A casi dos meses de que inició en el país el ciclo escolar 2006-2007, en Guerrero los conflictos educativos emergen con acciones de fuerza en varias regiones del estado a causa de la desatención y de la inercia institucional de apostarle al desgaste y a la desarticulación de la protesta para seguir “nadando de a muertito” y sobrellevar el ciclo escolar.
Las dimensiones que adquirió el conflicto magisterial en Oaxaca son una lección para las autoridades educativas de los gobiernos estatales y para el gobierno federal. Ahí ambas instancias se culpan mutuamente de ser los responsables de que una demanda salarial ahora tenga en vilo la gobernabilidad de esa entidad.
Se desatendió y ninguneó al movimiento de los maestros, por la concepción errónea de algunas autoridades de concebir la lucha magisterial como un movimiento corporativo que sólo busca la satisfacción de intereses gremiales. Ahora vemos que el movimiento de los maestros y maestras de Oaxaca se nutre del movimiento social, se ha erigido como el baluarte que busca hacer valer los derechos del pueblo y a transformar las estructuras de opresión que han generado cacicazgos políticos a costa del atraso de los pueblos indígenas y campesinos.
Las autoridades de esa entidad se negaron a ver la realidad, a entenderla en su justa dimensión y actuar en consecuencia para evitar un estallido que ahora se encuentra al borde de la revuelta social.
Es la lección de la sociedad oaxaqueña que las autoridades no quisieron aprender, por el contrario, se aferraron al poder con sus alianzas siniestras y con acciones perversas para doblegar a un movimiento que ha logrado desenmascarar a una clase política que ha hecho del erario público un modo de vida que ahonda las desigualdades y las injusticias.
La sociedad guerrerense empieza a percibir que las autoridades encargadas de atender y resolver las demandas sociales están muy lejos de implementar nuevos mecanismos de interlocución con los diferentes actores sociales. La estructura estatal sigue sostenida por los mismos grupos de poder que han sabido camuflajearse como nuevos demócratas para mantener intactos los intereses facciosos.
Lo peor de todo es que se ha erigido una muralla burocrática que impide el acercamiento y la atención puntual a la ciudadanía organizada. El bono democrático ha hecho creer a un gran número de autoridades que su legitimidad les da el derecho a ignorar a quienes se organizan y luchan por sus derechos básicos. La nueva clase política ha logrado acomodar a nuevos cuadros que carecen del conocimiento profundo de la problemática social que desde hace décadas enfrentamos los guerrerenses. Su información es limitada y su capacidad para interactuar con la diversidad de actores está desdibujada por la falta de experiencia y de un compromiso verdadero con los de abajo.
La problemática educativa en nuestro estado sigue ahondándose a causa de que las autoridades no han querido romper con los grupos de poder que tanto daño han causado a la sociedad y sobre todo a la niñez. El mero voluntarismo sumado con el desconocimiento de la realidad educativa, los orilló a restablecer alianzas con los grupos políticos corporativizados para poder tener cierta capacidad de maniobra que les permitiera asentarse en el cargo, poder tomar los hilos del poder y entrar a un proceso de negociación con las diferentes expresiones sindicales y grupos de presión política.
Sin ninguna innovación en el tratamiento de estos conflictos y con la tentación permanente de generar un nuevo clientelismo político-sindical, las autoridades educativas por la vía de los hechos siguen reproduciendo las prácticas arcaicas y antidemocráticas del gobierno anterior, que le generaba dividendos políticos por su visión pragmática y mercantilista. La decisión de querer hacer una limpia de la Secretaría de Educación se quedó en el papel y en el diagnóstico de las corruptelas detectadas, les ha ganado la realidad y se han montado en la misma estructura para apagar los conflictos con la simulación, el engaño y la postergación de lo que legítimamente demandan maestros, normalistas, estudiantes y padres de familia.
En este año hemos constatado cómo ha subido el tono y el estilo de las autoridades educativas para abordar los conflictos. Les gana la visión policiaca y estigmatizadora del movimiento socioeducativo, su marco de interpretación siempre lo centran en la lucha de intereses facciosos e individuales, prevalece la descalificación a priori de quienes se ven obligados a manifestarse ante la falta de una interlocución responsable. Sus fuentes de información son las delegaciones de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que son instancias dedicadas a ver en el movimiento social una expresión de la ilegalidad y de quienes supuestamente atentan contra las instituciones.
Son los que alimentan la idea de la criminalización de la lucha social y los encargados de informar de manera superficial sobre actos que buscan encuadrar a los luchadores sociales como presuntos delincuentes. Esto ha obligado a que los problemas educativos ahora queden supeditados a las decisiones que se tomen en la Secretaría de Gobierno.
Las consecuencias de esta lucha es poner a los padres de familia, estudiantes, normalistas y maestros en la mirilla de la ilegalidad y en el libreto de quienes supuestamente son considerados como un peligro para la sociedad. Estamos lejos de fortalecer instituciones verdaderamente democráticas, más bien nos acercamos de manera peligrosa a una confrontación estéril por la falta de estrategias gubernamentales para inaugurar una nueva etapa de concertación social con los actores que luchan por una verdadera transformación de las estructuras autoritarias.
El movimiento del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la variante “Batháá” se gestó desde hace más de 11 meses a causa de un conflicto con el magisterio local que no fue atendido en su momento por las autoridades educativas. Se ignoró una demanda legítima de los pueblos tlapanecos que reivindicaban el uso de su variante lingüística para una enseñanza eficaz y con incidencia comunitaria entre los niños
de esta región. No podemos ignorar que atrás de este conflicto existen también diferencias intraétnicas del pueblo me phaa (tlapanecos) por la marginación que han tenido las comunidades de la región de Huehuetepec, El Rosario, Zilacayotitlán, San Juan Puerto Montaña, Santa María Tonaya y Juanacatlán, por parte de las autoridades mixtecas de los municipios de Metlatónoc y  Atlamajalcingo del Monte, por parte también de la autoridad mestiza de Tlapa y por el control que han logrado los maestros bilingües del municipio de Malinaltepec.
Este sojuzgamiento político y marginación educativa les ha impedido desarrollarse como comunidades con plenos derechos, han experimentado que siempre son apéndice de las autoridades municipales y educativas. Han soportado ciertos excesos en la actuación de algunos maestros, que desde su código cultural, es la expresión del desprecio y del ninguneo hacia su dignidad como comunidad diferenciada.
Es difícil que las autoridades educativas puedan ver desde su escritorio este tipo de realidades que están adentro del tejido comunitario y que explican la racionalidad de su lucha, el sentido de sus demandas educativas. Por desgracia esta hermeneútica indígena sigue estando ausente, dentro de las políticas gubernamentales simplemente no existen y por eso la forma de actuar de las autoridades sigue siendo parte del problema y no de la solución de sus conflictos.Los criterios para atender estas demandas siguen siendo los mismos para la diversidad de problemáticas educativas, se analizan y se juzgan con la misma vara jurídica y cultural, y lo peor de todo es que no se despojan de prejuicios y visiones cuadradas que colocan a los actores en una u otra corriente político sindical, como si ahí se agotara toda la realidad.
No hubo previsión para evitar que el conflicto creciera y obligara a esta franja de comunidades pobres del pueblo tlapaneco a manifestarse en la ciudad de Tlapa, con la única demanda de exigir maestros que hablen su variante lingüística. Su decisión es producto de un análisis de la realidad educativa que enfrentan desde hace años en su región y su lucha se inspira en la visión colectiva que tienen de la educación, lo fundamental para ellos es que los hijos del pueblo tengan escuela y maestros, que llegue la luz del conocimiento para forjar nuevas generaciones que revaloren su cultura y que se sientan orgullosos de su identidad étnica.
Las mujeres tlapanecas que bajaron a Tlapa, varias de ellas son jornaleras agrícolas que no saben leer y escribir, sin embargo, con la discusión colectiva en las comisarías en su lengua materna han ido comprendiendo la importancia de defender y luchar por su patrimonio lingüístico y cultural. Los niños y niñas también bajaron con sus padres para estar bajo el sol, en los bloqueos a la carretera, con la esperanza de ser escuchados por alguna autoridad educativa de nivel estatal.
Ninguna respuesta llegó, a pesar de una minuta firmada por las autoridades educativas de que se atendería con presteza su justa demanda. Lo que sí llegó y que causó temor y desconcierto a estos niños y mujeres fue la versión de que se preparaban los policías antimotines para desalojar a los indígenas de los bloqueos carreteros, para hacer valer el Estado de derecho.
La visión de los pueblos indígenas sobre la educación dista mucho de la visión que prevalece en algunas autoridades educativas, se les juzga como gente que se mueve por intereses personales, se les cataloga como entes manipulables, se mantiene la idea del chantaje político y se opta por la vía policiaca para querer acallar el grito de los olvidados de La Montaña.