Las denominadas reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y apoyadas por el PRI, PAN y PRD en el mal llamado Pacto por México, que en realidad ha sido un pacto contra el pueblo de México, están resultando un rotundo fracaso. A pesar de que la publicidad gubernamental y todos los poderes mediáticos respaldaron y manipularon a la opinión pública para exaltar las supuestas virtudes de dichas reformas, diciendo que con ellas habría bienestar para la población, crecimiento económico, que se abatiría la pobreza, que habría más educación, salud, trabajo, que bajarían la gasolina, la luz y el gas, en los hechos están demostrando todo lo contrario.
1.- La reforma energética que implicó reformar la Constitución de la República para permitir la explotación del petróleo por parte de empresas mexicanas y del extranjero así como otorgarles concesiones para generar electricidad, confirmaron la política neoliberal de Peña Nieto y sus aliados, consistente en la privatización de parte fundamental del patrimonio nacional y de áreas estratégicas de la nación. El gancho publicitario para realizar estas reformas fue que con ellas bajarían los precios de la gasolina, de la energía eléctrica y del gas, sin embargo como hemos visto en estos meses de julio y agosto, se han aumentado el costo de estos servicios, lo cual ha generado que los precios de los productos de consumo básico que a diario consumen la mayoría de las familias en México, tengan también un incremento automático, en deterioro de la economía popular.
2.- Como complemento a la reforma energética, Peña Nieto y sus aliados impulsaron la reforma fiscal, que ha tenido como principal objetivo crear nuevos impuestos y elevar los ya existentes, como ha ocurrido con los habitantes de las entidades de la frontera con Estado Unidos quienes de pagar el 12 por ciento de IVA les incrementaron al 16 por ciento, además de los aumentos constantes de los impuestos en gasolinas, luz y gas; todo esto con el propósito de recaudar más dinero a costa de la población para sustituir los recursos del presupuesto federal que ya no ingresarían de la renta petrolera, puesto que una gran parte de esta iría a parar a los bolsillos de los empresarios nacionales y extranjeros concesionarios de extracción de petróleo y generación de energía eléctrica.
3.- La reforma electoral fue el pago a los senadores, diputados federales y locales que aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto y consistió esencialmente en asegurarles que podrían reelegirse al menos por doce años en cada encargo, esto quiere decir que a partir del 2018 un senador y un diputado federal podrá mantenerse en el cargo por doce años y luego cambiar de encargo por otros doce años con lo cual serían veinticuatro años, y así sucesivamente, lo cual va a propiciar que se mantenga una clase política fosilizada afín al neoliberalismo privatizador, que impida la renovación natural mediante la incorporación de nuevas generaciones a los espacios de representación popular en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los estados.
4.- La reforma laboral genérica y la laboral en el sector educativo, es la continuación de las reformas a las leyes del ISSSTE y del IMSS, que han tenido como objetivo central la disminución de los derechos de los trabajadores, contraviniendo los derechos laborales conquistados en la Revolución Mexicana de 1910-1917; sin embargo, en el caso de la supuesta reforma educativa que no es más que laboral, la lucha del magisterio democrático nacional a base de movilización popular y con el apoyo de organizaciones sociales y políticas solidarias ha hecho retroceder al gobierno; es por ello que se ha ido logrando la liberación de los presos políticos líderes magisteriales, el compromiso de reinstalar a los docentes despedidos, el pago de salarios y la reapertura del diálogo en torno a un proyecto educativo alternativo que tenga el consenso de sus principales actores que son las maestras y maestros de México.
5.- Las llamadas reformas estructurales de Peña Nieto y aliados (energética, fiscal, laboral-educativa) lo que han ocasionado es una crisis social y política en México, puesto que se ha incrementado la pobreza; ha disminuido el poder adquisitivo de la mayoría de las familias; han tenido que aplicar recortes a programas sociales del presupuesto federal desde el 2015 y que para el 2017 sumarán en conjunto casi 400 mil millones de pesos; la inseguridad sigue en aumento así como los elevadísimos los salarios de la clase política, mientras continúa la impunidad hacia gobernantes corruptos. Las reformas neoliberales privatizadoras de Peña Nieto sólo se podrán revertir con la participación organizada, consciente y decidida el pueblo, que puede lograr una verdadera transformación del país en la elección presidencial del 2018.