Durante la pandemia, cuando la vida de millones se fracturó, algo doloroso sucedió en la Ciudad de México: aumentó el trabajo infantil. No fue casualidad, era la consecuencia directa del desempleo, del cierre de escuelas y de la desesperación causada por un virus que nos obligó a frenar la vida social y económica para resguardar nuestra salud. Ahí, cuando la crisis amenazaba con arrebatar la infancia a cientos de niñas, niños y adolescentes, la entonces jefa de Gobierno, hoy Presidenta Claudia Sheinbaum, tomó una decisión crucial: intervenir pero bajo los principios humanistas que siempre han caracterizado a la Cuarta Transformación.
Seamos honestos, ningún padre o madre desea ver a sus hijas o hijos en el trabajo infantil. Lo que en ese momento los empujó no fue falta de cariño, sino el desempleo que sufrieron las y los cuidadores, madres o padres de familia, el cierre de sus pequeños negocios, el encarecimiento del nivel de vida que millones de mexicanos y mexicanas vivieron. Y ante eso, hay dos rutas: criminalizar y castigar, o proteger y acompañar. Bajo la instrucción directa de la Presidenta, se eligió la segunda, poniendo la dignidad de estas familias como prioridad, y entendiendo que la justicia social no se construye desde el desprecio, sino desde la empatía y las políticas públicas inclusivas.
Lo primero fue dimensionar esta problemática. Realizamos un censo profesional, riguroso y respetuoso. Sin chalecos institucionales, sin aparatos intimidatorios, sin irrumpir en la vida de nadie. Nos capacitamos con especialistas en infancias y adolescencias y, desde la observación discreta, recabamos información clave: cuántas niñas y niños estaban en las calles, sus edades, si estaban acompañados, si pertenecían a comunidades indígenas, cuánto tiempo pasaban ahí, qué hacían, y cuáles eran las personas adultas que les acompañaban, si así era. La instrucción de la doctora fue clara, no se trataba de “contarlos”, ni criminalizarlos, sino de entender su contexto y necesidades.
Con el diagnóstico y censo realizado, entramos al campo con los equipos especializados de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Detectamos que el 95 por ciento de las niñas, niños y adolescentes que necesitábamos atender vivían en condiciones de alta vulnerabilidad. Muchas familias eran indígenas migrantes de Chiapas, Guerrero, Puebla, Hidalgo y Estado de México. Llegamos como se debe llegar cuando se trabaja con familias en situación de vulnerabilidad: sin juicios, sin amenazas, sin estigmas. Nuestro mensaje fue transparente desde el primer momento: no venimos a quitarte a tus hijas o hijos; venimos a ayudarte para que no tengan que estar aquí, ellas y ellos merecen estar en un lugar seguro. Déjanos apoyarte.
Ese apoyo no era un folleto ni una promesa vacía. La Presidenta ha impulsado, en la Ciudad de México y ahora a nivel nacional, eliminar la idea de una burocracia fría de escritorio; los servidores públicos deben estar presentes, ser eficientes y humanos con la problemática social que aqueja a la población.
Así, se construyó una política pública para el trabajo infantil con una visión integral, diseñada para abrir caminos y acompañar a las familias, no para fracturarlas. Se ofreció ingreso a centros de día donde las niñas y niños podían recibir alimentos, apoyo educativo incluso en línea, talleres culturales y deportivos, atención psicológica y un entorno seguro, mientras las y los tutores trabajaban. Además, se otorgaron becas Leona Vicario por cada niña o niño en la familia, despensas mensuales con canasta básica por cada integrante de ese núcleo, además de atención médica y odontológica, y apoyo para encontrar vivienda en casos de pérdida de hogar. Incluso se gestionaron cirugías cuando la salud estaba en riesgo.
A fin de fomentar una cultura de corresponsabilidad entre familia y estado, esta atención venía acompañada con un compromiso firmado por los padres de no volver a exponer a las niñas, niños y adolescentes al trabajo infantil. Cuando detectábamos que una niña o niño volvía a trabajar en la calle, se intervenía de nueva cuenta a las familias para avisarles que, de persistir la situación, tendríamos que intervenir para proteger a la infancia.
Debo reconocer que, contra el pronóstico de algunas dependencias, en la inmensa mayoría de los casos, las madres y los padres cumplieron. No porque los obligamos, sino porque, al fin, tenían una alternativa para sus hijas e hijos. Porque cuando un gobierno ve una crisis social y responde con mano extendida, con mucha empatía y humanismo –en lugar de usar mano dura–, la gente confía, coopera y avanza.
Pero no todo fue sencillo, también hubieron casos graves, casos de trata de personas. Ahí no hubo tolerancia. Se abrieron carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se protegieron inmediatamente a las niñas, niños y adolescentes, y se entregaron a familiares que demostraron vínculos consanguíneos y condiciones para cuidarlos. La protección de derechos humanos jamás estuvo en contradicción con la aplicación de la ley. Esta política honró una convicción profunda de Claudia Sheinbaum: sensibilidad no significa debilidad; firmeza no significa violencia.
Hoy, ya como Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum sigue apostando por esa visión: la que no abandona a las infancias, la que no criminaliza la pobreza, la que reconoce que los derechos no son discursos sino garantías que se sostienen con presupuesto, equipos y decisión. Esa visión coloca a la niñez primero, no por cálculo electoral –porque las niñas y los niños no votan– sino porque durante demasiado tiempo se les dejó fuera. Hoy se les reconoce como prioridad, no como cifra.
Los problemas de las niñas y los niños en situación de calle no se resuelven con una simple moneda o una política punitivista contra las familias, pues en algunos casos, estas acciones pueden perpetuar o incluso empeorar su condición. Sus historias duelen, interpelan y nos obligan a mirar de frente realidades que como sociedad muchas veces preferimos no ver, pero que necesitan nuestra atención institucional y coordinada para generar soluciones.
Para mí, siempre ha sido una convicción profunda: una sociedad se engrandece cuando pone a sus niñas y niños en el centro. Estamos construyendo ese México donde cada niña, niño o adolescente encuentra más y mejores oportunidades a través de la garantía efectiva de sus derechos.
Eso defendimos entonces y eso seguimos defendiendo hoy en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum: un México donde nadie tenga que elegir entre sobrevivir y proteger a sus hijos, donde la vulnerabilidad se enfrenta con justicia social, no con prejuicios, donde las infancias son prioridad y motor de cambio.
Nos leemos el próximo martes.

@EsthelaDamian