El 4 de diciembre de 2014, a poco más de dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el presidente de la República Enrique Peña Nieto expresó con su aire triunfalista: “Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia (a)delante y podamos realmente superar este momento de dolor… (Lo ocurrido) obliga a que el gobierno de la República venga aquí (y) dé la cara a los guerrerenses… (Estos hechos) lastiman a toda una sociedad que quiere vivir en paz, que quiere vivir en orden, que quiere vivir con tranquilidad”. Más tarde en Acapulco aseguró que su gobierno “está decidido a resolver el caso deteniendo a todos los responsables”, así como a promover cambios para evitar que hechos así se repitan y a apoyar el desarrollo de la entidad.
Nadie imaginaría que a más de dos años y medio la palabra presidencial defraudaría a todos los mexicanos y mexicanas por su empecinamiento en mantener como válida la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. En los hechos ha ignorado las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que demostraron que se trata de una versión sin sustento científico.
Dar la vuelta a la página del dolor ha representado para las madres y padres de los 43, así como para las miles de familias de desaparecidos un trato cruel y discriminatorio porque en lugar de proteger a la población que sufre se encubre a los perpetradores. Las líneas de investigación que propuso el GIEI han quedado truncas por falta de voluntad política. Es inconcebible que a más de 30 meses no hayan podido detener a los policías de Huitzuco, a pesar de que están identificados. Que tampoco se haya avanzado en las investigaciones sobre el paradero del quinto autobús, así como todo el entramado delincuencial que existe con el mercado de la droga en las megalópolis de Estados Unidos. La macro criminalidad nos ha atrapado en sus redes y en Guerrero las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, el Ejército y la Marina operan desde la oficialidad para sostener una economía criminal que nos ha hundido en la pobreza y la violencia.
Toda la línea de investigación sobre la telefonía celular ha quedado empantanada y el trabajo minucioso que requiere el seguimiento de las llamadas hechas el 26 y 27 de septiembre de 2014, arrojan muchos datos que pueden desentrañar los vínculos que permitieron este mega operativo perpetrado por la delincuencia en coordinación con los actores estatales. El mismo comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, expresó su asombro en el pasado periodo de sesiones del mes de marzo en Washington D.C., en el marco de la audiencia pública sobre el caso Ayotzinapa, al decir que “si las autoridades mexicanas pudieron dar con el paradero del Chapo Guzmán, pueden encontrar a los 43”. Por esto mismo, es increíble constatar que estas mismas autoridades no puedan ubicar ni identificar al “caminante” ni al “patrón”, cuando existe un sinnúmero de evidencias que facilitarían su captura.
Las madres y los padres de familia corroboraron en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, que las autoridades mexicanas no están dispuestas a impulsar estas líneas de investigación porque desmontarían toda la escena del crimen que fue fabricada minuciosamente en el basurero de Cocula. Siguen defendiendo que esta hipótesis es la más consolidada, solo porque la misma Procuraduría General de la República (PGR) ha mantenido estancadas las demás hipótesis, que cuentan con muchos elementos para reconstruir los diferentes escenarios de la noche trágica de Iguala.
A pesar de esta cerrazón las madres y padres de familia han tenido la fuerza para romper con el muro presidencial que busca silenciar a las víctimas y opacar la grave crisis de derechos humanos que padecemos. Desde que el Poder Ejecutivo optó por militarizar el país y declaró una guerra sin cuartel a los cárteles de la droga, México cayó en la debacle delincuencial. Es un capítulo de la violencia imparable que ahora quiere ser cerrado con una investigación que a todas luces ha evidenciado las fallas estructurales de nuestro sistema de procuración de justicia.
Gracias a la tenacidad y arrojo de las mamás y papás pudieron abrir un resquicio al muro infranqueable de la justicia estatal, cuando en el marco de las medidas cautelares solicitaron la asistencia internacional con la participación de un grupo de expertas y expertos que dieran seguimiento a la investigación realizada por la PGR y a la búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos. Esta primera batalla resquebrajó la concha de las investigaciones ministeriales que arrastran los vicios añejos de fabricar pruebas y de construir versiones falaces a punta de torturas.
Por el GIEI las madres y padres de familia pudieron reposicionarse en esta lucha desigual en la que todo el aparato gubernamental se abalanzó contra las 43 familias humildes, al exhibir a sus hijos ante los medios de comunicación como miembros del crimen organizado. El mismo procurador Jesús Murillo Karam cuando escuchó nuestra solicitud de que no hiciera pública su verdad histórica, se mofó, porque interpretó que nuestra petición era en el sentido de que callara la verdad porque la lucha de las madres y padres se quedaría sin una causa qué perseguir. Pensó que nuestra postura era política. Estuvo muy lejos de entender que era necesario tener pruebas científicas y que se requería un grupo de expertas y expertos independientes que ayudaran a dilucidar mejor la hipótesis, para allanar el camino de la verdad.
Fue muy doloroso para todos y todas no sólo escuchar esta versión inverosímil sino soportar toda la avalancha mediática que daba por sentada esta versión, dejando a las mamás y papás en una situación sumamente adversa, por lo que representaba ver por televisión a los supuestos autores de los asesinatos e incineración de sus hijos. Esas cenizas esparcidas por el gobierno no llegaron a convencer a una población ávida de verdad y de justicia. Su mentira se volatilizó y se fue difuminando a lo largo de los meses, mientras las mamás y papás se erigían como una fuerza moral que golpeaba al poder con sus propias armas, porque le fueron devolviendo uno a uno sus golpes mortíferos con los datos científicos que fueron presentando detalladamente tanto el GIEI como el EAAF. El acero de la dignidad de estas familias del campo, que saben por experiencia la manera cómo actúa el fuego en el cerro, fue cincelando y agrietando la verdad histórica del gobierno, que se ha ido desmoronando y cayendo a pedazos. El boquete ha quedado al descubierto con el caso del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien fue el artífice de esta falacia al llevar al río san Juan a uno de los detenidos quien señalaría posteriormente cómo fueron los hechos.
El mismo GIEI demostró este modus operandi del alto funcionario de la PGR, sin embargo, para el Ejecutivo federal no fue razón suficiente para destituirlo. Por su ingeniosa versión fue colocado al lado del poder presidencial. Esta cerrazón política ha sido insuficiente para mantener infranqueable las estructuras del poder político.  Su acto de fuerza es una respuesta al cuestionamiento de fondo que la sociedad ha hecho al sistema de justicia estatal que está cimentado no en el Estado de derecho sino en los intereses facciosos de la clase gobernante, que busca anclarse en el poder pisoteando la dignidad de quienes luchan por la justicia y la verdad.
Las grietas del poder aparecen en diferentes partes de este muro infranqueable construido por políticos sin escrúpulos que se han erigido como los verdugos de un pueblo pobre que resiste y que golpe a golpe va socavando un poder que se ostenta como invencible. La fortaleza que aparenta tener este sistema a través del control de las instituciones, de los cargos y los presupuestos es la que alimenta su confianza en su propia fuerza. Han depositado en los agentes estales armados su apuesta para seguir siendo gobierno durante más años. Quieren mantener un muro invencible militarizando al país, de ahí la urgencia de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Para encallarse mejor en el poder se han aliado con los grupos de la delincuencia organizada para que éstos realicen el trabajo sucio y se encarguen de generar terror en la población que se organiza, creando un escenario del caos que logre imponer una idea fatalista del cambio.
La clase gobernante sabe que carece de legitimidad y le preocupa en la medida en que se resquebraja el muro de sus privilegios. La población sabe cuáles son los intereses que mueven a los gobernantes, conoce las entrañas de su corazón de piedra y sabe que no encontrará en ellos sentimientos ni valores que los impulsen a defender con ahínco a las personas que sufren, y que en medio de su dolor iluminan el camino de la justicia.
Las grietas del poder se multiplican entre las familias que se organizan y resisten aferrándose cada mañana para dar con el paradero de sus hijos. Estas ranuras se ensanchan en los lugares donde los pueblos se organizan para defender sus territorios, donde resisten y usan las leyes y su sistema de seguridad como el escudo más eficaz para torpedear al poder. Estas grietas son como la falla de San Andrés que atraviesa este macizo montañoso. Puede más la sismicidad de los movimientos que luchan contra las reformas neoliberales que las murallas de policías apertrechados, amaestrados para reprimir.
Caminando cuesta arriba, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos emprenderán este jueves 20 de abril una nueva jornada en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que den con el paradero de sus hijos. La combatividad de los familiares robustecida por su autoridad moral, socavará este muro de la iniquidad, porque nuestro país ya no aguanta más mentiras ni discursos huecos. Mucho menos soporta autoridades que encubren a los perpetradores y que defienden un sistema que ha desaparecido a miles de personas y que ha cavado fosas clandestinas para tapar sus tropelías. La visita a nuestro país de la Relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, es otra gran oportunidad para que las autoridades mexicanas dejen de seguir reciclando su discurso hueco en favor de las víctimas, y presenten resultados tangibles sobre las otras líneas de investigación, y puedan decir a la sociedad y al mundo qué pasó realmente con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.