EL-SUR

Sábado 03 de Diciembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Las cifras del empleo: la insoportable levedad del presupuesto público

Saúl Escobar Toledo

Julio 17, 2019

 

En memoria de Jaime Ros

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer hace unos días los datos del empleo asegurado en esa institución. No son muy alentadores. Si se compara el mes de junio con el de mayo de este año, se perdieron 14 mil puestos de trabajo. Visto desde un plazo más largo, las cifras no son tan sombrías: en relación a diciembre de 2018, se crearon casi 290 mil empleos; si se toma como base junio de 2018, un año, hay 474 mil plazas de trabajo más, un aumento del 2.4 por ciento.
Como quiera que sea, las cifras reflejan la baja capacidad de creación de empleos de la economía mexicana, fenómeno que viene presentándose desde hace varias décadas y, al mismo tiempo, un ritmo de crecimiento cada vez más lento en los últimos meses. Es decir, a una tendencia estructural de largo plazo se añade una coyuntura desfavorable.
Llama la atención que las ocupaciones perdidas en junio (y en mayo) hayan sido eventuales, mientras que los empleos permanentes crecieron. La misma tendencia se observa si se mide el semestre: el 96 por ciento de los puestos de trabajo creados fueron permanentes, lo que contrasta con 2018 (82 por ciento) y 2017 (81 por ciento).
También destaca que los estados que perdieron empleos en el último año (junio 19/junio 18) hayan sido Guerrero con una horrenda cifra de menos 4.6 por ciento; una cosa similar se presentó en Chiapas, Oaxaca, Durango, Tabasco y Morelos.
Ambas cosas (su eventualidad y su localización geográfica) podrían indicarnos que se perdieron plazas de trabajo muy vulnerables, localizados en los sectores de la economía menos moderna. En cambio, en los estados de Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León y Sonora, la creación de empleos fue superior al promedio nacional. Y, sin embargo, el sector económico que más colocaciones ofreció en el último año fue el agropecuario, seguido de transportes y comunicaciones.
Este panorama refleja naturalmente la actividad económica, la cual muestra un estancamiento desde 2012 y una mayor pérdida de dinamismo desde septiembre del año pasado. Las cifras indican, asimismo, que el sector mejor librado ha sido el sector primario el cual, aunque modestamente, ha venido creciendo en el último año, más que el secundario y el terciario.
Un caso particularmente grave es el de la industria de la construcción, lo cual se ha reflejado en una aguda caída del empleo: de casi 625 mil plazas registradas en septiembre de 2012 a 506 mil en abril de 2019. Lo mismo sucede con la minería. La industria manufacturera en cambio ha venido creando nuevos puestos, lentamente, pero sin mayores retrocesos.
Por otro lado, el salario base de cotización del IMSS tuvo un crecimiento nominal de 6.6 por ciento, lo que indicaría un ligero aumento en términos reales. De acuerdo a los datos señalados, no parece haber señales de que estos incrementos hayan impactado negativamente la creación de empleos ni frenado la actividad económica. La razón de estos fenómenos deberá encontrarse en otras causas.
El aumento del empleo asegurado en la agricultura, aunque es una buena señal, no debe ser exagerado. Representa menos del 4 por ciento del total. Además, está concentrado en: Jalisco, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Baja California. En Guerrero por ejemplo hay menos de mil trabajadores registrados en el IMSS. De esta manera, las cifras recién entregadas quizás muestren más bien una mayor formalización del trabajo jornalero que una expansión del empleo.
En el informe se destaca la incorporación de mas de 500 mil jóvenes al servicio médico, resultado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y de 180 mil personas más, según dice el documento de manera literal, “asegurados voluntariamente en el régimen obligatorio” lo cual indicaría que se trata de plazas ya existentes que fueron formalizadas. Sin duda, el Programa significa un cambio radical frente a lo que se hizo en el pasado. Ningún gobierno había dedicado tantos recursos a programas de fomento al empleo. Los beneficios de asegurar a un grupo tan amplio de jóvenes también representan un gran avance. Sin embargo, debe subrayarse que este tipo de políticas públicas no tienen como objetivo crear nuevos puestos de trabajo sino mejorar la colocación de las personas en el mercado laboral. De esta manera, si la actividad económica no se acelera y, con ello, la creación de nuevos puestos, este tipo de programas solo aportan beneficios temporales.
En resumen, el panorama del empleo está atravesando por una situación difícil producto de varios factores: el sector más moderno de la economía ofrece pocas opciones; el sector más atrasado está retrocediendo; y hay ramas como la de la construcción y la minería que presentan una fuerte caída. Por su parte, la expansión observada en el sector agrícola y la incorporación de nuevos asegurados, aunque son acciones positivas, no representan un factor suficientemente influyente que pueda anunciar un cambio de la tendencia general.
De ahí que resulte indispensable acelerar la inversión pública en infraestructura. Ello serviría para detener la caída de la industria de la construcción, sobre todo si se comprueba que la inversión privada ha disminuido severamente. Ayudaría a reanimar el ciclo económico, generando directamente más puestos de trabajo y una mayor demanda efectiva que se reflejaría en un mayor consumo interno. Y, sobre todo, si se aplica en las regiones más atrasadas del país y en aquellos rubros que más lo necesitan, ayudaría a cerrar la brecha de desigualdad que, según se observa, está creciendo entre las regiones y las empresas más atrasadas y las más desarrolladas.
El gasto en programas sociales no basta. Urge entonces poner en movimiento la inversión pública junto con otros mecanismos que reanimen la economía, como el financiamiento de la banca de desarrollo.
En el inicio de otros sexenios, se ha observado también una tardanza en el ejercicio de los recursos públicos, particularmente en infraestructura, ya que estos proyectos requieren tiempo para su planeación y puesta en marcha. En este caso, sin embargo, las dificultades han sido mayores por la reasignación de programas, la lucha contra la corrupción, la austeridad, y las nuevas prioridades del gobierno en materia de inversión. La combinación de todo ello no ha ayudado a despejar el camino para un ejercicio del gasto y la reanimación de la economía.
Es probable y deseable que, en los próximos meses, la inversión en infraestructura fluya a ritmos más elevados. Sin embargo, sus resultados no se verán reflejados de manera inmediata. Podría decirse que este año, 2019, el panorama del empleo no mejorará sustancialmente. Por ello, el presupuesto para 2020 deberá reflejar un esfuerzo mucho más cuantioso y ordenado en materia de inversión pública de tal manera que, en un futuro cercano, el balance sea mucho más satisfactorio.
El país requiere más y mejores puestos de trabajo. Cualquier otro camino para combatir las desigualdades y la pobreza tendrá efectos menores si no se pone este objetivo en el centro de las políticas públicas y, especialmente, en el ejercicio de los recursos presupuestales. La rectoría económica del Estado se convierte en una frase vacía si no se traduce en una abundante, bien planeada, y oportuna inversión productiva. El gasto público no puede limitarse a estimular la demanda: también y de manera prioritaria tiene que aplicarse para ampliar la oferta de bienes y servicios. Eso es lo que demuestran las cifras de esta primera mitad del año. 2020 tiene que ser el momento del cambio. De otra manera, la economía y el empleo, en el mejor de los casos, seguirán los mismos ritmos de las últimas décadas. O sea, más de lo mismo.

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