DE NORTE A SUR

Quién no recuerda el caso de la investigación que provocó el escándalo de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, que se presentó en Aristegui Noticias y que señaló al expresidente de México de participar en una trama de conflictos de interés con el Grupo Higa, y donde también estuvieron involucrados su entonces esposa, Angélica Rivera, y el ahora exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
En el trabajo periodístico se señalaba a Peña Nieto como posible beneficiado de una mansión costosísima en Ciudad de México, a cambio de entregarle contratos a esa compañía constructora. La nota circuló por el mundo entero, y la presión internacional provocó que el gobierno federal iniciara una investigación administrativa que concluyó en la exoneración de los involucrados, es decir, en la impunidad.
La autoridad pudo haber optado por una amonestación privada, una amonestación pública o una sanción económica para el presidente, y en el caso de Videgaray pudo haber llegado a la suspensión, remoción, inhabilitación e incluso la destitución.
Cuando pensamos en castigos para servidores públicos regularmente nos los imaginamos tras las rejas, pero para que esto suceda se requiere de un proceso penal que pasa por un modelo complejo que involucra a las fiscalías y al Poder Judicial. Las sanciones administrativas también tienen su grado de complejidad, sin embargo muchas de ellas pueden ser aplicadas con procedimientos más sencillos porque más que “grandes castigos ejemplares” lo que se busca es aplicar sanciones que puedan prevenir conductas de gran corrupción o indebidas.
Por eso es tan interesante el estudio La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad, de Luis Darío Ángeles González y que fue publicado por la asociación civil Impunidad Cero.
El trabajo busca conocer la impunidad de estas sanciones en los tres órdenes de gobierno, tanto federal como en los estados de la República. En sus páginas hallamos sus principales hallazgos: que la impunidad administrativa global a nivel federal de 2014 a 2019 fue de 80.69 por ciento; que el Poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos (14.56 por ciento de impunidad); que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la Fiscalía General de la República (100 por ciento de impunidad); que la impunidad administrativa en el Poder Ejecutivo federal se redujo de 92.25 por ciento en 2018, a 84.80 por ciento en 2019.
“Conocer cómo y, sobre todo, qué tan eficazmente están sancionando las autoridades en todo el país, es un primer paso fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad en faltas administrativas de las y los servidores públicos”, se lee en sus páginas.
Asimismo, en el documento se clasifica a las sanciones de acuerdo con su nivel de frecuencia. En 2019 la más utilizada fue la inhabilitación, seguida de la suspensión y de la amonestación privada. Entre las tres suman más de 70 por ciento. En niveles menores de registro están la sanción económica, la destitución y al final la remoción.
En las entidades federativas, las principales causas de denuncia administrativa a funcionarios son prestación deficiente de servicio público, daño a la hacienda pública, demora en el cumplimiento de sus funciones, irregularidades en la contratación pública, negligencia e incumplimiento de su declaración de situación patrimonial. En ese orden según su frecuencia.
Un servidor público que sea investigado y sancionado correctamente puede corregir el actuar en su momento y prevenir más irregularidades en el futuro, además de dar una mejor atención a la ciudadanía; en cambio, si una situación incorrecta detectada se deja correr, como desgraciadamente está pasando en todo el país, el empleado de gobierno no corrige su comportamiento y la impunidad se convierte en el mejor aliado de la corrupción futura.