En memoria de un gran poeta y amigo. En la izquierda desde el inicio hasta el final:
Enrique González Rojo.

“¡Qué paliza! ¡qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Andrés Manuel López Obrador!”, anunció con júbilo un conductor de televisión. En realidad, no hubo tal: “El auditor claramente confundió las operaciones netas y las operaciones brutas”, dijo a Carmen Aristegui el secretario de Hacienda tras apenas leer unas líneas del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública de 2019.
Como se sabe, el documento presentado la semana pasada por la ASF a la Cámara de Diputado tenía un error muy raro en un órgano público con más de dos décadas de experiencia, millar y medio de auditores y un buen presupuesto. Sin embargo, el error –estimar en tres veces el costo para el erario federal de la cancelación de la construcción de un gran aeropuerto de Texcoco– adquirió una dimensión enorme por el contexto: a pocos meses de elecciones muy competidas en un entorno de gran polarización política y donde la decisión de cancelar esa construcción iniciada por el gobierno anterior para construir otro a un costo mucho menor, fue el punto de partida de un choque de visiones sobre el proyecto nacional y que ha ido en crescendo.
En opinión del presidente, lo sucedido no necesariamente fue un error contable de la ASF sino un intento desde un órgano supuestamente técnico y neutral de dañar la credibilidad de su gobierno en un año electoral. La sospecha tiene base, pero no es la única posibilidad, otra razón independiente de la coyuntura puede encontrarse en la casi inexistencia de lo que se conoce como servicio civil de carrera (el civil service).
La burocracia efectivamente profesional, reclutada por vía de exámenes, dueña de un conocimiento especializado y que opera con autonomía respecto del liderazgo político, tiene raíces tan antiguas como la dinastía Qing en China dos siglos antes de nuestra era. Esa dinastía fue muy corta pero no su legado burocrático. En la época moderna este fenómeno lo ejemplifica el pequeño cuerpo de funcionarios británicos formados en universidades de élite que manejaron un enorme imperio cuando la isla fue gran potencia.
Instituciones como la ASF son esenciales para mantener el buen orden de un gobierno. En teoría vigilan que los recursos públicos se manejen honestamente, dentro de normas establecidas y sin importar qué partido o grupo esté en el gobierno. Una ASF realmente en manos de profesionales ajenos a partidismos y celosos de su prestigio no hubiera dado lugar al escándalo de la cuenta de 2019. Sería un ente que, por profesional y creíble en su vigilancia, inhibiría no sólo la corrupción en la administración de los dineros públicos sino el desorden en su gasto y daría credibilidad al gobierno.
En la realidad no existe esa burocracia profesional, bien preparada, con seguridad en su empleo, respeto al escalafón, celosa en el cumplimiento de las reglas del marco legal e impermeable al cohecho y a las consignas de partidos, líderes políticos o grupos de interés o presión. Sin embargo, hay países que se acercan al modelo. México –donde se calcula que menos del 10% de las plazas de la administración pública federal las ocupan personal del servicio profesional de carrera– apenas tiene islotes de administración profesional.
Ahora bien, si algún día llegáramos a tener una administración pública de profesionales y comprometidos con la ética de su oficio, entonces la preocupación sería impedir que, por su dominio del conocimiento administrativo especializado y su espíritu de cuerpo, los administradores fuesen quienes realmente gobernaran. Sin embargo, por ahora ese no es nuestro problema, sino apenas el que los auditores no quieran darnos cifras brutas por netas.