¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!

En meses pasados, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ha pedido al Estado mexicano la información sustantiva relacionada con las desapariciones en nuestro país, considerando que hay una crisis sistemática en esa materia. Esta es una oportunidad del Estado mexicano para reconocer y enfrentar dicha crisis, al mismo tiempo que puede recibir asistencia internacional para que las desapariciones no continúen en México.
Algunos datos sobre la desaparición en México indican que, hasta ahora, se cuenta con 133 mil desaparecidos, además de una crisis forense con 72 mil cuerpos no identificados. Según Amnistía Internacional existen a lo largo y ancho del país 234 colectivos de familiares de personas desaparecidas, que están conformados por un 90% de mujeres, de las cuales, 65% son madres, 21% son hermanas, 12% son parejas, 6% son hijas y 5% son amigas. Y buscan, principalmente, a hombres (84%) y sólo el 15 % de los desaparecidos son mujeres. En el estado de Guerrero tenemos el mismo ritmo de desapariciones con la cantidad aproximada de 4 mil 600 personas, además de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Estas cifras permiten ver un desastre que incomoda al Estado mexicano. Veremos si responde o no responde con la información solicitada por el Comité de la ONU. El gobierno federal y el gobierno estatal cuentan con instituciones responsables del tema de desaparición de personas. Aquí son la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, y el Servicio Médico Forense, que en coordinación con las instituciones federales, como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda, hacen su esfuerzo desde la administración pública.
Desde el año 2020, trece colectivos de familias de desaparecidos guerrerenses, de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Atoyac y Acapulco han estado desarrollando un proceso de acciones para impulsar la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, que adecue, adapte y vincule a sus necesidades, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en el orden fedeeral en el año 2018. Cinco años después, el Congreso de Guerrero ni ha dictaminado dicha ley, ni la ha aprobado. Esto comprueba que no le interesa el dolor de las familias que buscan a sus desparecidos.
En cuanto al gobierno federal, salvo el caso de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que contaron con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, con una agenda política que los ha hecho muy visibles en el ámbito nacional, no han podido encontrar a sus hijos. Se reunieron en muchas ocasiones con el entonces presidente López Obrador y también con la presidenta Sheinbaum, y hasta ahora no ha habido los resultados esperados a los 11 años de su desaparición. Los colectivos de madres buscadoras nunca fueron recibidos en las “mañaneras” ni en ninguna otra parte, durante el sexenio de López Obrador.
Es admirable la fortaleza de las mujeres que buscan a sus hijos, que dedican mucho tiempo a sus búsquedas, cuando esa responsabilidad le corresponde al Estado. El Estado es el responsable de la seguridad de todos los mexicanos y de los extranjeros que pasen por nuestro territorio y, también es el responsable de buscarlos. El Estado mexicano no ha cumplido con estas responsabilidades por omisión de los derechos de los desaparecidos y de las madres buscadoras. Sigo pensando que esta herida social que genera tanto dolor necesita ser atendida de manera institucional al nivel de una Secretaría de Estado, que destine los recursos humanos y los presupuestos necesarios para atender el dolor que hay en todo el país. Es entendible que la crisis humanitaria de la desaparición forzada sea incómoda para el Estado mexicano, porque tiene una responsabilidad que no ha podido cumplir.