El pasado fin de semana, la policía federal brasileña llevó a cabo la mayor operación policiaca de la historia del país, con centenares de agentes en las calles y numerosos arrestos preventivos. Entre ellos, varios ejecutivos de alto nivel de las dos principales empresas del ramo de la carne, Brasil Foods y JBS. A raíz del anuncio de esta operación por parte de la policía federal, la Unión Europea, China, Corea, y otros importantes socios comerciales de Brasil han decidido suspender por tiempo indefinido sus importaciones de carne de aquel país. Aunque es probable que estas sanciones sean temporales, la posibilidad de entrar en una espiral de denuncias de corrupción que a su vez creen nuevas revelaciones sobre la (mala) calidad de la carne podría tener efectos devastadores para la economía brasileña. En efecto, el sector del agro negocio representa una buena parte de las exportaciones de aquel país, y contrariamente al resto de la economía, no había sido afectado por el escándalo Odebrecht y Petrobras. Sin embargo, era difícil entender como este sector no había sido objeto de una investigación profunda de parte del ministerio público federal, pues las empresas de este sector fueron las principales fuentes de dinero privado para las campañas políticas de la elección de 2014.
Desde la revelación del escándalo Odebrecht, los mecanismos de financiamiento de la política en Brasil han sido puestos a la luz del día. En particular, se puso de relieve la gran promiscuidad existente entre el dinero y la política, sin que hasta el día de hoy la clase política decida cambiar sus hábitos. Los mismos políticos que han estado involucrados en la mayoría de los escándalos de corrupción descubiertos por la policía siguen libres, a excepción del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Es más, su poder ha sido reforzado, tanto en el Congreso como en el gobierno. El propio presidente Michel Temer está implicado en las declaraciones de los ejecutivos de la empresa Odebrecht, sin que exista ninguna presión mediática en la prensa brasileña para que renuncie al cargo. De manera paradójica, a pesar de la impopularidad del gobierno de Temer, este ha sido capaz de hacer aprobar leyes en el Parlamento. Un primer elemento explicativo reside en el elevado número de congresistas que han sido llamados por el presidente para formar parte de su gabinete: más de 50 por ciento de los actuales ministros de Temer vienen de ser diputados o senadores. Durante los gobiernos de Dilma Rousseff, esta cifra rondaba el 25 por ciento, lo cual puede explicar la mayor tasa de fidelidad al gobierno hoy en día. Sin embargo, el principal factor explicativo reside en el miedo existente entre los políticos de ser apresados a raíz de las investigaciones de la justicia brasileña. De 2014 a 2016, cuando las investigaciones tenían como objetivo destruir el legado político del ex presidente Lula y desprestigiar la acción política del Partido de los Trabajadores (PT) y de la presidenta Dilma Rousseff, la clase política, los medios de comunicación y una buena parte del poder judicial las apoyaban. Ahora, las cosas han cambiado. Gilmar Mendes, ex ministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso y actual magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, ha aumentado el tono de sus declaraciones en contra del equipo del ministerio público a cargo de la operación Lava Jato, con el objetivo de hacerle frente en el plano político y jurídico. Sin embargo, la opinión pública sigue apoyando la acción de la justicia en buena medida. Es desde esta perspectiva que un eventual resurgimiento de una agenda ligada al financiamiento ilegal de campañas por parte de las mayores empresas del sector agrícola estremece a buena parte de los políticos de Brasilia, incluyendo al presidente Michel Temer. De tal manera que los próximos meses serán de mucha disputa política en Brasil.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.