No solamente los temblores nos han marcado como país dejando una estela de dolor y de muerte. También los despojos, las tormentas y las tragedias se han ensañado en nuestro estado. En Acapulco el despojo de las tierras ejidales como Puerto Marqués, El Cayaco, Llano Largo, Plan de los Amates, El Podrido y Lomas de Chapultepec entre otros, impulsado por el malogrado gobernador Francisco Ruiz Massieu, trajo aparejada la violencia, la devastación ecológica, el elitismo económico y político, así como la desigualdad social y la precarización de las familias acapulqueñas. Se crearon colonias en la periferia del puerto que, con el paso de los años, se han transformado en zonas controladas por la delincuencia organizada, como Renacimiento, Emiliano Zapata y Jardín Mangos y la céntrica Progreso.
Desde hace 30 años el destino de Acapulco quedó marcado por la imposición de un modelo privatizador que ahora ha colocado al famoso puerto como una de las ciudades más violentas e inseguras del mundo. Estos saldos funestos han arrastrado a las familias acapulqueñas al despeñadero, con el empobrecimiento creciente y la destrucción de un ambiente tranquilo y confortable, que les permitía vivir dignamente del turismo nacional e internacional. Sólo bastó una década para que la naturaleza se ensañara contra la clase trabajadora del puerto, con la embestida del huracán Paulina, que en octubre de 1997 destruyó en su totalidad 5 mil hogares y 10 mil familias quedaron sin un lugar dónde vivir.
La ambición desmedida de la clase política ha desencadenado daños devastadores por su poder incontrolable y su indolencia ante la tragedia y su complicidad con el crimen organizado. Se empeñaron en modernizar Acapulco con la visión etnocéntrica de los tecnócratas sin analizar la situación de un estado rico en recursos y en cultura, pero carente de servicios básicos y de infraestructura para alcanzar una vida digna. Los grupos que se han encaramado en el poder se han obstinado en crear emporios turísticos con la idea peregrina de que con la derrama económica las familias pobres podrían beneficiarse de las migajas que se reparten a través de los programas asistenciales.
El mes de septiembre condensa la tragedia y la lucha de un pueblo que peleó contra el coloniaje y se independizó del yugo español; que protagonizó batallas contra la esclavitud y la explotación y enarboló la bandera de los derechos del pobre dejando para la posteridad el legado intangible de los Sentimientos de la Nación. La resistencia heroica de Vicente Guerrero en las Montañas del Sur y la fuerza imbatible de los pueblos indígenas han dejado un legado invaluable, en cuanto a historia, patrimonio y cultura. Le imprimieron a esta entidad una identidad guerrera, indómita y sedienta de justicia.
En la Montaña la indignación de los pueblos sigue creciendo por la desatención de las autoridades del estado que han dejado en el olvido las demandas básicas centradas en la educación, vivienda, alimentación y salud. Los estragos que dejaron las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013 abrieron una grieta que ha hundido en el olvido a las familias que perdieron sus hogares y sus parcelas. En octubre de 2013 el gobernador creó un Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero, nombrando al emopresario y ex gobernador de Veracurz Miguel Alemán como presidente de esa instancia, y a empresarios y funcionarios públicos como responsables de la reconstrucción del estado. En el 2014 se creó el Plan Nuevo Guerrero que alcanzó un monto de 77 mil millones de pesos que se enfocaría a atender cuatro principios rectores, a saber, construir un nuevo Guerrero; proyectos sociales para la productividad; transparencia y participación ciudadana. Los resultados son totalmente contrarios, pues no hubo participación ciudadana en la reconstrucción del estado, mucho menos transparencia y se dejaron truncos los proyectos sociales para la productividad. La construcción del nuevo Guerrero quedó en manos de empresas amigas de funcionarios federales que llegaron al estado provenientes de Hidalgo y del Estado de México. Fueron empresas muchas de ellas fantasma, que sólo llegaron en algunas comunidades a tirar arena y grava para simular que iban a construir viviendas.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2014 tuvo un monto autorizado por 2 mil 474 millones de pesos para el Plan Nuevo Guerrero de los cuales reportó un avance financiero del 70.2 por ciento, mientras que para el 2015 tuvo autorizado un monto de 2 mil 804 millones de pesos acumulados, reportando un avance financiero del 72 por ciento. Sin embargo, a estas fechas, la respuesta a las demandas de vivienda ha sido deficiente, en primer lugar porque no se cumplieron las metas planeadas ni el número de viviendas reportadas con daños totales o parciales, pero sobre todo por la corrupción de los funcionarios federales y estatales. Lo lamentable del caso es que las autoridades siguen siendo cómplices de estos negocios que se urden al amparo de las tragedias de los pueblos más pobres del estado, la realidad es que hoy en la Montaña existen más de 30 comunidades de los municipios de Acatepec, Metlatónoc, Malinaltepec, Cochoapa el Grande, San Luis Acatlán, Tlacoapa y Copanatoyac con familias que tuvieron que improvisar sus viviendas para mantenerse en el límite de la sobrevivencia.
Lo más grave han sido las comunidades que fueron desplazadas sobre todo las del municipio de Malinaltepec, Cochoapa el Grande y Acatepec que nunca fueron reubicadas y que las familias tuvieron que regresar a sus espacios comunitarios para reconstruir sus viviendas y vivir en el filo de las grietas.
El tema alimentario en la Montaña ha sido minimizado por las autoridades estatales y federales en esta región y las mismas instituciones que evalúan el grado de desarrollo que existe en comunidades indígenas han registrado graves problemas de desnutrición infantil, por la insuficiencia que existe entre las familias para alcanzar una alimentación adecuada. La lucha que han dado los pueblos es contra el hambre y la discriminación. La respuesta ante la devastación que causaron Ingrid y Manuel fue la conformación del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña donde más de 16 mil familias han demandado a los gobiernos federal y estatal que garanticen el derecho a una alimentación suficiente y adecuada.
El hambre es el flagelo de los pueblos porque el mismo gobierno se ha encargado de someter políticamente a las familias con programas asistencialistas para implantar un modelo alimentario ajeno a la cultura mesoamericana de los pueblos. Los comedores comunitarios que fueron promovidos por la Secretaría de Desarrollo Social y comandados en su inicio por la Secretaría de la Defensa Nacional nos dejaron claro el modelo clientelar que busca someter a la población imponiendo hábitos alimenticios propios de una sociedad consumista que promueven los productos chatarra. El abandono del campo y la implantación de programas como el fertilizante y la entrega de despensas ha denigrado la vida de los pueblos que históricamente forjaron una cultura basada en el maíz que a nivel mundial nos dio identidad.
En esta semana se cumplirán cuatro años de las tormentas que devastaron decenas de comunidades indígenas y que el gobierno impunemente aprovechó para hacer el gran negocio con empresas creadas al vapor por los políticos que vinieron a Guerrero para llevarse el dinero y hundir en la miseria a las familias que han encumbrado a una clase política depredadora acostumbrada a pisotear los derechos del pueblo.
En septiembre se conjunta la tragedia causada por tormentas y despojos, pero también las luchas de un pueblo que resiste. En este inicio de semana los pueblos de la Montaña además de salir a protestar contra el atraco de las empresas constructoras y demandar cumplimiento a las autoridades sobre los compromisos asumidos por el gobierno federal y estatal de garantizar la dotación de granos básicos a más de 16 mil familias de 14 municipios de la Montaña, también enarbolarán la lucha heroica de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para unirse a la jornada nacional que desde esta semana saldrá a las calles para emplazar al gobierno a que de resultados de las líneas de investigación propuestas por el GIEI.
El 15 de septiembre no sólo es el grito de un pueblo por una verdadera independencia, es el grito contestatario contra un gobierno que oficializa la mentira y legaliza la corrupción. Es el grito de los de abajo, de los que no tienen voz, de los que no tienen techo ni trabajo para espetar a los usurpadores del poder que basta ya de simulaciones y discursos huecos, de negocios turbios y de alianzas funestas con el crimen organizado. Es el grito de las familias que buscan a sus hijos, de las comunidades que han sido desplazadas por el crimen organizado a causa de la indolencia gubernamental, es el grito de los jóvenes que son rehenes de la economía criminal implantada en nuestro estado con el narcotráfico y que hace añicos su futuro como ciudadanos libres y con un perfil profesional. Es el grito de los jóvenes normalistas que han sido perseguidos por el Estado solo por defender el modelo de las normales rurales como una opción válida para alcanzar una carrera que les permita trabajar como maestros en las comunidades más alejadas del estado con el fin excelso de abatir el analfabetismo y reducir la brecha de la desigualdad social. Es el grito que retumba en el país por la justicia y la verdad. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!