Cuando anunció el presidente electo de la República su intención de suprimir los delegados federales en los estados para dejar un solo coordinador provocó irritación mayúscula de varios gobernantes estatales. Por cuanto a que esa medida suponen la supresión de la interlocución de ellos con el presidente de la República o con los secretarios federales. A la par, temen la disminución en la asignación de recursos federales –adicionales a sus participaciones fiscales– cuyo control sería transferido a los eufemísticamente hablando, virreyes federales de nuevo cuño.
La extinción de la figura de delegado federal es motivada por razones de adelgazamiento de puestos de mandos medios y superiores al adoptarse una fisonomía de gobierno republicano y austero, en un contexto de erradicación de la corrupción, el clientelismo político y las intervenciones ilícitas de los delegados federales en las campañas electorales para apoyar a los candidatos de tal o cual partido político.
La iniciativa de ley para realizar las modificaciones a la estructura de la administración pública federal da más luz sobre el asunto que nos ocupa. Por principio de cuentas, habrá un “delegado federal de Programas para el Desarrollo” y la unidad administrativa a su cargo se denominará “Delegación de Programas para el Desarrollo”. Dicha unidad tendrá como función principal las tareas de: a) coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales con la Presidencia de la República, b) la supervisión en la prestación de servicios y de la tramitología a cargo de las hasta hoy delegaciones federales; además, c) coordinar las acciones para la concreción de las prioridades presidenciales; así como del establecimiento de los mecanismos para una mayor vinculación presidencial con la ciudadanía.
El coordinador estatal será designado por el presidente de la República y dependerá de un coordinador general de “Programas para el Desarrollo” en el país, mismo que dependerá de la Oficina de la Presidencia.
Las actuales delegaciones federales serán a partir de diciembre denominadas “Oficinas de Representación” de las diversas secretarías. Estarán jerárquica y funcionalmente adscritas a los respectivos secretarios designados, con el objeto de que los actos de autoridad que de ellas emanen sigan ejerciéndose de manera regular. O sea, seguirán ejerciendo las facultades y atribuciones que por materia hoy atienden.
Algunas dependencias federales desaparecerán, otras se mantendrán y algunas se fortalecerán; dependiendo del rol que jueguen en la instrumentación de los 25 programas estratégicos señalados por el presidente electo. Para eso se hará una revisión a fondo de sus respectivos funcionamientos; estimando el costo-beneficio de seguir operando y la manera en que entregan resultados.
PD1. Un productor rural de la región de Tierra Caliente hace la siguiente denuncia a través de las redes sociales: “Es imposible quedarse callado, están asaltando a los campesinos en el Distrito de Desarrollo Rural de la Sagarpa en Ciudad Altamirano; en estos momentos están entregando cheques de 4 mil 500 pesos por productor, les hacen firmarlos y les quieren dar solamente 3 mil pesos en productos agroquímicos y el que no quiera dichos líquidos, le van a dar sólo mil 300 pesos”. Otro productor de Atoyac también dice que “en el caso del café, el paquete tecnológico tiene un valor comercial de mil 118 pesos y el proveedor le factura a la Sagarpa con monto alterado que asciende a 2 mil 500 pesos” ¡Uf!
PD2. Que quede claro, los “amigos organizados” no se entronizarán en el Ayuntamiento de Acapulco. Todos estamos con la presidenta municipal, Adela Román Ocampo.
PD3. Hay que poner las barbas a remojar: No habrá incremento al presupuesto de las universidades públicas en 2019 si no se obligan a rendir cuentas públicas y de resultados, en forma honesta y transparente. Así lo indicó el presidente electo de la República.