A poco más de diez días de las elecciones presidenciales brasileñas, las encuestas de opinión se multiplican, y apuntan hacia una polarización histórica entre la extrema derecha, representada por Jair Bolsonaro, y el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad. Según una encuesta del instituto IBOPE publicada el pasado lunes, Jair Bolsonaro se encuentra estancado, con el 28% de los votos, frente al candidato del PT, que obtiene el 22%, 3% más que la semana anterior. Este resultado, que hubiera parecido impensable hace algunos meses, tiende día con día a cristalizarse, ante los ojos atónitos de la prensa brasileña, que ha hecho todo lo posible para denostar al ex presidente Lula y al candidato de su partido, el PT, desde hace ya numerosos años.
Para Lula, el eventual regreso del PT a la Presidencia significaría más que una redención política y personal: sería la mejor muestra de que la destitución abusiva y a todas luces antidemocrática de Dilma Rousseff en 2016, y su encarcelación en 2018 por un “acto indeterminado” –para parafrasear a su perseguidor el juez Sergio Moro– fueron un gran equívoco de consecuencias todavía no calculadas. En efecto, desde el inicio de la operación Lava Jato, dirigida desde la ciudad sureña de Curitiba por Moro y los procuradores del Ministerio Público, encabezados por Deltan Dallagnol, el objetivo de estos jueces y magistrados fue claro: emprender una cruzada moral y política para “refundar la República”, retomando las palabras de Luis Roberto Barroso, juez de la Corte Suprema de Brasil. Basados en la experiencia de la operación Mani Pulite (Manos Limpias), que acabó con el sistema de partidos de Italia a mediados de los años 1990, y que tuvo como fruto político la llegada del derechista Silvio Berlusconi al poder, los miembros del Poder Judicial pensaron que usando y abusando de los mecanismos de la detención preventiva, de su relación con los grandes medios de comunicación, en particular el grupo Globo, y de su poder de intimidación hacia la clase política, lograrían destruir el legado político del ex presidente Lula, acusándolo de ser el “líder de una sociedad criminal”, que sería el PT.
Al día de hoy, está sucediendo todo lo contrario: no solamente la clase política brasileña sigue en pie, con los mismos caciques regionales en buena posición para retener sus espacios de poder, como las gubernaturas y las senadurías en juego en esta elección, sino que el sistema de partidos quedó intacto. El único partido que visiblemente fue impactado de lleno desde el punto de vista electoral fue el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fundado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. El candidato del PSDB, el ex gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, a pesar de haber logrado construir alianzas políticas con nueve partidos, y disponer de la mayor proporción del tiempo de televisión atribuido a los candidatos presidenciales, no consiguió alcanzar más de 10% de la intención de votos. Frente a ese escenario sombrío, el propio ex presidente Cardoso ha tenido que salir al quite, publicando una carta destinada a los candidatos que enarbolan el supuesto “centro político”, que en realidad designa el “centro derecha”, con el objetivo de que se unan y apoyen al candidato del PSDB. Sin éxito, puesto que Marina Silva, del partido Rede y ex ministra de Lula, y Henrique Meirelles, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y ex ministro del banco central durante los dos mandatos de Lula, no aceptaron declinar en favor de Alckmin. De tal suerte que la segunda vuelta se llevará a cabo, muy probablemente, entre por un lado Fernando Haddad, y Jair Bolsonaro, el heredero de los electores del PSDB. Para los jueces de la operación Lava Jato, que querían “refundar a Brasil” desapareciendo del mapa al PT, la formación política de la izquierda electoral, este resultado, si se confirma, será una gran derrota política.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada