Las leyes de acceso a la información pública mexicanas tienen un principio básico: la máxima publicidad. Se trata de que las dependencias del gobierno y todos los sujetos obligados entreguen la información con la que cuentan, y que sólo en casos excepcionales ésta sea clasificada como reservada.
Sin embargo, desde que se creó la primera Ley de Acceso a la Información, en el periodo de Vicente Fox Quesada, los obstáculos para acceder a la información han ido aumentando y se han refinado conforme se conocen escándalos de corrupción o cuando se revela información sensible que puede confrontar un gobierno con otro, o incluso a actores del mismo gobierno.
No son pocos periodistas los que hemos comentado que si bien ahora toda la información se procesa en una computadora, las dependencias dificultan su entrega con el argumento de que sólo existe en físico, que hay que pagar por las copias y el envío; cuando solicitas la información en datos abiertos te mandan un PDF que no puede ser trabajado; responden que no es competencia de la dependencia casi sistemáticamente aunque el órgano garante les enmiende la plana; si utilizas tu nombre te identifican y más trabas te ponen, y si usas uno falso te pueden pedir que vayas por la info in situ y que lleves una credencial de elector; o de plano cada día más recurren a declarar la “inexistencia” de la información, el peor de los escenarios, aunque por sentido común sea un argumento imposible de aceptar.
¿El objetivo? Ganar tiempo, ralentizar los datos, desanimar al solicitante y, al final, hacer valer la máxima de la “mínima publicidad”.
Nos hallamos en un momento clave donde la transparencia y el acceso a la información sufre una embestida oficial multilateral: por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador no para de hablar de la necesidad de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), nuestro ente autónomo garante de la transparencia; y por otro, las dependencias federales y las siempre opacas estatales refinan las estrategias de identificación y bloqueo para mantener la información en secreto con una visión patrimonialista. Han dejado de creer –si alguna vez lo hicieron– en el acceso universal, en que los datos son públicos.
He sabido de personas que trabajan de enlaces de acceso a la información que dicen cosas como “éste ya está pidiendo más información otra vez”, o “a él no le des nada más”, o “ella nomás pide esto para fregarnos”.
Acabo de participar en el conversatorio “El acceso a la información como herramienta periodística”, convocado por el Instituto de Transparencia de Veracruz y la Comisión de Protección a Periodistas de ese estado. Participamos la periodista Flavia Morales, de Veracruz; Gerardo Albarrán, periodista y académico de la Universidad Iberoamericana; Mary Triny Zea, periodista de investigación de Panamá, y yo, periodista de investigación y activista anticorrupción.
Entre otras cosas, coincidimos en que el derecho de acceso a la información en México y en América Latina no surgió por un regalo oficial, sino por la lucha de activistas, académicos y periodistas. En el caso de México, surge tras una historia de opacidad continua donde no se tenían herramientas para conocer los documentos públicos; que este derecho no es de los periodistas, es de toda la ciudadanía, y como ciudadanos solicitamos la información porque tenemos el derecho a saber; que el periodismo no se reduce a solicitudes de información y transparencia, sino que es una herramienta importante en la actualidad, pero que es una más junto con el trabajo de campo, la entrevista y el cruce de datos, por ejemplo.
También coincidimos en que la Ley de Acceso a la Información y los órganos garantes tienen imperfecciones, y que en casos como el Inai, existen gastos excesivos o superfluos, pero la forma de resolverlo no es eliminándolo de un plumazo como está planteando López Obrador. Más bien se necesita abrir un debate para analizar las fortalezas y debilidades de esta institución del Estado mexicano.
Después de tanta lucha no podemos permitir pasar de la máxima publicidad a la mínima publicidad. Eso ya lo vivimos en México, y fue una noche oscura.