El próximo 5 de febrero sabremos a ciencia cierta el paquete de reformas que Andrés Manuel López Obrador propondrá al Congreso. Se sabe ya de algunas, desgranadas de manera aislada en las últimas mañaneras por el propio presidente, pero también ha dicho que habrá sorpresas. Entre las conocidas: una reforma judicial de fondo, que incluiría la elección popular de los ministros, el traslado de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, jubilación de trabajadores con el 100% del salario, modificación sustancial del INE, eliminación de comités de competencia y otros organismos autónomos, eliminación de curules y escaños plurinominales en el Congreso, garantía de incrementos al salario mínimo por encima de la inflación, mayor austeridad del gobierno federal.
Cada una de estas propuestas merecería un análisis per se y seguramente algunas son más viables que otras, aunque también hay las que serían prácticamente inaplicables (salarios al 100% para el resto de la vida de los pensionados). Pero todas tienen en común que requieren una mayoría “constitucional” para ser aprobadas, es decir, dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Algo que los legisladores de Morena y sus aliados están muy lejos de conseguir. La oposición posee los votos suficientes para rechazar sin despeinarse todas y cada una de las propuestas que exijan un cambio de la Constitución. Y seguramente lo hará, no solo porque por razones de interés e ideología sería contraria a ellas, también porque en pleno período electoral no estaría dispuesta a otorgarle victoria alguna al partido en el poder.
En otras palabras, las propuestas del presidente están destinadas a ser rechazadas, y él lo sabe. ¿Por qué lo hace? Varios críticos han propuesto esencialmente dos razones para explicarlo; coincido en una (ventajas electorales) y difiero diametralmente de la otra (imponerle una agenda de trabajo a Claudia Sheinbaum)
Uno, por razones electorales. En efecto, casi todas estas propuestas son populares entre la mayor parte de los votantes. Algunas encajan perfectamente con la enorme desconfianza que inspiran la burocracia y los funcionarios en los ciudadanos, aunque no se entre en detalles de lo que representaría la supresión de lo que hacen. Otras permiten suponer una ventaja inmediata para los sectores más desprotegidos (salario mínimo progresivo). Y hay alguna más que parecería beneficiar a los pobres, cuando en realidad hace algo distinto: en otro texto he argumentado que la jubilación al 100% del salario opera, en realidad, en contra de los más pobres. El 52% de la población trabaja en el sector informal y no recibiría beneficio alguno del enorme esfuerzo que tendría que hacer el Estado para el pago de esas pensiones; equivaldría, pues, a una transferencia masiva hacia los sectores medios.
En suma, abogar por todas estas reformas le ofrece al presidente una importante munición durante las próximas semanas para argumentar la vocación de su gobierno en favor de los pobres. Y más importante aún, el desgaste que supone para la oposición votar en contra de estas propuestas y, por ende, en contra, aparentemente, del interés de las mayorías. Una factura política que López Obrador espera cobren los votantes a los candidatos de PAN, PRI y PRD.
Dos, imponer un estrecho corsé al próximo gobierno. Según sus críticos, el otro propósito de esta batería de reformas es constituir una suerte de programa de acción de su relevo, Claudia Sheinbaum, aún si ahora son rechazadas. Según esta tesis, al no estar en condiciones de reelegirse, se supone que López Obrador intenta imponer lo que más se le parece: el programa de gobierno del siguiente sexenio. Creo que es una conclusión equivocada por dos razones: primero, porque al tratarse de reformas que requieren mayorías constitucionales o calificadas, el presidente sabe que no están al alcance de Claudia Sheinbaum. Si él no pudo, ni en 2018 con su triunfo de 53% de los votos y mucho menos en las elecciones intermedias de 2021, menos se conseguirá en 2024 cuando él no esté en la boleta, ya no digamos en 2027 a la mitad del sexenio de Sheinbaum. Para obtener la mayoría calificada se requieren 86 senadores del total de 128; eso significaría ganar con el 68.8% de los votos y haber triunfado en las 32 entidades federativas para quedarse con los dos escaños correspondientes a cada una. Improbable, por donde se le mire.
Segundo, asumiendo, sin conceder, que tal cosa pudiera lograrse, el efecto lo tendría el presidente López Obrador porque la siguiente legislación se instala el 1 de septiembre, 30 días antes de que él deje el poder. Es decir, no hay razón alguna para imponer nada a Sheinbaum porque de darse el milagro él mismo sería el beneficiario. Eso significa que enviaría sus reformas el primer día tras alcanzar esa mayoría. Y si el milagro no se consigue, ningún sentido tiene intentar imponer un corsé que su relevo no está en condiciones de poder llevar a cabo, incluso si quisiera.
No, el propósito de López Obrador, además de “la astucia” electoral es otro. Su mirada está puesta en la historia, en su legado. Aún rechazadas, las reformas presentadas le permiten al presidente completar su ideario: “algunas cosas pude, otras las intenté pero los adversarios del cambio las impidieron”. Pero ambas, lo que se logró y lo que se intentó, constituyen el corpus político e ideológico con el que el mandatario quisiera ser recordado una vez que forme parte del panteón de la historia.
Si juzgamos la relación que López Obrador tuvo con sus relevos al dejar la presidencia del PRD a Pablo Gómez (1999) y luego la Jefatura de la Ciudad de México a Marcelo Ebrard (2006), observaremos un escaso involucramiento. Desde luego, al tabasqueño le importa el futuro de su movimiento, el éxito de los gobiernos de la Cuarta Transformación que habrán de venir, pero entiende que lo que sigue escapa a su control. Se siente cómodo con su sucesora, pero en todo caso la suerte está echada. Lo que sí está bajo su control, o así lo asume, es la consolidación de lo que será su paso por la historia. “Aspiro a ser el mejor presidente después de Benito Juárez”, ha dicho en más de una ocasión. De allí la importancia de documentar los argumentos y las pruebas para intentar demostrarlo, y eso incluye lo que hizo, tanto como lo que quiso hacer. El 5 de febrero conoceremos el resto de su testimonio político.

@jorgezedpedap