En la apertura de la XLVII Periodo Ordinario de Sesiones de la OEA, el presidente Enrique Peña Nieto demandó a las naciones del continente enfrentar los desafíos “con apego a las reglas y las normas de la democracia y en el marco de nuestras instituciones”. Horas después se frustraba la intentona de sancionar al gobierno de Venezuela –por cierto elegido en elecciones realizadas bajo vigilancia internacional.
El fracaso del Ministerio de Colonias de Washington se explica porque un acuerdo similar adoptado a principios de los años sesenta, mediante el cual se dio trato de apestado al gobierno cubano de Fidel Castro, redundó para la OEA en un desprestigio que en más de medio siglo no ha podido sacudirse, en tanto que, con todo y sus problemas, el régimen de la Gran Antilla sigue en pie.
La razón principal de ese nuevo fracaso de la OEA es que, pese a contar con la sumisión lacayuna de un buen número de gobiernos, ya Washington no puede imponer con tanta facilidad su vieja política del big stick. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se han renovado los empeños injerencistas de la gran potencia y, pese a que gobiernos como el de México han hecho nuevos votos de sumisión, hay factores que dificultarán el predominio de las políticas intervencionistas.
El presidente Peña Nieto planteó en la OEA que para generar más y mejores oportunidades económicas, de inclusión y desarrollo, se requiere también “garantizar el respeto a los derechos humanos”. Pero un día antes, la realidad mostró que las palabras no se compadecen de los hechos, pues The New York Times publicó que el gobierno mexicano espiaba a periodistas, hombres de empresa, defensores de derechos humanos y a otros ciudadanos de los que seguramente desconfía.
Entre los periodistas sometidos a espionaje se cuentan la gran Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Sebastián Barragán, Salvador Camarena  y otros colegas que se han distinguido por su profesionalismo y valor civil. Junto a ellos, curiosamente, aparece también Carlos Loret de Mola, de Televisa, lo que demuestra, si hiciera falta, que la paranoia del gobierno lo lleva a desconfiar hasta de sus allegados. De que la perra es brava…
El espionaje denunciado se realiza mediante una tecnología que permite interceptar los mensajes de teléfonos celulares. Se trata del software llamado Pegasus, elaborado en Israel por la firma NSA Group y que supuestamente vende a entidades gubernamentales sólo para investigar al crimen organizado y a organizaciones terroristas.
De acuerdo con lo publicado, en México son por lo menos tres las dependencias oficiales que han adquirido la citada tecnología: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Cisen. Por supuesto, el gobierno federal se apresuró a negar su responsabilidad, pues no podía aceptar su comportamiento orwelliano.
El vocero presidencial Eduardo Sánchez, con una buena dosis de humor negro, invitó “a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas” en el artículo del New York Times, a presentar su denuncia ante la Procuraduría General de la República, precisamente una de las dependencias federales acusadas de espionaje.
Sólo una gran torpeza en el manejo de tecnología tan refinada pudo producir este nuevo escándalo que no debería sorprender en este sexenio de grandes crímenes políticos, golpeteo constante a los derechos ciudadanos y corrupción desbocada. Pero otra característica de los regímenes en decadencia es el descuido, el desprecio por la opinión pública y por el Estado de derecho.
Así, mientras el gobierno federal se empeña en mantener bajo vigilancia a ciudadanos y organizaciones civiles, la delincuencia se despacha con la cuchara grande sin que las autoridades sean capaces de evitarlo. Sigue sin saberse el destino de los 43 muchachos de la Normal de Ayotzinapa y continúa la impune cacería de periodistas y hasta ahora no hay castigo para quienes los matan.
No es algo nuevo la existencia de orejas y soplones, de policías infiltrados en medios de comunicación y organizaciones sociales, pero esa vigilancia ha ganado en complejidad. Todos los gobiernos espían a sus ciudadanos, pero esa labor se debe realizar en la mayor reserva para que transcurra sin incidentes, pues ya se sabe que vergüenza no es robar (en este caso espiar), sino que lo agarren a uno. El gobierno actual hasta en eso es inepto.