumplió los estándares interamericanos sobre el uso de la fuerza letal y no aplicó las medidas alternativas de seguridad que deben seguirse en situaciones de disturbio o violencia. En lugar de respetar el ejercicio de protesta de los estudiantes y brindar la protección necesaria para que la misma se condujera de forma segura, la respuesta estatal consistió en la represión mediante el envío de numerosos elementos policiacos fuertemente armados, que pusieron en riesgo la seguridad, integridad física y vida de las personas presentes, ocasionando la muerte de Jorge Alexis y Gabriel.
Por otra parte, el uso de las armas de fuego fue desproporcionado en relación a la situación que se intentaba controlar, toda vez que los manifestantes no portaban armas ni incurrieron en agresiones que pusieran en riesgo la vida o integridad física de las autoridades o de otras personas
Por esto mismo, debe considerarse al Estado mexicano responsable de la privación arbitraria de la vida de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Además de atentar contra la vida de los estudiantes, el Estado mexicano violó la libertad e integridad personal del estudiante Gerardo Torres Pérez, quien fue detenido e incomunicado por más de nueve horas, el día de los hechos. Le negaron el derecho de ser presentado inmediatamente ante un juez que pudiera verificar la legalidad de su detención. Durante este tiempo no fue informado sobre las razones de su detención ni de sus derechos, ni tampoco se le permitió contactar a un abogado de su elección.
Las horas en que Gerardo Torres Pérez permaneció incomunicado fueron determinantes, porque fue durante ese período que sufrió actos de tortura con el objetivo de obligarle a confesar que él portaba una arma de fuego y que la había accionado.
Lo anterior fue corroborado por la CNDH, que en su Recomendación, concluyó que “el caso particular de Gerardo Torres Pérez, presentó signos y síntomas positivos de tortura, que concordaron con el relato de los hechos ocurridos los días 12 y 13 de diciembre del 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero”.
Resulta evidente que las acciones descritas reunieron los tres elementos necesarios para calificarles de tortura, es decir, fueron acciones deliberadas e intencionales, estaban dirigidas a infringir daños al joven detenido y se realizaron con el propósito de lograr la confesión y generar prueba en su contra.
A pesar de que se ha constatado con pruebas fehacientes la responsabilidad de los agentes estatales en las ejecuciones de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría y la tortura en el caso de Gerardo Torres, las autoridades de Guerrero y la federación no han realizado las investigaciones pertinentes para castigar a los responsables. Tampoco han dado cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dejando en total impunidad estas graves violaciones a los derechos humanos.
Ante tanta impunidad que campea en nuestro estadso y ante el clamor de justicia de los familiares de los estudiantes, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como del normalista Gerardo Torres Pérez, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos José maría Morelos y Pavón y el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en Washington, DC, este martes 15 de diciembre, en el marco del cuarto aniversario de los hechos trágicos del 12 de diciembre, haremos pública nuestra petición inicial de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Caso Gabriel Echeverría, Jorge Alexis Herrera y Gerardo Torres, como un recurso legitimo de las víctimas para luchar contra la impunidad y pelear que haya justicia entre la gente que sufre las atrocidades de un poder obtuso e impune.