A seis años del tremendo sismo de 2017, los saldos de la reconstrucción siguen siendo demasiado altos. Burocratismo, corruptelas e ineficiencia se han conjuntado en este caso. Como resultado, casi 30 mil damnificados siguen sin contar con un techo propio, no se ha iniciado la reconstrucción de dos mil viviendas dañadas, 146 recintos religiosos todavía están en obra y por lo menos 15 templos siguen cerrados por los daños de aquel temblor, además de que dos mil 327 escuelas necesitan revisión estructural, y lo peor, señala Excélsior, es que “para 2024 ni siquiera hay una partida etiquetada”.
Por supuesto, no es poco lo realizado, pero preocupa que entre 2019 y 2022, de 11 mil 933 millones de que pudo disponer el Fideicomiso de Reconstrucción, sólo se ejercieran 7 mil 904 millones. Jabnely Maldonado, comisionada para la Reconstrucción, declaró que dicho Fideicomiso “no funciona como un mecanismo de recursos disponibles”, pues en cada caso deben cumplirse varias condiciones (Reforma, 17 y 18/Sep/23).
El mismo rotativo señala que en 2022, de 2 mil 319 millones de que disponía, sólo fueron ejercidos mil 764 millones, según datos obtenidos como respuesta a una solicitud de transparencia. La suma restante, no se sabe si se mantiene en poder del Fideicomiso o ha tenido otro destino, lo que es muy probable, pues se sabe que el presupuesto no ejercido por cualquier dependencia federal debe regresarse la Tesorería.
“El proceso de reconstrucción experimentó diversas vicisitudes desde que dio inicio, fueron las principales la corrupción de funcionarios y legisladores de administraciones pasadas… así como el burocratismo de las diversas dependencias federales y locales involucradas”, dice La Jornada (20/Sep/23), diario identificado con el actual gobierno.
Naxhelli Ruiz, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, considera que lo anterior es muestra de problemas en la planeación, pues el hecho de “que tengamos obras que no (se) han iniciado o que están en proceso de proyecto no tiene ninguna justificación, más que fallas administrativas y organizacionales”.
Pero el burocratismo y la corrupción no pertenecen al pasado neoliberal y conservador, como gusta de repetirlo el gobierno. La Jornada informa que para el Movimiento Urbano Popular, en la capital del país hay más de mil inmuebles catalogados como de alto riesgo, aunque en este punto el dato es muy dudoso, pues los inspectores de la Comisión de Reconstrucción calificaron como “de alto riesgo” inmuebles que no están en ese caso, pero al clasificarlos de tal manera abren la puerta para negocios dudosamente lícitos, pues a partir de ahí se gestionan recursos que iban a parar a las empresas privadas que trabajaban en la reconstrucción.
No es un dato menor que cinco de tales empresas tuvieran como domicilio una casa particular donde no había oficina alguna ni personal. Algo que raya en lo criminal es que mientras miles de familias estaban sin hogar, alegremente, funcionarios de la Comisión ofrecían dinero para inmuebles que no requerían trabajo estructural. Aquí cabe preguntar si esa dadivosa actitud no implicaba el cobro, a manera de mordida, de una comisión no declarada por aquellos que estampaban su firma para legitimar las solicitudes.
Otro caso lamentable fue que empresas encargadas de la reconstrucción, y no una, sino varias, dejaron sin concluir los trabajos en edificios para los que “se acabó el dinero” que recibían del gobierno, lo que sólo puede entenderse como resultado de inconfesables relaciones entre funcionarios y constructores, con especial beneficio para quienes clasificaban los inmuebles y los jefes que estampaban su firma aprobando ese proceder fraudulento.
Algo debió olerse el gobierno capitalino, pues hace algunos meses suprimió la Comisión de Reconstrucción y pasó sus tareas al Instituto de Vivienda, pero lo malo fue (¿o es todavía?) que en las reuniones entre vecinos y funcionarios del INVI solía estar presente algún representante de la presuntamente extinta Comisión, que insistía en la necesidad de que se solicitara dinero, como si aquello fuera el reino de la abundancia.
Se ha informado que hay órdenes de aprehensión contra funcionarios del pasado sexenio, pero ¿qué hay de los sinvergüenzas del actual?