Académicos, políticos, activistas y otros actores sociales hablan de la construcción de la paz. Es un tema de moda para algunos, mientras que otros lo asumen con convicciones profundas. El caso es que en nuestros contextos de violencia en Guerrero el tema es imprescindible, puesto que vivimos en una situación de emergencia en medio de crisis generadas por las diferentes formas de violencia en las comunidades, en las instituciones y, de manera diferenciada, en todas las regiones del estado.
La cuestión está en qué entiende cada quien por construcción de paz. Hay perspectivas diferentes de comprensión. Las hay políticas, económicas, culturales, estéticas y hasta espirituales. Creo que todas son legítimas en la medida en que no sean excluyentes ni acabadas. El camino que tenemos que andar en México es muy largo, dadas las condiciones sistémicas que han tomado las violencias. Por ello, la construcción de la paz es un tema interdisciplinario que vincula diferentes visiones y estrategias. Nadie tiene la perspectiva absoluta. Hay un lugar para todos y cada uno en este tema.
Lo que quiero señalar ahora es que en cualquier visión y cualquier perspectiva tiene que haber un centro de gravedad. En el tema de la construcción de la paz, las víctimas tienen la primacía, en cuanto que sufren los estragos de las violencias. Su dignidad humana ha resultado deteriorada por los impactos de cualquiera de las violencias. De esta dignidad conculcada se desprenden todos sus derechos violentados, desde los derechos individuales hasta los derechos de los pueblos. Las víctimas son personas, comunidades afectadas y regiones enteras que requieren de una intervención humanitaria que ayude a su restauración y a la recuperación de sus derechos.
Por eso, desde cualquier perspectiva, ya sea gubernamental, económica, psicosocial, espiritual o profesional, la construcción de la paz incluye a las víctimas, no como un elemento periférico, sino como el centro de la atención. Para la construcción de la paz, primero son las víctimas, de manera que ellas debieran ser las primeras beneficiadas en los procesos de restauración social.
La orientación de la atención a las víctimas tiene que fundamentarse en su dignidad. La violencia arrebata a las personas derechos y recursos fundamentales. Como víctimas han perdido recursos, como los materiales –patrimonio– o psicosociales –relaciones con amigos, familiares, vecinos y comunidades. Pierden su autoestima, su esperanza y la confianza de los demás. Pierden relaciones, pierden patrimonio, pierden opciones y pierden potencialidades que no les permiten afrontar y superar de diversas maneras las violencias. En este sentido, la gran tarea ante las víctimas está en ayudarles a incrementar sus recursos para que cesen los procesos de victimización y se conviertan en agentes de transformación social y de cambio. Ellas necesitan apoyo para convertirse en constructoras de paz, como un estilo de vida y de presencia en sus contextos.
De esta forma, cualquier estrategia de construcción de paz tiene que poner en el centro a las víctimas para que se conviertan en constructoras de paz. El caso es que la concepción gubernamental está muy alejada de este principio y suele ser revictimizadora. En lugar del indispensable apoyo y de la necesaria consideración hacia las víctimas, las autoridades estatales y las federales las han abandonado a su suerte. Tenemos el caso de los colectivos de familiares de desaparecidos, que sólo han recibido migajas gubernamentales para remediar algunas de sus muchas necesidades en cuanto víctimas. Y no digamos los desplazados de la Sierra que viven en el abandono oficial, sin protección y sin justicia. Y si hablamos de los homicidios, de los secuestros, de las extorsiones y del cobro de piso, hablamos de miles y miles de víctimas.
Las autoridades no se han dado la oportunidad de mirar a las víctimas con aprecio y compasión, de responder a sus más elementales demandas. No se han dado la oportunidad de reconocer su dignidad herida y de hacerles sentir que no están solas. No han podido dotarlas de los recursos jurídicos, psicosociales y económicos que necesitan para que se conviertan en agentes de cambio social, al lado de los organismos gubernamentales. Más bien, las consideran como una carga insoportable con la que tienen que lidiar. En los sistemas de seguridad y de justicia no se les considera como aliadas sino como un fardo indeseable.
De hecho, el tamaño de las instituciones relacionadas con las víctimas de desaparición es tan mínimo en personal, en presupuesto y en capacidades, que suelen ser más testimoniales que eficaces. Las instituciones que tienen responsabilidades en el tema de las desapariciones son las siguientes: las estatales, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, y el Servicio Médico Forense. En cuanto a las federales tenemos a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Esto manifiesta el desinterés gubernamental para atender esta gran herida nacional, conformada por el gran mundo de víctimas, que requiere sanación y justicia. Si esta gran herida nacional no se atiende, la nación tendrá que pagar los resultados posteriores. Por poner un caso, la propuesta de una Ley en materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, que adecue, adapte y vincule a sus necesidades, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no ha logrado el interés en el Congreso local.
Por otra parte, la sociedad aún no ha mirado con simpatía a las víctimas. Las estigmatiza con una mirada inquisitiva y con sospechas de que son víctimas porque “en algo malo andaban”. Por esta evasión, pagaremos el precio de nuestra insolidaridad, porque víctimas que no son atendidas corren el riesgo de convertirse en victimarios. Las espirales de violencias continuarán por otra generación más.
El tema de las víctimas es social y es político. Si las seguimos ignorando o abandonando, un día no soportaremos las consecuencias. En la política tienen que ponerse al centro. Ante el inminente proceso electoral, el tema de las víctimas tiene que ponerse al centro como parte de una estrategia de construcción de paz. Tanto con una visión de prevención como con una visión de sanación integral. En los ámbitos federal y estatal, las víctimas debieran ser integradas en la estrategia gubernamental y social de construcción de paz.