No recuerdo ni un caso de final de sexenio semejante al actual, con tantas movilizaciones de trabajadores en las calles, pero no como despedida de los gobernantes que dejan el poder, ni tampoco demandando que vuelvan para repetir, sino por su falta de responsabilidad para dejar a salvo sus derechos laborales. Se trata de cientos o acaso miles de empleados que se han quedado chiflando en la loma porque no han recibido el pago de sus quincenas devengadas ni resuelto su acceso a las diversas prestaciones que les fueron canceladas por causas de la pandemia y porque tienen el fundado temor de que tampoco se les pague con puntualidad su aguinaldo. Estamos ante la práctica más detestable de los gobierno neoliberales que dejaban para lo último el compromiso con sus trabajadores, a veces por venganza contra los nuevos gobernantes que accedían al poder ganando adeptos mediante críticas a quienes se iban y otras simplemente porque no les importaba el destino de sus trabajadores, pero la mayoría de las veces debido a la falta de honradez de los gobernantes quienes disponían de los recursos públicos como si fueran de su propiedad y por eso el gasto era discrecional favoreciendo privilegiadamente a familiares y amigos con salarios onerosos, y al último los trabajadores de base. Aunque en los últimos tiempos se hizo costumbre pagar con una plaza de trabajo a quienes ayudaron en la campaña electoral, lo cierto es que las finanzas en los tres órdenes de gobierno se desquiciaron porque no hubo medida ni pudor en el número de trabajadores contratados, lo cual terminó en un juego perverso mediante el cual muchos de los funcionarios que debían dejar el cargo se aferraban a él para conseguir jugosas indemnizaciones negociando laudos favorables cuyo pago recaía en la pobres finanzas públicas. Pero ahora viviendo el proceso de cambio en toda la vida pública y teniendo como aliadas las redes sociales que difunden cada hecho social que puede ser noticia, los trabajadores se han movilizado como medio de presión para conseguir respuestas. Por eso confiamos en que sus derechos quedarán a salvo para que en el futuro dejemos de presenciar actos bochornosos como fue la represión a los trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo ordenada por el gobernador Astudillo el 23 de septiembre para que desbloquearan la autopista. Como lo divulgaron los medios, se sabe que ante el reclamo de los trabajadores que lo encararon el gobernador, después de garantizarles que atendería su demanda hablando con el presidente saliente para pagarles sus quincenas adeudadas, respondió para justificarse diciendo “pero ustedes los golpearon primero”. Las movilizaciones de trabajadores se han visto en Acapulco pero también en la capital Chilpancingo involucrando al gobierno del estado que es del PRI y a los alcaldes de Morena y del PRD, respectivamente. En las tres ciudades los trabajadores municipales y estatales han salido a la calle reclamando algo tan elemental como el salario y las prestaciones a que tienen derecho, acusando a sus patrones de adeudarles quincenas trabajadas, bonos e incentivos como los mil pesos por el Día del Servidor Público, 500 pesos por el Día del Padre, así como el apoyo a familiares de trabajadores fallecidos. Para dar una idea de la pésima administración municipal, en Acapulco la presidenta entrante Abelina López Rodríguez señaló que recibía un ayuntamiento en quiebra con adeudos de 280 millones de pesos al SAT y 730 millones a la CFE, 300 millones para el pago de aguinaldos y 360 millones al ISSSTE. En Chilpancingo donde los maestros de la CETEG se movilizaron junto con los trabajadores municipales, éstos reclaman los mismos adeudos que sus compañeros de Acapulco. Pero la situación más grave la padecen los empleados de Salud y Educación del gobierno estatal endeudado por años debido al manejo discrecional de sus finanzas por la costumbre de contratar personal sin contar con el techo presupuestal para garantizarles el pago puntual de sus salarios, además de una serie de irregularidades que no deberían permitirse por respeto elemental a los derechos de los trabajadores pues en muchos casos se les ha contratado sin otorgarles el derecho al seguro social y descontándoles con total descaro los impuestos correspondientes sin que los repercutan al SAT como es su obligación, disponiendo inescrupulosamente de esos recursos, que no son suyos, para desviarlos. No es posible que el gobierno del estado haya acumulado un adeudo al ISSSTE de 13 mil millones de pesos de los cuales casi una tercera parte (3 mil 561 millones de pesos) corresponden a la Secretaría de Salud y el resto, 8 mil 649 millones de pesos a la Secretaría de Educación en Guerrero. Ambas dependencias dispusieron de esas cantidades en varios años después de haberlas descontado a los trabajadores a muchos de los cuales contrató “sin techo presupuestal, con salarios raquíticos y sin seguridad social” operando por largos años en números rojos. Recuerdo que la tradición de inflar la nómina abriendo plazas de trabajo sin techo presupuestal se inauguró con los gobiernos de la transición democrática del periodo 1989. Los partidos y sus gobiernos derrotados en las elecciones tomaron la costumbre de sindicalizar a sus seguidores para que no pudieran ser despedidos de los ayuntamientos como era la práctica común. Con la nueva cultura política los partidos que se hacían del poder se acostumbraron a otorgar plazas de trabajo a sus adeptos más allá del número recomendable para el sano manejo de las finanzas, por eso se recurrió a préstamos y a recortes de las prestaciones así como a la disposición de los propios impuestos descontados a los trabajadores endeudándose con el ISSSPEG y también con el SAT. Tras las movilizaciones de los trabajadores no hay que buscar intereses políticos sino autoridades irresponsables que debiendo priorizar el gasto asegurando primero los pagos del personal de base que mueve a las instituciones y al último los honorarios del personal de confianza que percibe los más altos salarios. No se requiere ninguna ciencia para administrar de tal forma el presupuesto para que se garantice el recurso destinado al pago del salario y las prestaciones que por derecho corresponden a los trabajadores como sus vacaciones y aguinaldo.