El 4 de enero de 2015 el presidente de la República Enrique Peña Nieto anunció en su cuenta de twitter lo siguiente: “Gracias a la reforma hacendaria por 1era. vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, diesel y gas LP”. El mismo presidente, después de regresar de sus vacaciones decembrinas, comentó en una rueda de prensa el pasado 4 de enero: “El ajuste en el precio de la gasolina no ha resultado ni de la reforma energética ni de la hacendaria, ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos; refleja más bien, el aumento en los precios internacionales de la gasolina, y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía”.
En menos de un año la palabra presidencial se devaluó más de lo que ya está, porque incumplió su compromiso y dejó en las garras de un mercado voraz el futuro de nuestra nación. De nueva cuenta la mano invisible del mercado se impone como norma interna. Son los precios internacionales de la gasolina los que obligan al gobierno federal a apretar más el cinturón de las familias pobres. El enojo se ha expandido en la mayoría de los estados, porque el gobierno en lugar de proteger los precios de la gasolina, los liberaliza, para propinar otro golpe artero a la economía familiar.
Ante la traición consumada por los principales partidos políticos, con la aprobación de las reformas estructurales, los ciudadanos han salido a las calles a expresar su repudio contra el mismo presidente y contra toda la clase política, porque nos han colocado al borde del colapso. El derecho a la protesta es ahora el recurso más efectivo que tiene la población para contrarrestar el saqueo legalizado por parte de los partidos políticos que se vendieron al mejor postor para aprobar la reforma energética y la hacendaria.
La insurgencia ciudadana es la respuesta que marcará este año que de por sí amaneció con la ira en las calles. No sólo son los problemas de la inseguridad y la violencia los que están orillando a la gente a organizarse para defenderse contra los grupos del crimen organizado, sino por el atraco que está consumándose por el gasolinazo. Esta doble embestida está colocando a la población en el límite de la exasperación. No puede permanecer impasible ni indiferente. Está siendo arrastrada por las malas actuaciones del gobierno a situaciones que la ponen entre la metralla y el hambre.
Por su parte, la clase política sigue en su burbuja de confort, no le preocupa el malestar de la población. Sabe que cuenta con un aparato de seguridad especializado para arremeter violentamente contra quienes se atreven a poner en jaque a las instituciones. Su valoración es que no hay riesgos mayores porque consideran que son reacciones pasajeras y efímeras. Que no es un movimiento que aglutine la protesta, por el contrario, lo ven disperso, que es meramente reactivo, espontáneo y sin un plan para el mediano y largo plazo. Urden un plan perverso para desactivar los focos de protesta utilizando a provocadores que se encargan de desvirtuar el movimiento. Seleccionan lugares que son propicios para realizar acciones vandálicas con el fin expreso de causar miedo y crear un ambiente de caos, para justificar el uso de la fuerza.
Las autoridades en lugar de concentrarse en la atención de las demandas básicas de la población focalizan su trabajo en apagar las chispas de la inconformidad. Buscan sofocar con la presencia de las fuerzas de seguridad para desactivar el malestar. No se centran en atender las demandas sociales, en revertir el rezago que padecen los sectores más depauperados. Las instituciones le han dado la espalda al ciudadano o ciudadana sin partido ni padrino político, están más bien al servicio de los grupos políticos que están amafiados con las multinacionales y el crimen organizado. No hay canales efectivos de interlocución con las autoridades, mucho menos una atención puntual a los planteamientos de la población que se encuentra amenazada por la delincuencia. Es muy común que los funcionarios incumplan los compromisos contraídos con las organizaciones sociales y las mismas comunidades, para no generar antecedentes de que existen recursos para ellas. Se apuesta más al desgaste y a la confrontación. Han hecho cuentas de que sale más barato cooptar a los líderes sociales que resolver las demandas añejas de quienes demandan derechos fundamentales.
La gente ha salido a las calles para contener esta arremetida gubernamental que está elevando el costo de la vida. No son banderas políticas las que enarbolan, ni se trata de una masa manipulada o acarreada. Su impulso y decisión de salir a las calles para increpar al poder es por la sobrevivencia, por la defensa de su vida, de su seguridad y sus precarios ingresos. Hay una aversión a los partidos políticos por haber traicionado el sentir de la clase trabajadora. Por supeditar los intereses de quienes no tienen un empleo seguro ni les alcanza el maíz que siembran en sus tierras para comer durante el año. Priorizan los políticos los intereses de los grandes consorcios petroleros, mineros y toda la gama de negocios del extractivismo. Es un movimiento que está recuperando el protagonismo de las y los ciudadanos de a pie, cuya agenda se centra en el piso básico de la sobrevivencia: el empleo, la vivienda, el agua, la salud, la educación, la tierra, la seguridad, la justicia, la verdad y la paz.
El gasolinazo es la chispa que está expandiendo la inconformidad en el país y en nuestro estado y las protestas son los saldos explosivos de una política económica equivocada, de decisiones cupulares tomadas a espaldas de la sociedad. Nos muestran los focos encendidos de un enojo ciudadano que se está desbordando en las calles por la indolencia de las autoridades y por su tozudez al aprobar leyes que han puesto en charola de plata el patrimonio nacional a los emporios financieros y a los capos de la economía criminal. La arrogancia y actitud pendenciera de los partidos políticos, los legisladores y gobernantes tecnócratas los ha llevado a jugar con fuego, a sentirse omnipotentes. Los únicos visionarios para integrarse a un mundo globalizado. Es una burocracia citadina, racista, que trata a la clase trabajadora como ignorante, atrasada, ingenua, conformista, encerrada en su mundo y sin visión para los negocios.
Esta bifurcación de los intereses de clase es lo que nos ha dividido como país. La disputa es de fondo: es por la ganancia crasa, la acumulación capitalista, o por la vida digna de toda la población basada en la justicia social y la salvaguarda de los derechos básicos. La batalla en las calles es la salida que están encontrando los ciudadanos y ciudadanas que se sienten amenazados y excluidos por un régimen acorazado por policías y militares. Su trabajo es proteger los intereses de la clase en el poder y a sus socios internacionales, es para resguardar a los saqueadores de la nación y actuar como carabineros de un gobierno represor y para eso están armados hasta las uñas.
Las autoridades están obligadas a proteger los derechos de la población que se siente amenazada por las mismas acciones depredadoras del gobierno, por lo mismo, tienen que atender las causas de las protestas. Deben de ubicar que la fuente del malestar nace del mismo gobierno que violenta los derechos básicos de una población empobrecida y que padece un despojo sistemático. La lucha por la sobrevivencia se expresa ahora en su derecho a manifestarse y a expresarse contra quienes ponen en riesgo la vida de su familia. Esta lucha por los derechos y las libertades no debe criminalizarse, mucho menos crearse un ambiente hostil para justificar la represión. En lugar de alentar acciones vandálicas generadas por los mismos grupos políticos que actúan en la penumbra para causar miedo y una sensación de caos, se debe actuar con mucha responsabilidad. Se debe dimensionar el tamaño del malestar y de las protestas, porque tienen raíz y están nutridas de la fuerza de una sociedad que ya no está dispuesta a sacrificar más sus bolsillos en aras de garantizar cuantiosas ganancias a los grandes corporativos. Las protestas y el grito de la sociedad en las calles y carreteras es una alerta que se hace a las autoridades para que corrijan a tiempo el rumbo y atiendan el reclamo de los explotados, pues de lo contrario las chispas del gasolinazo nos llevarán a un escenario de mayor explosividad social. En las siete regiones del estado de Guerrero hay varias chispas que deben atenderse no con el fuego de la represión sino con los instrumentos de la razón, el diálogo, la concertación, el respeto a los derechos básicos de la población que es discriminada; el cumplimiento a las legítimas demandas de quienes se manifiestan y la acción política centrada en la población que es víctima de graves violaciones a sus derechos humanos y que lucha con todo para que haya justicia y verdad en nuestro país y en nuestro estado.