Guerrero es un estado poblado de víctimas, marcado por la guerra de contrainsurgencia, la represión policiaca y la violencia delincuencial. El empleo sistemático de la fuerza para acallar las protestas y la persecución encarnizada contra los líderes sociales ha sido la tónica de los gobiernos caciquiles. Nuestra geografía está sembrada de cruces y nuestro calendario de días de guardar y fechas funestas por las masacres y matanzas, que han protagonizado los gobernantes en turno. El saqueo descomunal de una clase política voraz, cuya marca indeleble es la corrupción, ha devastado el patrimonio de las y los guerrerenses. La dilapidación de los fondos públicos ha causado daños inconmensurables a las mayorías empobrecidas, dejando una deuda impagable para las nuevas generaciones.
El escenario que se vislumbra en este nuevo gobierno es de un diagnóstico reservado, porque los ciudadanos y ciudadanas desconocemos con certeza el estado que guardan las cuentas y los saldos económicos, sociales y de exigencia de justicia, que dejará la administración que fenece. La precaria situación que enfrentan las familias guerrerenses representa un gran desafío para la nueva gobernadora, porque la población tiene altas expectativas de que haya un giro en cuanto al tratamiento a los graves problemas que nos aquejan. El sufragio que emitieron no es para continuar en esta espiral de la pobreza y la violencia, sino para descarrilar un modelo de gobierno concentrado en la élites políticas y económicas. La población ya no está dispuesta a ser un ente pasivo y obediente a los dictados de quienes ejercen los cargos públicos. Tampoco están resignados a continuar en el fango del olvido, sufriendo tratos discriminatorios y excluyentes. Hay un hastío contra una clase política, que se asigna sueldos millonarios sin que les importe la hambruna del pueblo y las muertes tempranas de hombres y mujeres que no encuentran un empleo seguro. Ya no están dispuestos a seguir apretándose el cinturón, mientras los grupos privilegiados se llenan de prebendas y negocios al amparo del poder público.
Hay fundados temores de que el quebranto en las finanzas públicas venga a ser el principal obstáculo para transitar hacia una nueva gobernabilidad basada en la justicia social, y en la reparación de los daños causados a miles de víctimas que, en medio de la violencia y la impunidad, pelean a brazo partido para encontrar a sus familiares desaparecidos y castigar a los responsables. Las deudas históricas del pueblo de Guerrero se han multiplicado a causa de la indolencia de las autoridades, que han ignorado a una población sedienta de justicia. Por eso el tránsito hacia una verdadera democracia basada en la justicia y el respeto a los derechos humanos es el puente insalvable para poder saldar las cuentas acumuladas por los gobernantes en turno quienes, en lugar de aplicar la ley, y combatir la impunidad, hicieron causa común con los grupos que delinquen bajo la sombra protectora de quienes deben aplicar la justicia.
En estos meses en que se hará la entrega – recepción de los gobiernos salientes y entrantes, sabremos cuáles son las deudas millonarias que impactaran en el pueblo de Guerrero. Las principales Secretarías, de educación, salud, infraestructura carretera y de desarrollo social, arrastran un gran déficit que se ha endosado a la gente pobre ante el manejo faccioso de los fondos públicos, que se han reducido en analfabetismo, altos índices de monolingüismo, deserción escolar, falta de maestros y maestras, de infraestructura escolar. Así como de las muertes maternas, la desnutrición infantil, el desabasto de medicamentos, las muertes de bebés recién nacidos, por falta de atención especializada en los hospitales del niño y la madre. La grave crisis que se agudiza en el campo a tornado inviable la vida con la sola siembra de las parcelas cuya producción de básicos, resulta insuficiente para el sostenimiento de las familias. A pesar de las reservas naturales que hay en el estado, la población indígena y campesina, no encuentra el apoyo del gobierno para recuperar la autosuficiencia alimentaria dentro de su núcleo agrario y sus nichos ecológicos.
Los estragos seguirán afectando a la clase trabajadora que no encuentra empleos seguros y, que a quienes tienen la fortuna de trabajar en alguna dependencia de gobierno, siguen sin recibir las prestaciones que por ley les corresponde. La falta de maestros, maestras, médicos, médicas, de medicinas, y escuelas nos han colocado como uno de los tres estados de mayor rezago social. Con las deudas impagables es imprescindible que el nuevo gobierno tenga que resarcir estos graves daños que han excluido del presupuesto público a familias de guerrerenses, que han encontrado en los campos agrícolas una tablita de salvación para ganar 150 pesos por una jornada extenuante.
La deuda de la justicia que los gobernantes siguen debiendo a las víctimas es inconmensurable, porque lo que han significado las pérdidas de vidas humanas, los proyectos de vida truncados, la destrucción del tejido familiar y la afectación multidimensional, que han provocado estas graves violaciones a los derechos humanos y las violencias que se multiplican en el entorno familiar y social.
En esta fecha aciaga, donde 17 personas de la Organización Campesinas de la Sierra del Sur (OCSS) fueron masacradas por la policía del estado, no podemos pasar de largo y continuar con esta herida abierta dejando desangrar a las familias que perdieron a sus seres queridos. Es un agravio al pueblo de Guerrero causado por policías desalmados que recibieron órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Se atentó contra la vida de manera premeditada, fue un crimen planeado para causar terror y desbaratar la organización de los campesinos, que habían decidido bajar a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros, y por la demanda recurrente de la dotación de insumos para la siembra de sus parcelas.
De acuerdo con el balance que han hecho compañeras de la OCSS, el origen de su organización fue para denunciar la represión política, para exigir la presentación con vida de los más de 500 desaparecidos de la guerra sucia, para demandar la salida de las fuerzas policiacas que causaban terror dentro de las comunidades y para emplazar a las autoridades por la libertad de los presos políticos. Junto a estas demandas de justicia, también ejercían presión al gobierno para que parara la tala inmoderada de la madera propiciada por empresarios amigos de los funcionarios del estado y protegidos por las corporaciones policiacas. Las demandas básicas formaban parte de su pliego petitorio como lo hacen todas las organizaciones sociales del estado. Lo que unificó a la OCSS fue su postura firme para encarar a un poder represor y desenmascarar al ejército como el brazo ejecutor de una guerra de contrainsurgencia. Esta demanda elemental les costó la vida a 17 campesinos, desatando una persecución contra sus principales líderes. Hubo detenciones arbitrarias, encarcelamientos, tortura y ajusticiamientos, que desde las esferas del poder las justificaban, porque supuestamente se trataba de una organización subversiva. Es decir, que por ejercer su derecho a la protesta y usar la presión social para ser escuchados, el gobernador Rubén Figueroa y su asesor el general Arturo Acosta Chaparro les dieron licencia para matar a los campesinos de la sierra del sur, como sucedió el 28 de junio de 1995.
En estos años de la represión los gobiernos caciquiles utilizaban los programas sociales para corporativizar a los campesinos y a indígenas, y detectar a quienes supuestamente se encontraban vinculados con organizaciones subversivas. Los mismos padrones de productores fueron el instrumento para identificarlos y atentar contra su vida misma. De manera burda excluían a los sectores sociales organizados, que hasta la fecha los siguen considerando como disruptores del orden, como causantes de la violencia y del caos social. Los gobiernos caciquiles siempre han recurrido a la represión para contener el malestar social y en nuestra entidad, el ejército ha implantado una política de contrainsurgencia, focalizando su intervención en los movimientos sociales que expresamente denuncian las violaciones a los derechos humanos, la implantación de una política del terror, y del sometimiento social y político.
La deuda de la justicia por parte de las autoridades de Guerrero, pasa necesariamente por resarcir los agravios y los daños causados a través de un mecanismo extraordinario, donde las víctimas sean las principales protagonistas en un proceso de justicia transicional. Es una coyuntura propicia para que se investiguen los delitos del pasado, para que rindan cuentas las autoridades civiles y militares, y generar medidas de no repetición, combatiendo la impunidad y castigando ejemplarmente a los responsables. El nuevo gobierno tiene que dignificar la lucha de las víctimas, respetar su dolor, reconocer públicamente su contribución para la implantación de un Estado de derecho y conocer la verdad de los hechos. El caso de la masacre de Aguas Blancas perpetrada por policías del estado y planeada desde las altas esferas del poder, encabezado por el ejecutivo estatal tiene que investigarse, porque es una deuda de justicia para las familias y el pueblo de Guerrero. El nuevo gobierno de Evelyn Salgado tiene que afrontar con la fuerza que le dio el pueblo de Guerrero esta gran prueba de quienes aún no encuentran paz en sus corazones.