Sobre advertencia no hay engaño: el gobierno dijo que iba a presionar a los ministros de la Suprema Corte a propósito de la prisión preventiva oficiosa, y lo hizo. Siguiendo con los dichos, a confesión de parte, relevo de pruebas: López Obrador dijo que los había presionado. Y todo indica que la presión prosperó. Aunque falta la votación propiamente dicha, las intervenciones de los ministros el lunes y ayer en la mañana claramente sugieren que la ponencia de Luis María Aguilar, decretando la inaplicabilidad de parte del artículo 19 de la Constitución, no fue aprobada. En una de esas solo recibe el voto del propio Aguilar y quizás de Arturo Zaldívar que, con un voto ya a estas alturas irrelevante, tratará de desempañar sus credenciales de liberal.
Es una tragedia en primer lugar para los 92 mil presos sin sentencia que hay en México hoy. En segundo lugar, lo es para los políticos o las celebridades que pueden verse encarceladas por un supuesto delito grave que pertenece a la lista de los delitos enumerados en la reforma del 2019, y que sirve como disuasivo. Todos podrán negarlo hasta la eternidad, pero parece inverosímil que lo que le hicieron a Eduardo Medina Mora hace tres años no tuvo impacto sobre la votación de los ministros hoy. Pero la amenaza a Medina Mora fue eficaz y funcional justamente porque existía el peligro de la prisión preventiva oficiosa, es decir, que lo metieran al bote de inmediato y se pasara el sexenio ahí, con independencia de juicio, sin sentencia, presunción de inocencia, etcétera. Lo mismo explica la eficacia de la amenaza contra Ricardo Anaya; si vuelve a México, aunque no haya orden de aprehensión contra él ahorita, se la inventan en dos patadas, lo detienen, lo refunden y ahí se queda. Con razón sigue en Estados Unidos.
López Obrador conserva buena parte de su poder, tanto con el Judicial como con el Legislativo, porque todo el mundo sabe a estas alturas que es capaz de cualquier cosa para lograr sus objetivos. Se me hace altamente probable, por muchas razones, que al final toda Morena apruebe las reformas a las leyes secundarias que permiten la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, en el Senado, a pesar de las diferentes versiones que circulan sobre un posible cambio de opinión por parte de Ricardo Monreal y algunos senadores que le son afines. Y todo el mundo sabe que esta capacidad y voluntad de López Obrador de recurrir a cualquier instrumento, denuncia o estrategia para obtener lo que busca se mantiene intacta por el enorme poder que todavía tiene la Presidencia en México y que él, a diferencia de sus predecesores desde 1994, no vacila en utilizar.
Es una lástima que la Suprema Corte no haya podido resistir la presión en esta oportunidad. Había, sin duda, argumentos jurídicos constitucionales de cierto peso. En efecto, es un problema en México, como en cualquier democracia con separación de poderes, determinar qué pasa cuando un poder legislativo aprueba una enmienda constitucional que contradice la Constitución previamente existente. Esta no es una especialidad mexicana, aunque si alguien se pusiera a estudiar las casi 700 modificaciones constitucionales que se han llevado a cabo desde 1917, es altamente probable que encontraría un sinnúmero de contradicciones. El tema de la jerarquía de la Constitución frente a tratados internacionales en materia de derechos humanos también es algo que se puede y se debe discutir. Muchos hemos llevado casos en este sentido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos con éxito, otros no.
Pero si alguien quiere tratar de convencerme de que la votación de los ministros se debió a sesudos argumentos constitucionalistas, y no a la presión del Peje, no va a tener mucho éxito. Prefiero ser cínico y objetivo, a optimista e iluso.