Gaspard Estrada
Septiembre 18, 2019
Hace unos diez días, el medio electrónico The Intercept Brasil, en conjunto con el periódico Folha de São Paulo, revelaron un lado poco conocido de unos de los principales hechos políticos de los últimos años en Brasil: la destitución, en 2016, de la presidenta Dilma Rousseff. Como es sabido, la mala conducción política y económica de la presidenta de la República era objeto de críticas por parte de los miembros del Partido de los Trabajadores, el partido de la presidenta, así como de políticos de la coalición gubernamental, de tal suerte que Dilma Rousseff comenzó su segundo mandato en una situación paradójica: por un lado, su victoria electoral le había vuelto a dar un respaldo popular, lo cual generó en su núcleo de asesores más cercano la percepción de que podría tomar su independencia del ex presidente Lula, tomando como respaldo su resultado en las urnas. Por otro lado, las condiciones de su apretada victoria electoral propiciaron que, en el seno del Partido de los Trabajadores, existiera una gran frustración por las iniciativas políticas de la presidenta, en particular por su voluntad de “emanciparse” del ex presidente Lula, en un momento en el cual su gobierno mostraba gran fragilidad.
Sin embargo, Dilma continuó haciendo caso omiso de estas advertencias, y decidió seguir con su estilo de gobernanza. De tal suerte que con un Congreso y una clase política hostiles, así como con una pésima relación con el influyente sector empresarial, Dilma Rousseff fue perdiendo rápidamente las condiciones políticas para gobernar a Brasil. Si bien el ex presidente Lula estaba presente en el diálogo político nacional, la voluntad de Dilma Rousseff de alejarse del fundador y líder político del Partido de los Trabajadores provocó que la propia base política del gobierno tomara distancia de la presidenta. En marzo de 2016, esta situación degeneró, y la posibilidad de que Dilma Rousseff fuera destituida por el Congreso tomó fuerza. En este contexto, al verse en una situación cada vez más complicada, Dilma Rousseff pidió al ex presidente Lula que ingresara a su gobierno, con el objetivo de evitar la caída del mismo. En un primer momento, el ex presidente Lula estaba reticente a este movimiento, teniendo en cuenta que de manera general es imposible que existan “dos presidentes gobernando en un palacio”. Sin embargo, en aquel mismo momento, el entonces juez Sergio Moro, actuaba para obtener la prisión preventiva para el ex presidente Lula. Por ende, comenzó a difundirse en los medios la hipótesis de que Lula aceptaría regresar al gobierno, esta vez como ministro de Dilma Rousseff, para evitar ser arrestado por la justicia.
Para ello, de manera ilegal, el entonces juez Sergio Moro grabó las conversaciones del ex presidente Lula, con altas autoridades, como la entonces presidenta Dilma Rousseff, el ex vicepresidente Michel Temer, el ex ministro Franklin Martins, y su abogado Cristiano Zanin. De estas 23 conversaciones, solo una podía dar a entender, de manera indirecta, que Lula tendría interés en ser nombrado como ministro de la casa civil de la presidencia de la República para evitar ser arrestado. Casualmente, esa fue la única que Sergio Moro y los procuradores filtraron el mismo día a la televisora Globo, a pesar de que se trataba de una ilegalidad. En efecto, para poder grabar las conversaciones de una autoridad con inmunidad, como era el caso de Dilma Rousseff y de Michel Temer, Sergio Moro debería de haber entregado estas grabaciones a la Corte Suprema, para que esta última las validara –o no. Sin embargo, en lugar de actuar así, Sergio Moro filtró una sola de las veintitrés grabaciones que la policía federal realizó ese día, con el objetivo de generar una percepción política que permitiera la destitución de Dilma Rousseff, y la condena posterior del expresidente Lula. El resto de las grabaciones fueron escondidas a la Corte Suprema. Hoy en día, gracias al trabajo de los periodistas de The Intercept, es posible afirmar que este episodio fue uno de los montajes más macabros para la historia de la aún joven democracia brasileña.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París
Twitter: @Gaspard_Estrada