En los últimos días se dieron a conocer varias acciones importantes de política económica. Primero, el pasado 24 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un ajuste del gasto público para 2016. Poco después, el día 29, se informó de un incremento en el precio de las gasolinas. A la mañana siguiente, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar la Tasa de Interés Interbancaria. Y, apenas este lunes se publicó un alza generalizada de las tarifas de luz. Todo esto forma parte de un paquete de nuevas medidas de austeridad que, sin duda, como en otros momentos de nuestra historia reciente, afectarán el crecimiento económico, la creación de empleos y el bienestar social.
El ajuste presupuestal fue esta vez por un monto de 31 mil 715 millones de pesos. El objetivo: “reducir los requerimientos financieros del sector público”, o sea pagar la deuda y reducir el déficit público. Según un informe de Enrique Provencio, de la UNAM, a primera vista podría parecer un recorte muy reducido pues representa un 0.17% del PIB. Pero hay que tener en cuenta que se trata del segundo ajuste en este año, pues el primero, de 132.3 mil millones (0.7% del PIB) fue anunciado el 17 de febrero. Además, la Secretaría de Hacienda no aclaró por qué las reducciones se aplicarán a rubros tan importantes como educación y salud que soportarán el 40 por ciento de esta poda presupuestal. El programa de escuelas de tiempo completo, por ejemplo, tendrá un recorte de 500 millones en lo que resta de 2016, mientras que todo el ajuste en salud se descarga en el Seguro Popular. Hay otros casos notables como el de Conaacyt que en este caso tendrá una reducción de casi 3 mil millones de pesos respecto a lo presupuestado.
A las medidas anunciadas hay que agregar que los Pre Criterios Generales de Política Económica de 2017 ya adelantaron que el gasto programable se reducirá en 8.1 por ciento el próximo año. Habrá reducciones considerables en algunos programas prioritarios: por ejemplo, en los de agricultura y, de nuevo, en rubros esenciales de educación y salud.
Por otra parte, se dio a conocer que los precios de la gasolina Magna y Premium aumentarán a partir del 1º de julio. La Magna, que representa el 78% de toda la gasolina vendida en el país y cuyo precio no había aumentado desde enero, se incrementó hasta 13.4 pesos por litro. Un aumento de 1.8%. Pero según Hacienda los precios podrían seguir subiendo este año hasta 13.98 pesos. La intención es, sin duda, hacerse de mayores recursos para fortalecer las finanzas pública del país y alcanzar la meta prevista de poco más de 209 mil millones de pesos.
Finalmente, el aumento en la tasa de interés decretada por el Banco de México representa la medida más importante, pues pasó de 3.75 a 4.25%. Hay que recordar que en poco más de cuatro meses la tasa ha aumentado en cien puntos base, pues en febrero estaba en 3.25%. Una subida tan pronunciada no era esperada por todos los agentes financieros. Bancomer y HSBC no habían previsto ningún cambio, y Banorte y Santander sólo un aumento de 25 puntos. Se trata de una medida drástica, aunque se haya comentado muy poco en estos días.
La autoridad responsable advirtió, además, que pueden presentarse nuevos aumentos a lo largo del año. El objetivo consiste en “evitar que la depreciación del peso genere (aumentos) de los precios al consumidor”. La devaluación es resultado, dicen, de un posible aumento de las tasas en Estados Unidos y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea lo que ha creado una gran volatilidad del mercado internacional.
El Banco reconoce que la economía ha perdido dinamismo sobre todo a partir de abril de este año debido a la “atonía de la producción industrial”, como reflejo, sobre todo, del “comportamiento adverso de las exportaciones manufactureras”. Además, advierten que “la inversión fija bruta también siguió registrando un desempeño débil”. Aun así, y a sabiendas de que el aumento de las tasas de interés agravará esas tendencias recesivas, el Banco decidió darle prioridad a la estabilidad monetaria.
Sin duda, todas estas decisiones han sido tomadas en respuesta a presiones externas. No se puede negar que el mundo vive momentos de bajo crecimiento y diversas turbulencias financieras. Pero también hay causas internas.
En el ámbito doméstico hay que destacar la penuria de ingresos fiscales que afecta al país desde hace décadas. Hasta hace poco, los recursos petroleros llenaron ese hueco, pero ello ya no es posible. El problema fue que en los años de bonanza energética, los excedentes se dedicaron a aumentar el gasto corriente y no la inversión pública, según un análisis de Juan Carlos Moreno Brid. En realidad, ésta ha venido bajando desde hace seis años hasta llegar al 4% del PIB, la cifra más baja desde los años 1930. Su caída se agudizó a partir de la crisis mundial de 2008 y arrastró también a la inversión privada.
Pero la crisis también impactó las finanzas públicas. Mantener la expansión del gasto corriente sobre todo entre 2013 y 2015, provocó que el déficit primario haya aumentado en estos dos años de 0.4% del PIB al 1.1%, lo que se ha reflejado en un aumento sostenido de la deuda pública. Así, la deuda agregada del sector público se incrementó en aproximadamente 13 puntos porcentuales del PIB entre 2008 y 2015.
Lo malo es que las perspectivas no son buenas: del lado de los ingresos, los precios del petróleo de exportación no parece que se vayan a recuperar pronto. Los impuestos, después de la reforma de 2013, tampoco: hay que recordar la promesa presidencial de no aumentar ningún gravamen en el resto de su sexenio. Aunque los aumentos a la gasolina son, en realidad, un aumento de impuestos disfrazado, algo ayudan, pero no mucho.
Sin grandes aumentos del lado de los ingresos, con una caída histórica de la inversión pública y más recortes en reglones esenciales como educación y salud, el panorama para este año y el siguiente es sombrío: menos empleos, mayores gastos por parte de los hogares, y nuevas restricciones en el gasto social que más tarde o más temprano elevarán la irritación y descontento de muchos mexicanos.
Parece entonces indudable que se requiere una reforma fiscal sustancial pues de otra manera la austeridad nos llevará, como en el pasado, a una espiral en la que los problemas que se pretenden resolver, el déficit y la deuda pública, se agravan en la medida en que el crecimiento económico se viene abajo.
Pero las malas noticias no acaban aquí. La política del Banco de México, el aumento tan elevado de la tasa de interés, responde a la preocupación de mantener la estabilidad del peso y la inflación. Sin embargo, sus efectos se reflejarán en un aumento del costo de la deuda pública y privada, y por lo tanto en un mayor déficit fiscal y más recortes al gasto. También frenará aún más el crecimiento económico pues las empresas encontrarán créditos más caros para su expansión y los consumidores préstamos más onerosos para financiar el gasto de los hogares o la compra de viviendas.
Las medidas anunciadas apuntan a la solución de objetivos distintos. Mientras Hacienda quiere bajar el déficit, el Banco busca evitar una mayor devaluación. Pero, juntas, hacen un coctel que acentuará los problemas de las finanzas públicas y sobre todo presionarán a la baja, de manera excesiva e irrazonable, las actividades productivas. Subir las tasas de interés, en estos momentos y de manera tan elevada, significa imponer, por encima de cualquier otra consideración, una política monetaria demasiado rígida. Se trata de una austeridad redoblada que afectará a la inmensa mayoría de los mexicanos en aras del interés de unos cuantos. Es la dictadura de los mercados financieros que defiende el verdadero jefe que administra la economía de este país desde el Banco de México, el señor Agustín Carstens.

Twitter: #saulescoba