La desaparición forzada es una práctica abominable que data de varios años. En la Se-gunda Guerra Mundial se utilizó contra quienes los nazis conside-raban enemigos. En las guerras y en regímenes autoritarios ha sido un mecanismo recurrente para comba-tir a los enemigos u opositores políticos. En América Latina se usó contra quienes luchaban por las libertades y sociedades igualitarias y justas. México no fue la excepción. En los años 1970, los órganos del Estado sembraron terror desapare-ciendo a decenas de activistas sociales. A esta etapa se le llamó “guerra sucia”.
Del año 2006 en adelante en el marco de las disputas de grupos delictivos empezaron a registrarse miles de desapariciones de per-sonas en el país. Las denuncias lle-garon a diferentes organismos in-ternacionales de derechos huma-nos. Las autoridades de entonces negaron las desapariciones forza-das. Dijeron que en el país no existían esas prácticas, que en realidad se trataba de ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada que las autoridades estaban combatiendo.
Con la desaparición forzada de los 43 estudiantes d Ayotzinapa, el gobierno ya no pudo negar nada. Lo que pasó en Iguala no era un caso aislado sino un ejemplo de lo que acontecía en el país.
En días recientes el debate que se creía superado irrumpió en la palestra. A las autoridades les irritó que el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) dio a conocer que esta instancia de la ONU tenía información fundada de que en México hay una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada y por lo tanto solicitaría informes al gobierno con miras a llevar el caso ante la asamblea general.
El gobierno sostiene que es un ataque a un gobierno democrático puesto que en el país no existe la desaparición forzada, que esa era una práctica del pasado que los integrantes del gobierno actual combatieron. Las desapariciones que existen son perpetradas por la delincuencia organizada, no por agentes del Estado.
La respuesta gubernamental tiene una fuerte carga política e ideológica desprovista de un análisis objetivo de la violencia que azota el país, del control territorial y autogobierno que en los hechos tienen los grupos delictivos y del complejo entramado delictivo que el hampa ha construido con los cuerpos de seguridad del Estado.
Tenemos que tomar en cuenta que hoy en día la delincuencia or-ganizada ha modificado su modus operandi. Ya no se dedica exclusi-vamente al negocio de las drogas. Ha ampliado su espectro de acción. Controla el comercio lícito: la venta de gas, pollo, agua, tortilla y de otros productos de primera necesi-dad. En amplias regiones establece y controla los precios y el flujo del mercado. También financia cam-pañas electorales logrando imponer a presidentes municipales. Así, toda la estructura del gobierno munici-pal está al servicio del grupo delictivo en cuestión. En vastas zo-nas de Guerrero policías preven-tivos, de tránsito y protección civil realizan verdaderas tareas delic-tivas. Ponen filtros y retenes a las entradas de los municipios y desde ahí revisan, toman datos, nombres de personas y placas de vehículos. Otras veces la policía preventiva detiene a jóvenes y lejos de ponerlos a disposición de la autoridad formal los entrega al grupo delictivo para el cual trabaja. La policía estatal y otros cuerpos de seguridad también mantienen colusión con los grupos delictivos y participan en las desapariciones de personas.
En el caso Ayotzinapa existe prueba irrefutable de este entramado y complicidad criminal. Allí policías preventivos de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, policías estatales, ministeriales, federales y militares del 27 Batallón de Infantería estaban al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos que operaba en Iguala y sus alrededores. Mandos militares recibían miles de dólares a cambio de permitir el trasiego de droga y la comisión de otros delitos a Guerreros Unidos; la Policía Federal vigilaba los caminos, el movimiento de grupos antagónicos o vehículos extraños; la policía preventiva era el brazo armado ejecutor que detenía y desaparecía por orden del grupo delictivo y así la noche del 26 de septiembre en un operativo conjunto, hampa, policías y militares desaparecieron a los 43.
El caso de Ayotzinapa es tan sólo un ejemplo de lo que ocurre en vastas zonas del estado de Guerrero y del país, donde gobiernos municipales están al servicio de la delincuencia organizada. Hace días pudimos ver en Chilpancingo una marcha sui géneris donde más de 10 alcaldes encabezaron esta supuesta movilización, cuando en realidad, quien mueve los hilos de esta extraña protesta es un grupo criminal que actúa en varios municipios de la zona Centro y Montaña de Guerrero.
En este contexto resulta difícil disociar una desaparición cometida por particulares y autoridades porque ambos actúan de manera conjunta y protegen intereses delin-cuenciales.
En varios casos los colectivos de desaparecidos han denunciado que sus familiares fueron desaparecidos por policías municipales que los entregaron a un grupo delictivo, como el caso del defensor Arnulfo Cerón en Tlapa que fue detenido por el grupo delictivo de ese lugar, por órdenes de las autoridades municipales en turno.
Así las cosas, ¿cómo disociar una desaparición cometida por un grupo delictivo que actúa con la protección de policías preventivos, tránsitos y hasta presidentes municipales que están al servicio de los grupos delictivos? ¿Cómo diferenciar a policías estatales y hasta al Ejército cuando hay algunos batallones y jefes militares que mantienen acuerdos y permiten la actuación de grupos delictivos?
Resulta un argumento débil decir que las desapariciones son cometidas por grupos delictivos, cuando gobiernos municipales completos están a su servicio, cuando la economía lícita es controlada por el hampa ante la inacción de las autoridades.
No es positivo iniciar un debate impregnado de contenido político e ideológico, es menester revisar seriamente estos contextos de entramados criminales donde los grupos delictivos tienen gobiernos municipales y otros cuerpos de seguridad a su servicio.
El gobierno debería hacer una fuerte presencia en las sesiones del CED para proveer información de los contextos complejos en que ocurren las desapariciones y los esfuerzos institucionales que realiza para revertir esta práctica, lejos de confrontar al CED y hacer vacío en las sesiones oficiales. Reaccionar como hasta ahora sólo alentará a los grupos delictivos y aumentarán las desapariciones.