EL-SUR

Martes 28 de Junio de 2022

Guerrero, México

Opinión

Las lecciones de Oaxaca

Jorge Zepeda Patterson

Julio 25, 2005

 

La pesadilla que vive el diario Noticias de Oaxaca por el embate despiadado y primitivo por parte del gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz, deja una serie de lecciones y moralejas. La principal de ellas es poner en evidencia la necesidad de convertir en delito de orden federal las agresiones a la prensa por parte del crimen organizado (sobre todo narcotráfico) y los ataques de los poderes caciquiles de gobernadores y autoridades locales que buscan silenciar al periodismo que les es adverso.

Nunca en la historia reciente la prensa había padecido la ola de ataques, asesinatos y amenazas que se ha desatado en los últimos dos años. México disputa con Colombia el indecoroso honor de ser el país con las peores estadísticas con relación a los ataques a la prensa. En el mundo sólo las zonas de guerra como Irak y Afganistán superan nuestras estadísticas rojas en esta materia.

El acoso a la prensa no tiene misterio. Es el resultado del peso creciente que adquiere la opinión pública en México. No es que antes viviésemos en un país mejor. Simplemente es que ahora la clase política depende de los votos y las percepciones de la población para mantenerse en el poder. En el pasado la carrera de un funcionario de alto nivel dependía exclusivamente de la disposición de su jefe y por ende de su lealtad; hoy en día su futuro depende, además, de su reputación pública. A medida en que los periodistas se fueron desembarazando de los mecanismos de control oficial, las tareas de fiscalización de la prensa han ido en aumento por todo el país. No pasa un día sin que algún diario o noticiero de radio ofrezca un reportaje sobre los abusos o la corrupción de alguna autoridad local. Y justamente ese es el problema.

El caso de Oaxaca revela que una parte de la clase política no está dispuesta a soportar este nuevo orden de cosas. Noticias de Oaxaca ha sido objeto de todas las agresiones que podría incluir el manual del cacique anacrónico: tres veces se han tomado por asalto las instalaciones del diario, se ha sembrado un muerto en sus bodegas, se han secuestrado los camiones y los ejemplares en innumerables ocasiones y, finalmente, el tiro de gracia: se ha declarado una huelga sin que participara alguno de sus trabajadores. Este último recurso, casi calcado, fue el que destruyó hace algunos años al diario ABC en Tijuana, dirigido por Jesús Blancornelas.

Todo esto ha sucedido ante la pasividad de las autoridades, pese a la indignación que ha provocado entre la opinión pública nacional e internacional. Nunca como ahora el gobierno federal ha exhibido su falta de oficio. Escudándose en el hecho de que se trata de un asunto de competencia local, simplemente ha visto “con preocupación” los acontecimientos. Aunque nos congratulamos de habernos librado de los viejos operadores políticos de Bucareli, en casos como estos uno no puede menos que extrañar el oficio que tenían para resolver estos asuntos. Alguien debió de exigir al gobernador Ulises Ruiz parar la agresión o atenerse a la reducción de apoyos por parte del gobierno federal. No hay gobernador que resista una súbita burocratización de permisos y presupuestos por parte de Hacienda, Semarnat, Banobras y Comunicaciones (pero es mucho pedir una puesta en común de esta naturaleza, considerado que el gabinete es incapaz de ponerse de acuerdo para emitir un simple comunicado). Alguien debió de hablar con Roberto Madrazo, a cuyo grupo pertenece este gobernador, y hacerle ver que en caso de no controlarlo se pasaría la factura política a la campaña priísta por la presidencia.

Pero la autoridad se ha quedado con los brazos cruzados. Fox dirá que no es propio de las democracias republicanas presionar a un poder regional. Eso es falso. Justamente de eso se trata la política: conciliar los diversos intereses para lograr el beneficio del conjunto. En Estados Unidos o en Europa cualquier jefe de Estado estaría utilizando recursos políticos para llamar a cuentas a un político local que pone en riesgo la estabilidad o la imagen de país.

El drama de Noticias de Oaxaca es un caso, como tantos en México, en el que dejar correr “la ley” constituye una injusticia flagrante. Cada una de las denuncias que ha interpuesto el diario en los tribunales locales se ha enfrentado a la manipulación de ministerios públicos y jueces afines al gobernador. La huelga, una maniobra artificial y descarada, ha sido arropada en la junta de conciliación local, dirigida por un ex colaborador del equipo de Ulises Ruiz. Son corruptos pero no ingenuos. Dejado a su propio curso legal, el conflicto liquidará al principal diario de Oaxaca, uno que se atrevió a cuestionar los designios de los gobiernos de Murat y Ulises Ruiz.

La prensa independiente es pilar esencial para construir una opinión pública responsable e informada. Constituye un patrimonio de la sociedad en su conjunto y como tal debe defenderse. Los ataques por parte del narcotráfico y las agresiones provenientes de caciques políticos deben combatirse, o de otra manera tendremos una prensa maniatada por la autocensura y el temor. El primer paso consistiría en convertir en materia de tribunales federales a este tipo de agravios. Ese paso no es una garantía absoluta, pero permitiría escapar del control de las autoridades locales y de la amenaza de las redes de protección policíacas del narcotráfico en muchas regiones. Pero sobre todo pondría al alcance de la opinión pública nacional el seguimiento y difusión de estos casos. Si no podemos confiar en el presidente para actuar con responsabilidad o en Roberto Madrazo para disciplinar a sus pupilos, si en cambio podemos creer que los foros nacionales constituyen una mejor defensa de estos periodistas heroicos y atribulados que se juegan vida y vocación para dar la batalla a los poderes más oscuros del país.

 

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