N o voté por Felipe Calderón, pero eso no me impediría aceptar su triunfo. Estas elecciones fueron operadas por medio millón de ciudadanos, bajo la continua vigilancia de representantes de partidos y observadores nacionales e internacionales. Seis de cada 10 mexicanos votaron, y uno de cada 90 participó en la organización de la jornada electoral.
Al final de ese domingo hubo muy pocas denuncias de incidentes que antaño solían enturbiar nuestros comicios (urnas embarazadas, carruseles, robo de urnas, etcétera).
Si la votación de los mexicanos fue limpia, la polémica se centra más bien en la manera en que los datos fueron procesados. Y sin embargo, me parece que el PRD tiene todo el derecho de abordar el resultado con suspicacias. Primero, porque el margen es demasiado estrecho. En Estados Unidos el entrampamiento entre Al Gore y George Bush fue dilucidado en la Suprema Corte hace seis años. Lo mismo sucedió hace unos meses en Italia cuando los jueces tuvieron que calificar la contienda entre Silvio Berlusconi y Prodi, separados apenas por 20 mil votos.
En febrero en Costa Rica, la más madura democracia en América Latina, se llegó a contar voto por voto en tribunales. En ninguno de estos países hubo problemas después de la última instancia. Es natural y razonable que un partido solicite revisión del cómputo de votos cuando pierde por una pestaña. Es legal y legítimo.
Pero además el PRD tiene motivos para mostrarse arisco. Entre otras razones, debido al factor Fox y al factor Ugalde. Estamos apenas a 12 meses del intento de desafuero. El gobierno federal ha dado hartas evidencias de su escaso aprecio por López Obrador. Incluso fue necesario que empresarios e IFE llamaran al orden a Vicente Fox para que éste detuviera los ataques al candidato de izquierda, y moderara la dispendiosa campaña en medios para favorecer el continuismo.
Desde luego no sólo Fox hizo proselitismo desde el poder. Los gobiernos estatales, incluyendo el de la ciudad de México, también lo hicieron. Pero el jefe de Estado tiene mayor responsabilidad, por el enorme poder de la Federación. Dejó muy mal sabor, por ejemplo, que cuatro días antes de la elección la PGR emprendiera acciones en contra del ex presidente Echeverría y del candidato priísta al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora. Dos casos añejos, pero publicitados la víspera de la elección con obvias intenciones de favorecer al candidato panista.
En resumen, el gobierno de Fox resultó mucho más panista en medio del proceso electoral, que lo que había sido priísta el gobierno de Zedillo hace seis años. Para no ir más lejos, el martes el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, aseguró que la revisión de votos no cambiaría la tendencia favorable a Felipe Calderón, a pesar de que todavía no se iniciaba la fase legal del cotejo en los distritos electorales. Así es que hay motivos para que el PRD no confíe su alma a las autoridades federales.
Pero tampoco al IFE, o por lo menos, no a su presidente. La designación de los consejeros que presiden el IFE es responsabilidad del Congreso. Recordemos que cuando se nombró a los actuales, hace tres años, el PRD protestó la negociación que hicieron los legisladores del PRI y el PAN. La designación de Luis Carlos Ugalde fue considerada el resultado de la presión de Elba Esther Gordillo. Con esos antecedentes, y el presunto acercamiento de la maestra y el partido Nueva Alianza con la candidatura de Calderón, no es de extrañar la desconfianza que Ugalde inspira a los perredistas.
El comportamiento de Ugalde el lunes y el martes hizo muy poco para disminuir tal desconfianza. El IFE declaró que no había vencedor todavía, pero dejó que el PREP recorriera el mundo y con ello la noticia de que Calderón llevaba 1 por ciento de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador luego de ser registradas 98.5 por ciento de las casillas. Después resultó que no eran tales, y que en realidad no llegaban a 90 por ciento debido a las famosas casillas con inconsistencias. Fue necesario que López Obrador se preguntara por los 3 millones de votos extraviados para que el IFE los hiciera visibles. Buscada o no, parecía una estrategia del IFE para dejar sentado que Calderón había ganado la elección.
En resumen, por razones comprensibles, el PRD quiere asegurarse del voto de las urnas. No podemos ignorar que Calderón fue el candidato de los poderes fácticos de este país (gobierno federal, empresarios, Iglesia, fuertes grupos de comunicación, banqueros). A muchos les puede parecer ocioso, o incluso rijoso, pero es esencial atender las suspicacias e inconformidades de los perdedores, aún más cuando ya han sido víctimas en el pasado. Recordemos que AMLO perdió la gubernatura de Tabasco en 1994, pese a que el propio Santiago Creel, como consejero del IFE, mostró que Madrazo había hecho una campaña fraudulenta.
Es fundamental para el futuro democrático que la opinión pública respete y dé cauce a tales inquietudes. Sería deseable que los tribunales electorales ofrecieran facilidades para despejar todas las dudas. Lo peor que puede pasar es que se nos vayan algunas semanas de agosto en tales procedimientos. Ridiculizar o satanizar estas aspiraciones es invitar a la disidencia por vías no legales.
En un país con tantas desigualdades, no podemos darnos el lujo de que una porción grande de mexicanos considere que el acceso al poder por vía de las urnas le está vedado. Manuel Espino, presidente del PAN, ya ha acusado a AMLO de querer desestabilizar a México y de recurrir a la ilegalidad, por el simple hecho de que está impugnando los resultados ante tribunales. Espino quisiera que el PRD se quedara quieto y callado. López Obrador pagó un alto precio por mandar callar chachalacas. A la derecha podría salirle aún más caro imponer un “cállese, candidato”.

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