Como Guerrero bronco caracterizó Armando Bartra a nuestra entidad. En su obra que lleva el mismo título, en la que da cuenta de un pueblo insumiso, aguerrido ante los caciques que lo oprimen, pero también de un gobierno autoritario que acalla con violencia a los inconformes, rebeldes y osados, retrata una airada lucha entre los de abajo y la clase política y caciquil en esta entidad suriana. La peor parte la han sacado los de abajo. Ellos han puesto los muertos y desaparecidos.
En Guerrero se han documentado más de 8 masacres que van desde 1952 con la matanza en la plaza de Chilpancingo en el marco de un mitin del entonces candidato presidencial Miguel Enríquez hasta la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014, todas dan cuenta de la actuación violenta del gobierno contra los inconformes. No existe un atisbo de diálogo, por el contrario, se desplegó el uso de la fuerza letal para dar un escarmiento a los osados. Policías y militares abriendo fuego contra estudiantes, campesinos y profesores que buscaban salud, educación, alimentación y espacios de participación política.
Los culpables de estos crímenes son los caciques que mantenían el control político y económico en la entidad, ellos saquearon el erario público a sus anchas siendo responsables de la pobreza y la marginación en la que se encuentra el estado de Guerrero.
Esta misma clase política caciquil y represora de las luchas sociales fue estableciendo pactos con los grupos delictivos. Poco a poco a los municipios los copó el hampa. Sus autoridades de todos los partidos sucumbieron y cedieron el control territorial a la delincuencia. A la fecha los presidentes municipales se limitan a administrar los recursos federales. Se la pasan inaugurando pequeñas obras y de fiesta, mientras saquean las arcas públicas.
No hay alcalde que salga pobre cuando termina su administración. Se la pasan ensimismados probando las mieles del poder disociados de los problemas que viven las comunidades. Son indiferentes ante la falta de médicos, enfermeras, medicinas, escuelas, maestras, vivienda, agua potable y sus conflictos internos. Al ser el primer nivel de contacto con las comunidades deberían estar pendientes de los problemas que padecen.
Ante estos vacíos de gobierno y la corrupción de las autoridades, la delincuencia organizada se ha fortalecido penetrando a ras de la comunidad y barrios urbanos. Los grupos delictivos no se limitan a su negocio criminal, sino que ocupan el vacío institucional para controlar los territorios imponiendo su ley y autoridad.
En la vía de los hechos ellos mantienen el control territorial de vastas regiones del estado, han roto el tejido social de las comunidades por lo tanto nadie los puede contener, matan y desaparecen en la total impunidad sin que nadie los contenga. Algunas semanas la violencia se cierne en una región o ciudad y cuando parece que llega la calma resurge en otro lado.
En las semanas anteriores Chilpancingo parecía zona de guerra, lo último sería el ataque a los choferes del transporte en la colonia Los Ángeles. Por esos mismos días en Tecpan de Galeana una mujer irrumpió en un partido de futbol asesinando a varias personas. Al final ella fue ultimada. Este lunes en Coyuca de Catalán un grupo armado entró a las oficinas del ministerio público, desarmó a los policías ministeriales de guardia llevándose a la titular Jaqueline González Salgado que hasta la fecha se encuentra desaparecida.
Mientras esto ocurre, la gobernadora parece más empeñada en responder las críticas y cuestionamientos que le hacen. Se obstina en mostrar que no hay nadie tras ella tomando decisiones. Acusa que ejercen violencia política en su contra. El presidente López Obrador tuvo que salir al quite en la mañanera para explicar la desaparición de la titular del ministerio público, ante el silencio del gobierno estatal.
Tiene más de quince días que el gobierno del estado intenta trazar una narrativa de que los conservadores y la derecha pretenden descarrilar su gobierno. Nada más alejado de la realidad.
Ha sido la jefa del Ejecutivo estatal quién resolvió tener en el primer círculo de gobierno a su familia y amigos cercanos. Esas decisiones tarde o temprano tendrían un costo político. Por lo demás, en lo que va de su administración se ha caracterizado por emprender acciones que rayan en la frivolidad. Así mientras Chilpancingo ardía, ella inauguraba el refugio de perritos felices. Mientras desde tribuna responde a sus críticos y se dice víctima de violencia política, un grupo delictivo a plena luz del día ingresa a las oficinas del Ministerio Público y a sangre fría se lleva a la titular de la representación social. El símbolo inequívoco del monopolio de la fuerza del estado quebrantado y pisoteado por el hampa.
Los problemas de pobreza, injusticias e impunidad, exclusión social, discriminación a los pueblos indígenas y afromexicano, desapariciones y asesinatos, no han merecido la atención de este gobierno, no se ha dialogado ampliamente con los sectores sociales que tienen estas agendas ni se han trazado líneas de acción para resolverlos.
Desde su arribo no se llamó a un diálogo a las víctimas y organizaciones para analizar los crímenes del pasado, los asesinatos y desapariciones contra los luchadores sociales y la creación de un mecanismo extraordinario para su investigación.
No se hizo porque ello implicaba romper con el cacicazgo y la derecha. Prefirieron pactar y a menudo los empezamos a ver en reuniones y departiendo con aquellos. caciques, derecha y gobierno han sido unánimes en cuestionar a movimientos sociales como la CETEG, a las madres y padres de los 43, a la normal rural de Ayotzinapa, a los colectivos de desaparecidas y desaparecidos, a los desplazados por la violencia, a los pueblos indígenas que luchan por una reforma constitucional y que solicitan su reconocimiento como municipios indígenas y afromexicanos.
De qué conservadores y derecha hablan, si los tienen en su círculo, pactaron con ellos y no los han querido investigar. En el plano federal queda claro que el antiguo régimen eran los neoliberales y tecnócratas, junto con medios de comunicación e intelectuales que justificaron sus políticas y el entramado de corrupción. El presidente López Obrador los ha combatido sin ambages. En el plano estatal el Ancien Régimen es la clase política, caciquil, corrupta y represora responsable de la opresión, pobreza, marginación y violencia que padecemos, pero el gobierno estatal que dice participar en la transformación no los ha combatido ni enfrentado, ellos no son sus adversarios políticos, conviven y departen. Revisen las fotografías, son públicas sus reuniones con los caciques de Costa Chica y la Zona Norte.