“Eso de las políticas públicas para el campo son pura política del gobierno”. Resumía así su opinión el campesino costeño invitado para participar en la conferencia organizada por el gobierno estatal con ese tema.
Entre la gente de a pie se dice y entiende que las políticas son el recurso que utilizan las personas para sacar provecho particular en determinadas circunstancias.
Hace política el cacique en el municipio o región para quedarse con los beneficios que, de otro modo, servirían para todos.
Si queremos entender como políticas públicas las respuestas que las instituciones gubernamentales dan a los problemas del campo, veríamos que, en el caso de Guerrero, esas políticas han estado diseñadas para favorecer al poder caciquil en las regiones.
Las intervenciones de líderes y autoridades del medio rural que se escucharon en la conferencia magistral que Armando Bartra dictó el miércoles 19 de julio en el auditorio de la Rectoría de la UAG, en Chilpancingo, precisamente sobre las políticas públicas para el campo, no pudieron ser más elocuentes.
“Antes, en el campo guerrerense, sin ninguna ayuda oficial, los campesinos producían lo necesario para que la familia comiera” –decía enfático el presidente municipal de Apaxtla– quien ilustraba la vida campirana que se fue, como parte de su experiencia propia: “Las familias trabajaban con el fiado del tendero. Cuando la cosecha se producía, los compradores acudían. Cada quien entregaba su producto, y lo que recibía a cambio alcanzaba para pagar lo fiado”. En cambio, ahora se produce poco aunque haya subsidio.
“Los apoyos para el campo siempre han sido acaparados por los caciques y los allegados al gobierno”.
A falta de una estrategia definida como política de Estado para llevar el campo al desarrollo, cada gobierno, en el nivel que le corresponde, actúa como puede, como quiere o como lo dejan, y cuando le atina a favorecer el desarrollo, su gestión se acaba y se cancela toda continuidad.
Como se carece de una política rectora para el campo, en los gobiernos municipales campea la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Los campesinos dejaron de ser productores para convertirse en clientes de quienes han puesto precio a su voto.
Eso fueron las políticas públicas que se aplicaron al campo guerrerense, las cuales corren el riesgo de no modificarse ante lo arraigado de los vicios.
En ninguna iniciativa oficial se ha visto la intención de evaluar los resultados de esas políticas que tienen al campo damnificado, y por ese defecto tampoco se conocen los proyectos exitosos que podrían usarse como ejemplo en las diversas regiones del estado.
La idea de equiparar al campo con un barril sin fondo en términos de recursos, aplicados sin consecuencias exitosas, es parte de la política neoliberal que ahora se impone en el campo.
Las leyes que dan institucionalidad a las políticas públicas para el campo son tantas y tan variadas que a menudo se sobreponen, “son como los planos de los ejidos”, dice Bartra.
Cada funcionario “lee” en su ley, sin alcanzar una visión de conjunto ni entender la complejidad de la situación que ahora vive en medio rural.
Por eso al escuchar las intervenciones de líderes y autoridades procedentes de todas las regiones del estado en la conferencia, organizada por la SDR, queda manifiesta una gran insatisfacción por el desempeño oficial.
Es innegable la caída en la producción de bienes básicos y estratégicos así como el estancamiento en la comercialización de los cultivos rentables.
La contundencia de las cifras, 73 mil al año, que alcanza la emigración rural de guerrerenses a los campos de Oregón, California, Florida, constituyen el dato más descarnado del desempeño institucional en atención a los problemas del campo.
De acuerdo con los datos del INI, el estado ocupa el primer lugar en migración interna, lo que indica el grado de marginación.
Las familias se desarraigan de sus pueblos en busca de trabajo, y ni siquiera la siembra de enervantes resuelve su situación económica, a pesar de que ocupamos el primer lugar nacional en cultivo de amapola.
En resumen, pues, las políticas públicas que se han diseñado para atender los problemas del campo guerrerense sólo han empeorado la situación de los campesinos pobres, aunque quizá han sido eficaces en fortalecer la economía del sistema caciquil en las regiones, pues las desigualdades siguen creciendo y polarizando a la población.
Ahora bien, Armando Bartra ha dado claridad en varios puntos. Todos deberíamos estar de acuerdo con él en la afirmación de que el peor negocio para el desarrollo del país, es continuar exportando gente e importando alimentos. Eso está pasando en todo el país, pues el Conapo estima que con el gobierno de Vicente Fox, del año 2000 al 2004 el número de mexicanos que emigró a Estados Unidos creció en un millón.
En el presente sexenio México importó más de 49 millones de dólares de alimentos, lo que equivale a gastarse 54 de cada 100 pesos que ingresaron al país por venta de petróleo.
Lo anterior significa, en términos más sencillos, que de cada 4 dólares que mandaron nuestros paisanos desde Estados Unidos, 3 dólares volvieron a regresar para la compra de alimentos.
En su ponencia, Bartra hizo énfasis en la necesidad de que el Estado diseñe una política de claro compromiso con los pobres, justiciera, en el sentido de apoyarlos para que fortalezcan su economía. Expuso la necesidad de que los campesinos sean parte en el diseño de esas políticas que los beneficien, que ejerzan su derecho a elaborar iniciativas que puedan dar lugar a nuevas leyes que fortalezcan la institucionalidad requerida para hacer frente a los problemas.
Para lograrlo se precisa que los campesinos se organicen y movilicen a partir de los problemas que les son comunes, pues la historia reciente del país resulta aleccionadora en esos hechos.
Es meritorio el esfuerzo de la SDR para involucrar a líderes, autoridades y funcionarios del medio rural en el estudio y la reflexión de la problemática que vive el campo. Su compromiso para continuar realizando conferencias de esta naturaleza puede ser fructífero si logra permear en el ánimo de los participantes para alcanzar una interpretación común de la realidad que se desea transformar.
Cuando el doctor Salomón Salcedo, funcionario de la FAO y comentarista en la conferencia hablaba de la importancia de ir a fondo de conceptos económicos como el de competitividad y rentabilidad, inmediatamente hizo reaccionar al doctor de la UAG Adán Aguirre, quien llamó la atención sobre la importancia de saber si los campesinos quieren competir, pues a su juicio, habrá que respetar la opinión de los directamente involucrados.
Y es que poco se sabe acerca del cambio que ha vivido el patrón de cultivos en la entidad, a lo sumo, que la producción del maíz, alimento básico todavía, tiende a la baja, con todo y el subsidio millonario que recibe en fertilizante.
Tampoco es del dominio público la situación que priva en las ramas de producción dirigidas a la exportación. Es de dudar que en las actuales condiciones haya un solo sector de la producción rural que no se queje de los precios caídos.