La semana pasada, la Corte Constitucional hundió parcialmente el Estado de Excepción declarado por el presidente Gustavo Petro en el noreste de Colombia para responder a la crisis humanitaria provocada por una ofensiva del ELN en enero. Petro asumió facultades extraordinarias en la región del Catatumbo para prestar ayuda humanitaria a las decenas de miles de desplazados por la ofensiva del ELN, en la que murieron al menos 80 personas.
Además, el presidente pretendía utilizar los poderes extraordinarios para atajar causas históricas como el narcotráfico y la exclusión económica que alimentan el poder de grupos armados ilegales como el ELN en la frontera con Venezuela. La Corte sólo aprobó medidas de emergencia relacionadas con “la intensificación de las confrontaciones entre el ELN y otros grupos armados ilegales, los ataques contra la población civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC”, los grupos guerrilleros que abandonaron la región como parte de un proceso de paz en 2017. El mismo fallo dijo que el gobierno tendría que buscar apoyo del Congreso para enfrentar “la presencia histórica del ELN, la concentración de cultivos ilícitos, las deficiencias e incumplimientos en la implementación del (programa de sustitución de cultivos) PNIS, las necesidades básicas insatisfechas de la población por insuficiente política social y los daños a la infraestructura energética y vial, así como la afectación a las operaciones del sector de hidrocarburos”. Tres de los siete magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, querían hundir todo el Estado de Excepción y todas las medidas de emergencia adoptadas sin el Congreso en los últimos tres meses.
A pesar del decepcionante resultado para el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la decisión de la Corte de aprobar que “se inviertan en el Catatumbo más de 2.7 billones de pesos colombianos (644.7 millones de dólares) para restablecer el orden, la soberanía, erradicar cultivos ilícitos, construir carreteras, sedes universitarias y puestos de salud, y el retorno a su territorio de 64 mil desplazados”. Y es que no se trata de la única mala noticia que ha vivido el Presidente colombiano en las últimas semanas.
En efecto, el ex canciller Álvaro Leyva publicó hace unos días en la red social X una carta de cuatro páginas cuidadosamente redactada, en la que acusa al presidente Gustavo Petro de drogadicción, poniendo en duda su capacidad de gobernar Colombia. Leyva, de 82 años, es una figura enigmática de la política colombiana que desde hace tiempo desafía cualquier categorización fácil. Aunque pertenece a las élites tradicionalmente conservadoras, pasó décadas abogando por una paz negociada con los grupos guerrilleros de izquierda, incluido el M-19, del cual Petro fue un militante de rango medio. En este sentido, Leyva, no se anduvo con rodeos. “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción”, escribió Leyva, en referencia a un viaje oficial a Francia en junio de 2023 durante el cual Petro supuestamente desapareció de las actividades de su delegación durante dos días. “Su recuperación lamentablemente no se ha producido”. En uno de los pasajes más punzantes de la carta, Leyva advierte a su ex superior que “sus días en el gobierno serán recordados por el caos y la improvisación”. El ex diplomático también alega que los ayudantes más cercanos del presidente –el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la actual ministra de Asuntos Exteriores, Laura Sarabia– “miran para otro lado” y que “la verdad se ha vuelto incómoda, y quienes la dicen son tratados como enemigos”.
Petro, que ya ha sido noticia por calificar la cocaína de “no peor que el whisky” y abogar por su legalización, respondió con ligereza a las palabras de Leyva: “¿No hay parques, museos, librerías en París que son más interesantes que el escritor?”, comentó el presidente. “Casi todo en París es más interesante. ¿No tengo allí hijas y nietas mucho más interesantes que el escritor?”. Mientras Petro ha desviado el tema del abuso de sustancias, la acusación de Leyva ha aterrizado con fuerza en medio de un momento ya tenso para la presidencia. La carta de Leyva, y la decisión de la Corte Constitucional, han revitalizado a la oposición mientras el país comienza a prepararse para una campaña para elegir al sucesor de Petro en 2026. No se puede descartar una alternancia hacia la derecha el próximo año.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada