La nueva narrativa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha desentrañado los hilos de la corrupción que se tejieron a lo largo de varios sexenios, y que con el estilo que lo caracteriza, le llamó la mafia del poder. Desde los primeros días de gobierno se desmarcó de la vida suntuosa y extravagante que formó parte del sello distintivo de quienes ostentaron el poder presidencial. La residencia oficial de Los Pinos se abrió al público para transformarla en un Complejo Cultural, destinado para el turismo. Puso en venta el avión presidencial junto con todas las aeronaves que eran utilizadas por los altos funcionarios. Lo más simbólico y valioso fue desacralizar la figura presidencial, desmitificarla, pero sobre todo colocar a los ex presidentes como cualquier ciudadano mexicano. La mejor medida para darles el trato de simples mortales fue cancelar sus pensiones millonarias. Otra decisión importante fue eliminar los pagos que eran con cargo al erario, de seguros para gastos médicos, que de acuerdo con el informe que ayer presentó significaban una erogación de 6 mil millones de pesos anuales. A pesar de los riesgos que corre, el presidente desapareció el cuerpo de elite conocido como Estado Mayor presidencial, que contaba con 8 mil elementos, dedicados a cuidar al presidente y a su familia, erogando varios millones de pesos por los altos sueldos y las prestaciones que recibían, más alta que las del resto de soldados, marinos y policías.
En noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el fin de obligar a estos servidores ajustar sus sueldos tomando como referencia la remuneración que obtiene el presidente de la República. Esta postura generó mucho malestar entre la alta burocracia, acostumbrada a ganar sueldos estratosféricos con un sinfín de beneficios que obtenían de fondos especiales, y de la caja de ahorro, destinada para altos funcionarios públicos que implicaba una erogación de 5 mil millones de pesos al año.
Una prueba de fuego que enfrentó el nuevo gobierno fue el combate al robo de combustible en los ductos de Pemex. La respuesta de los grupos políticos y económicos que sintieron amenazados sus intereses fue boicotear el abasto de gasolina. El escenario se complicó con la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo el 18 de enero de este año, donde murieron 137 personas y 48 más resultaron heridas. A pesar de las implicaciones de esta tragedia, su lucha contra el huachicoleo no dio marcha atrás, sino por el contrario, ha logrado reducir el robo de combustibles a un 94 por ciento, que de acuerdo con el informe presidencial le permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año.
El 26 de septiembre de 2018, cuando se cumplían cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tuvo su primer encuentro con las madres y padres de familia en el Museo Memoria y Tolerancia. En esa reunión el presidente asumió el compromiso de crear una comisión sobre el caso Ayotzinapa. Durante este tiempo se trabajó con el equipo de transición del nuevo gobierno para darle forma a esta Comisión, con el fin de crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas por parte del nuevo gobierno para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y den con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Un hecho muy significativo para las madres y padres de los 43 fue cuando el presidente de la República emitió el decreto mediante el cual crea la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Fue una de las primeras acciones que realizó en Palacio Nacional el 3 de diciembre de 2018. La instalación formal de esta comisión ocurrió el 15 de enero de este año en la Secretaria de Gobernación, con la asistencia de su titular Olga Sánchez Cordero, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el ahora secretario de Hacienda Arturo Herrera. Con esta nueva Comisión se han dado pasos importantes orientados a reforzar las líneas de investigación planteadas por el GIEI y establecer importantes acercamientos con la Secretaría de la Defensa Nacional y la integración al nuevo grupo de expertos que formaron parte de lo que fue el GIEI.
Es muy importante resaltar la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en ceremonia encabezada por el presidente de la República en marzo de 2019. En esa reunión el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció la existencia de una profunda crisis forense, que atribuyó a la falta de recursos, de criterios, así como a un desconocimiento de la normatividad. Para ello se comprometió a crear cinco institutos regionales forenses, en construir 15 cementerios forenses, contratar un equipo de expertos para inhumar cuerpos en fosas y adquirir equipos para la identificación de cadáveres.
El apoyo a las víctimas se ha transformado en una acción prioritaria por parte del nuevo gobierno, sin embargo, la multiplicidad de colectivos que luchan a brazo partido para exigir a las autoridades que investiguen la desaparición de sus seres queridos, no se ha traducido en hechos tangibles. Vemos todavía que, al interior de la misma Fiscalía General de la República, no se han dado cambios en el personal que ha sido parte de una burocracia que se ha coludido con intereses macrodelincuenciales y ha protegido más a los perpetradores, en lugar de defender los derechos de las víctimas. El aparato de justicia sigue siendo el elefante que no avanza con el ritmo y en la dirección que la sociedad reclama con mucho pundonor.
El mismo presidente de la República ha reconocido que no hay avances en el tema de la seguridad. A pesar del despliegue de la Guardia Nacional en varias regiones de la república, donde se ubican los focos rojos, el crimen organizado sigue cobrando muchas vidas y se mantiene a la ofensiva, al grado que junio fue de los más violentos de este año y del 2018. La población sigue desconfiando de los agentes del Estado, porque nada le garantiza que con una capacitación se transformarán en nuevos servidores que estarán dispuestos a proteger al pueblo. Mientras no se desmonte un aparato donde se mantienen enquistados intereses de grupos y mafias del poder, por sí solos los elementos de la Guardia Nacional no podrán remontar esta muralla de la impunidad.
A pesar de que existe el compromiso de separar el poder político del económico, en los hechos vemos que la clase política sigue simulando este compromiso. Se mantiene muy viva la tendencia de los grupos políticos locales de continuar lucrando con los cargos, y sobre todo con el presupuesto público. También muchos políticos, sobre todo en Guerrero siguen jugando con fuego, le apuestan a que en las regiones pueden continuar con las alianzas que han establecido con grupos de la delincuencia organizada. Vemos un desfasamiento en esta nueva narrativa presidencial con los mismos grupos de Morena, que se disputan los cargos públicos y que repiten las mismas prácticas truculentas para ostentar el poder. A pesar de la ola lopezobradorista que en Guerrero obtuvo una alta votación, los ciudadanos y ciudadanas expresan un gran malestar por la forma de como se están aplicando los nuevos programas federales, que no están llegando a los beneficiarios que se ubican en las regiones más recónditas. Hay una falla en la aplicación de estos programas, tanto en el diseño como en la forma de operar. Lo más grave es que persiste una descoordinación entre las diferentes dependencias gubernamentales, tienen visiones y criterios diferentes en la forma de atender a la población y resolver sus problemas. Lo que más preocupa es que no hay un trabajo cercano con la población, existe más bien una actitud de rechazo hacia la población que protesta.
El caso reciente que dejó a más de 20 mil productores fuera del programa fertilizante, es un ejemplo claro de la falta de una planeación participativa y de la tendencia a seguir aplicando programas desde el escritorio desvinculados de los actores locales, para supuestamente no quedar atrapado en intereses facciosos. Prevaleció más la postura confrontativa entre los grupos políticos en detrimento de la población depauperada. Lo más grave es que se haya descalificado de tajo cualquier movilización y protesta y no se haya informado con objetividad al presidente de la República, de las fallas en la implementación de este programa. Es muy grave que se prefiera mantener una buena imagen del trabajo que se realiza, por encima de los daños que se ocasionan a la población que está destinada a recibir los beneficios. Está ausente esa visión que quiere imprimir el presidente de la República de priorizar la atención a los pobres, de hacer llegar los programas a las familias más necesitadas, de no discriminarlas a la hora de atenderlas y mucho menos de obligarlas a dar vueltas y realizar gastos innecesarios, cuando se les obliga a viajar a las cabeceras municipales para recoger sus apoyos, como ha sucedido con el programa para el bienestar.
Las expectativas del pueblo de Guerrero son muy altas, para alcanzar un cambio verdadero. La gente mantiene ese espíritu combativo, sin embargo, se ha impacientado porque la forma en como se han querido aplicar estos programas no es la más apropiada y porque, además, está constatando que quieres tienen la encomienda de realizar estos cambios no tienen la estatura ni la cercanía para lograrlo.